Sin consejeros ciudadanos, secretario técnico ni director administrativo, y con un impedimento legal para utilizar los más de 26 millones de pesos que tienen de presupuesto anual, es como el Poder Ejecutivo, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, barrió con las palabras “ciudadano” y “autónomo” del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual no había sesionado desde marzo de 2021. A casi dos años de la administración morenista, se confirma una vez más que el sistema anticorrupción no es una política prioritaria para el actual gobierno
Si algo ha quedado claro en la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, es que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no es una prioridad, e incluso, la política del actual gobierno es deshacer el proyecto ciudadano forjado como una herramienta o contrapeso, para diseñar políticas públicas y señalar posibles actos ilícitos dentro del sector público de Baja California.
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Desde utilizar su representación dentro del Comité Coordinador para frenar propuestas, exhortos y explicaciones sobre probables actos de corrupción; negarles la posibilidad de operar los recursos presupuestados para el funcionamiento del SEA; retrasar o ignorar nombramientos de consejeros y hasta remover a su secretario técnico, Luis Irineo, son parte de las acciones que durante este tiempo han impedido el desarrollo del organismo autónomo en Baja California.
El 28 de junio, en sesión extraordinaria promovida por los consejeros ciudadanos Edgardo Silva y Ricardo Esteban Zurita -realizada en el Instituto Tecnológico de Mexicali-, donde además participaron los síndicos de Ensenada, Tecate, Rosarito y representantes de la Auditoría Superior del Estado, Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHFP) e Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), se aprobó remover del cargo a seis consejeros ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana (CPC), debido a que se habían ausentado de seis convocatorias.
El argumento refiere que en los últimos tres años hubo supuestas irregularidades en el ejercicio del SEA, pero el énfasis radica en la ausencia en seis sesiones extraordinarias a las que no asistieron, y a juicio del órgano de gobierno, fue suficiente para remover temporalmente del cargo a Francisco Fiorentini Cañedo, Jorge Topete Calvario, Fermín Gutiérrez Villa, Omar Marrón Luna, Claudia Téllez Aguilar y el actual presidente del CPC, Eduardo Arredondo Uribe.
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La acción dejó al SEA con dos consejeros ciudadanos -Zurita y Silva-, los cuales el próximo lunes 12 de julio cumplirán su encargo de tres años, por lo que dejarán su espacio vacante, acabando así con toda la representación ciudadana dentro del CPC, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva.
En entrevista para ZETA, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, negó que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez tuviera interés en desarticular el SEA, pues -aseguró- la administración estatal tiene otro tipo de prioridades.
Mientras tanto, el consejero Ricardo Zurita arremetió contra Francisco Fiorentini, a quien calificó como el líder de la “mafia del SEA”, asegurando que la falta de representación ciudadana y de todos los conflictos jurídicos generados dentro del organismo, son exclusivamente su responsabilidad.
SEA SIN CIUDADANOS
La conformación del Comité Coordinador, donde convergen once representantes de las autoridades encargadas de la fiscalización de los recursos públicos, y once de los quince ciudadanos que conforman el CPC, se quedará sin ningún representante cívico, con lo que se concretará la intención del gobierno de Morena, que desde su arribo han despreciado al SEA.
Y es que, durante el último año y medio, seis consejeros ciudadanos cumplieron con su periodo de uno o dos años: María Gloria Orozco González, Francisco Javier Rebelín Ibarra, Francisco Parral León, Claudia Virginia García González, Daniel Aarón Sotelo Heredia y David Álvarez García. Además, la consejera Rosa Martínez Esquivel renunció a su cargo para unirse al equipo de trabajo del actual gobierno.
Sin embargo, la Comisión Especial conformada por cinco representantes -y encargada de definir a los consejeros ciudadanos del SEA- está desarticulada ante la renuncia de sus integrantes, y debido a que el Congreso del Estado no ha designado a nuevos perfiles, los espacios permanecen vacantes.
Sin los cinco representantes de la Comisión Especial, no se puede nombrar a los consejeros del SEA. A estos se les debe sumar que el 28 de junio, Francisco Fiorentini Cañedo, Jorge Topete Calvario, Fermín Gutiérrez Villa, Omar Marrón Luna, Claudia Téllez Aguilar y el actual presidente del CPC, Eduardo Arredondo Uribe, fueron removidos de manera temporal por -supuestamente- cometer una serie de irregularidades en los procesos del SEA a lo largo de tres años de funcionamiento, además de ausentarse de al menos seis convocatorias a sesiones extraordinarias por los representantes del órgano de gobierno.
De los 15 consejeros que deben conformar el CPC, ahora solo están ocupados los espacios de Ricardo Esteban Zurita y Edgardo Silva. Sin embargo, su plazo como integrantes del SEA expira el próximo 12 de julio, por lo que a partir de este lunes, el organismo “ciudadano” no tendrá ningún ciudadano.
Además, el 14 de abril, representantes de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) acudieron a las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA para llevar a cabo una auditoría, y al recibir una negativa por parte del titular Luis Irineo Romero, los representantes recurrieron a la fuerza pública para desalojarlo y suspender provisionalmente sus funciones como secretario técnico del organismo.
Para empeorar el escenario, en la misma sesión donde se removió a los seis consejeros, se tomó la decisión de suspender a Yolanda Fierro, directora de Administración de la Secretaría Ejecutiva del SEA, quien sería la encargada de dirigir el funcionamiento operativo del organismo, por lo que prácticamente fue desarticulado por completo.
ES UN ACTO DE REPRESIÓN: CONSEJEROS REMOVIDOS
Para los consejeros Francisco Fiorentini Cañedo, Jorge Topete Calvillo, Claudia Téllez y Eduardo Arredondo, la motivación que tienen los funcionarios y los propios consejeros ciudadanos que apoyaron la medida de removerlos, tiene como único objetivo desarticular al SEA, además de volverlo un sistema “a modo”.
El miércoles 7 de julio, cuatro de los seis consejeros suspendidos indefinidamente, se apersonaron a las oficinas de Contraloría Gubernamental de la SHFP, ubicadas en Mexicali, para inconformarse por las medidas cautelares impuestas a raíz de la denuncia hecha por el consejero Ricardo Zurita, quien reclamó que hubo una reiterada acción de separarse del cargo.
El documento presentado por la consejera Claudia Téllez Aguilar, con número de expediente INC/004/2021, presentado ante Contraloría, refiere que el motivo de su suspensión temporal es el siguiente: “… reiteradas inasistencias de la C Claudia Téllez Aguilar en su calidad de miembro integrante del órgano de Gobierno del CCA a las sesiones extraordinarias a que se han convocado lo cual ha impedido que la autoridad en cita cumpla con las atribuciones y funciones que le han sido encomendadas… en suma ha dejado de cumplir cabalmente con las funciones inherentes a su cargo”.
Como argumento, la representante del SEA aseveró en su documento que la SHFP intenta suspenderla, partiendo de la premisa de que es una servidora pública sometida a todas las obligaciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Sin embargo, refiere que no lo es, según la interpretación constitucional y de la propia Ley del SEA, donde los identifica como consejeros fuera del poder público.
Esta misma argumentación aplicó para el resto de los consejeros removidos, los cuales consideran que la medida de presión se originó desde la sesión de marzo de 2020, cuando algunos representantes ciudadanos intentaron subir al pleno del Comité Coordinador diversos temas, como la definición de un protocolo para atender a personas que denuncian actos de corrupción; un informe sobre la entrega de notarías que al inicio de la administración realizó el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano; y el sonado caso de los moches, donde tres funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, presuntamente cobraron sobornos a cambio de otorgar contratos para la proveeduría de alimentos dentro de los penales de Baja California.
Ese día, los representantes ciudadanos y funcionarios se pusieron de acuerdo para “reventar” la sesión del pleno y, por medio de notas y fichas técnicas que cumplían con la función de un guion, se pusieron de acuerdo para evitar que los temas fueran sometidos a votación.
A decir de Fiorentini Cañedo, el actual Gobierno del Estado ha mantenido constantes embates contra el SEA, con la intención de desarticularlo y volverlo a modo.
Por su parte, Jorge Topete, aseveró que además de este recurso, interpuesto el miércoles 7 de julio, los consejeros presentaron demandas de amparo para tratar de contrarrestar la suspensión de sus derechos como integrantes de los órganos colegiados, aunque no en todos los casos se dio la admisión.
En el texto, Claudia Téllez también considera que una suspensión como medida cautelar y una amenaza de remoción total -debido a que no se presentó a algunas sesiones-, no es una causal para suspenderla indefinidamente y removerla, toda vez que esta justificante no obra dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y de la Ley del SEA, ya que estas medidas deben considerarse para faltas graves como sobornos y algunos delitos dolosos.
SEA DE BC, “EL MÁS JODIDO Y MEDIOCRE DEL PAÍS”: ZURITA
Para Ricardo Zurita, consejero encargado de interponer las denuncias, el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California es el peor de todos, pues al intentar definir un esquema totalmente diferente al nacional, terminaron por recaer en ilegalidades, lo cual quedó asentado en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró inconstitucionales dos de los artículos de la Ley que regula al SEA, en torno a la conformación y designación de los consejeros del CPC, pues algunos son honoríficos y el resto cobra 30 mil pesos al mes.
En entrevista telefónica para ZETA, Zurita aseveró que las bases del SEA están muy mal cimentadas, y luego de tres años se estaban pagando las consecuencias de las decisiones tomadas por “la mafia del SEA”, encabezada -aseguró- por Francisco Fiorentini.
Asimismo, arremetió contra Eduardo Arredondo Uribe por ser designado presidente del CPC, pero también militante del Partido Acción Nacional desde 1995; contra Fiorentini, por no contar con título profesional que lo avale como experto en la materia -Zurita asevera que ni siquiera tiene título profesional y contra Topete por haber sido designado como presidente del CPC anteriormente, pese a que tal nombramiento no cumplía con los requisitos de Ley. Todos estos casos -refiere- fueron solapados por Fiorentini.
Mientras que Claudia Téllez asegura que ni Zurita, ni el órgano de gobierno, tenían facultades para emitir una convocatoria, puesto que solo al presidente se le permite hacerlo. El consejero Zurita expuso que, según el Artículo 28 de la Ley del SEA, cuatro integrantes del órgano de gobierno pueden convocar a sesión siempre y cuando exista quórum legal, que es más de la mitad de los integrantes.
Por varias semanas, Ricardo Zurita convocó sesiones, pero estas no cumplían con el mínimo legal para validar las reuniones, según sus propios dichos. Francisco Fiorentini Cañedo indicó que tuvieron conocimiento de esas reuniones, pero no fueron convocados, por lo que sus argumentos no tienen sustento, máxime porque tampoco cuenta con pruebas para demostrar que dio aviso a los consejeros.
En tanto, Zurita comentó que tras la intervención de la SHFP, a cargo de Vicenta Espinosa, se pudo rectificar el camino del SEA a la legalidad, y gracias a ello se han podido hacer dos auditorías en las que se han detectado muchas irregularidades que serán presentadas en próximas semanas.
Para concluir, cuestionado sobre la intención de Jaime Bonilla Valdez de desaparecer el SEA -o al menos no apoyarlo-, el abogado y consejero confirmó no haber visto una intervención directa de Bonilla en el tema, señalando a los diputados del Congreso del Estado por no hacer las reformas correspondientes ni designar a los integrantes de la Comisión Especial.
