Como en la revolución mexicana, el epicentro del terremoto que derruiría el régimen imperante ocurrió en Chihuahua. La rebelión cívica que Barrio encabezó activó las alarmas del gobierno federal, pero se auto engañó asumiendo que era un fenómeno local. Dos años después las ondas telúricas se extendían por todo el país, y en 1988, el PRI dejaba de ser el partido hegemónico, al perder, frente a uno de los suyos, las elecciones presidenciales.
La sorpresa fue tal que la Secretaría de Gobernación tuvo que tumbar el sistema con el que fluían los datos de las casillas. Se cayó y calló el sistema, solo así pudieron detener la alternancia en el poder, pero estaban tocados de muerte. Los años que siguieron fueron de preparación para la entrega: durante el gobierno del espurio Salinas, se fundó el PRD para darle cauce a la rebelión cívica que a nivel nacional lideró Cárdenas, pero se insistió en administrar su crecimiento mediante fraudes y desgaste mediático; aunque no fue gratis, y nos costó el Tratado de Libre Comercio, se reconoció el primer triunfo de la oposición derechista, permitiendo que en Baja California Rufo Appel protestara como gobernador; desapareció la Dirección Federal de Seguridad, policía política que el priato utilizada para reprimir, y pasamos a la etapa del espionaje científico y “democrático” del CICEN; se instituyó la Comisión Nacional de derechos Humanos; se creó al Instituto Federal Electoral sustituyendo a la Secretaría de Gobernación como organizadora de elecciones, y se fundó el Tribunal Electoral de la Federación.
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Todo este armazón para administrar la entrega del poder que adivinaban inexorable. Por eso el gobierno de Zedillo estaba preparado para reconocer los triunfos de la izquierda en la capital de la república, Zacatecas y Baja california Sur, y, para, finalmente reconocer que habían perdido el poder y admitir que la oposición derechista asumiera el gobierno. ¿Fue una transición pactada? Sin duda, pero no de manera legítima ni institucional, sino truculenta y maliciosa, entre quienes compartían el modelo económico, excluyendo a quienes se oponían. Sin embargo no podemos negar que de 1997 a mediados del 2004, fue la época dorada de nuestra naciente democracia, pues a partir del 95 la cosa se pudrió.
El desafuero a López Obrador por intentar abrir una calle para un hospital, fue la maniobra leguleya que el “gobierno de la democracia” intentaba para derrocar al político más popular, e impedir el cambio de modelo económico. Aunque fue la población la que impidió el atropello, las irregularidades durante la campaña electoral demostraron que lo que la democracia había construido era en realidad un régimen oligárquico, en el que se ha concentrado la riqueza y disparado la desigualdad; en el que gana las elecciones el que más dinero recauda; en el que la corrupción está tan acendrada que lo abarca todo; en el que empresarios y gobernantes se entremezclan en una masa venenosa para el país; en donde la impunidad señorea alimentando los bolsillos de uno y saqueando los de otros.
Por eso creo que la ciudadanía debe despertar del letargo en el que lo ubicó la fantasía democrática, para continuar sin descanso hasta la implementación de la democracia mexicana. Hoy no veo al partido ni al líder que encabece tal empresa, a López Obrador le falta compromiso democrático y le sobra autoritarismo, pero empezaría por destrabar la venenosa alianza entre empresarios y gobernantes; combatiría a la impunidad y a la desigualdad, lo que podría dar paso a la emancipación de grandes masas ciudadanas.
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Al día de hoy, tiene mi voto.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe fue dirigente del PRD en Baja California, ex diputado local por el mismo partido y actualmente es Rector del Centro Universitario de Tijuana en Sonora. Correo: chuchoruizuribe@gmail.com
