La gobernadora chihuahuense endurece su discurso al denunciar la tolerancia institucional hacia los vínculos entre política y crimen organizado en Sinaloa.
Productores de Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Zacatecas llevan al Gobierno federal la exigencia de renegociar el capítulo agropecuario del TMEC.
Las fichas rojas de Interpol no obligan a México a vigilar a los acusados; la FGR desarrolla su propia investigación con base en el marco jurídico nacional y bilateral.
