A escasas horas de concluir el último periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado emitió una serie de nombramientos de cargos públicos para organismos autónomos, como lo son la CEDH, el ITAIP y el órgano interno de control del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Cabe destacar que dentro de los nombramientos titulares, los diputados no se decantaron por ninguna mujer. Esto pese a que se trató de varios cargos públicos y que varias de ellas compitieron por un espacio.
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El Pleno del Poder Legislativo llevó a cabo la última sesión del periodo de sesiones y el día de mañana, en la medianoche, cambiarán de Mesa Directiva.
En esta sesión, la mayoría calificada de los diputados respaldaron como nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a Jorge Álvaro Ochoa, quien se desempeñaba como Secretario Ejecutivo de la CEDH, en la actual gestión de Miguel Ángel Mora Marrufo.
Los diputados respaldaron su proyecto y le tomaron protesta, pero no será hasta el mes de septiembre cuando asuma de manera formal el cargo; mientras tanto, Mora Marrufo, concluirá su gestión.
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Ochoa Orduño cuenta con una amplia carrera en el ramo profesional en torno a los Derechos Humanos; es abogado de profesión y ha participado en un gran número de actividades y organismos en la materia.
En la misma sesión, el Congreso del Estado designó también a José Francisco Gómez McDonough y a Luis Carlos Castro Vizcarra, como nuevos comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), que sustituirán a Alberto Sandoval y la vacante que dejó Denisse Gómez Castañeda desde el año pasado, pero que el Poder Legislativo no había nombrado.
Ante esta situación, el nombramiento de José Rodolfo Muñoz García, como Presidente, concluiría y volvería a ocupar la suplencia del organismo.
El Pleno , además, designó como representante del OIC del SEA a Víctor Manuel López Magallón, ex director del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPBC).
En esa misma sesión se planteó designar al titular del OIC del TEJA, pero el proceso permanece suspendido debido a medidas cautelares impuestas por la SCJN tras una controversia constitucional presentada por el TEJA, debido a que se niega a recibir una imposición de un ente fiscalizador, bajo el argumento de que esto podría vulnerar su autonomía.
