Se nos olvidó que desde el 2018 existe un Sistema Estatal Anticorrupción y desde el 2021 reinició operaciones, luego de que la política del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez lo desmanteló. Actualmente, el SEA cuesta poco más de 12 millones de pesos anuales, sólo por existir
Mandatarios, diputados y funcionarios de primer nivel no registran oficialmente propiedades a su nombre, ya sea porque las donaron, vendieron, o bien, nunca han tenido propiedad alguna, lo cual levanta la sospecha -en algunos casos- de ocultamiento de propiedades. Para Luis Irineo, ex secretario del SEA, los funcionarios viven en algún lugar y esto debe ser público
En una abrumadora sesión donde aprobaron varios nombramientos, el Pleno encargó la responsabilidad de la CEDH a Jorge Ochoa; del ITAIP a Vizcarra y McDonough; y al titular del OIC del SEA.
El arribo de Morena al poder en Baja California representó un total rechazo a la construcción de instituciones para el combate a la corrupción. Es considerado el Estado más rezagado
Después del desmantelamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, gobiernos morenistas de BC demostraron no tener interés en el combate a la corrupción mediante la construcción de instituciones fuertes e independientes
La Fiscalía General del Estado (FGE) que comandó Guillermo Ruiz Hernández durante el bienio de Jaime Bonilla Valdez, simuló una investigación en torno al caso de los moches, considerado el primer escándalo de corrupción de la administración bonillista
Los dos años y medio que Morena tiene en el poder en Baja California han sido un vendaval para el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Irónicamente, el gobierno que ascendió mediante un discurso combativo hacia las conductas ilícitas y favoritismos desde el ejercicio público
Si algo ha quedado claro en la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, es que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no es una prioridad, e incluso, la política del actual gobierno es deshacer el proyecto ciudadano forjado como una herramienta o contrapeso, para diseñar políticas públicas y señalar posibles actos ilícitos dentro del sector público de Baja California.
Varias unidades de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) acudieron alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles 14 de abril, acompañados de varios trabajadores de la SHyFP para supuestamente llevar a cabo una labor de fiscalización al ente autónomo.
