Los últimos grandes escándalos de la administración morenista de Baja California se originaron por propiedades; bienes inmuebles adquiridos por funcionarios de primer nivel que no tenían antes de iniciar la administración pública y cuya adquisición se da en un contexto enrarecido, opaco y con tufo de corrupción.
Armando Carrazco López, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), y Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, ambos del mismo grupo político de Morena, fueron exhibidos por adquirir propiedades millonarias (una en San Diego y otra vendida a mitad de precio por un empresario afín al gobierno), y al menos en el primer caso, de montos que superan -por mucho- su capacidad financiera derivada de los ingresos públicos.
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A pesar de que varios de los principales golpes contra el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, se han generado por la sorpresiva compra de viviendas de alto valor, el gobierno morenista de Baja California incumple con la transparencia y la responsabilidad social de la rendición de cuentas, debido a que sólo el 30 por ciento de los funcionarios de las instituciones públicas ha cumplido con la entrega de sus declaraciones patrimoniales para su publicación y consulta.
Esto quiere decir que 7 de cada 10 funcionarios no ha cumplido con su obligación al proporcionar sus datos a la Plataforma Digital Nacional (PDN), y tienen como plazo final el 5 de junio del 2026.
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Y es que desde el 2019 se ha invitado a las instituciones públicas a presentar sus declaraciones patrimoniales y de interés como un ejercicio de transparencia gubernamental, con la obligación de decir verdad y la advertencia de ser sancionados en caso de omitir algún documento.
Esto no quiere decir que los funcionarios no presenten su declaración patrimonial ante la Secretaría Anticorrupción, sino que no proporcionan los datos y los envían a autoridades federales para que ellos la resguarden y difundan.
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SEA, PASIVO ANTE EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA
“La información presentada obra en poder de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública en Baja California, por lo que dicha información obra en poder del Sujeto Obligado ya mencionado. Por lo que hace a los criterios relativos a los hipervínculos de las declaraciones de situación patrimoniales y de intereses se informa que en el presente trimestre no es posible proporcionarlos; toda vez que, en apego a lo dispuesto en el artículo 29, transitorios segundo y cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción determine los formatos y emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes para generar las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; es que a la fecha no es posible publicar las versiones públicas correspondiente; sin embargo se da a conocer que los y las personas servidoras públicas pertenecientes a este Sujeto Obligado cumplieron con su obligación”.
Este es el argumento legal presentado por prácticamente todas las dependencias gubernamentales para incumplir con el requisito de máxima publicidad en torno a las declaraciones patrimoniales y de interés, en Baja California, lo que significa que prácticamente por una débil fundamentación legal y tecnicismo, no proporcionan la información de sus bienes.
En entrevista para ZETA, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco Javier Riebeling, comentó que los trabajos tuvieron inicio en 2019 para obligar a las instituciones públicas a que sus funcionarios cumplan con la declaración patrimonial y de interés, mediante el mismo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En febrero del 2024 se definieron completamente los lineamientos y se acordó la difusión de los datos en la Plataforma Digital Nacional (PDN), y en diciembre de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Desde ese entonces, los gobiernos locales comenzaron con la preparación y entrega de información ante la plataforma federal, a fin de cumplir con la Ley. Sin embargo, a partir del 5 de junio del 2025 se define que los gobiernos locales tienen un año para cumplir con sus obligaciones de transparencia.
La mayoría de los gobiernos han avanzado y cumplido con los lineamientos, pero en Baja California se ha cumplido apenas con 3 de cada 10 funcionarios obligados a rendir cuentas, lo que representa poco menos de 12 mil documentos presentados ante la instancia federal. El resto se divide en un 50 por ciento que está en proceso y un 19 que no ha entregado absolutamente nada.
“Hemos tenido alrededor de 45 sesiones, algunas presenciales en la mayoría de los municipios, excepto San Quintín, que la tuvimos en Ensenada, conjunto con el municipio de Ensenada y las demás entidades; por ejemplo, la universidad Autónoma de Baja, California, es uno de los entes que ha estado trabajando”, refirió Francisco Javier Riebeling, quien agregó que sí existe un formato, llamado DeclaraNet, en el cual se ajustan los datos públicos de los funcionarios para proteger su información personal.
Y es que hay que recordar que no todos los datos de los funcionarios son públicos, pues, por ejemplo, sus nombres y bienes, lo son; mientras que sus datos fiscales, como RFC o nombre de sus hijos, y número de cuenta bancaria, no lo son.
Todos estos detalles se han presentado en diversas capacitaciones emitidas por parte del SEA, y varios entes públicos se encuentran en proceso de cumplimiento, pero no han terminado.
“El problema de ellos es que al filtrar sus datos también nos mandaron datos privados. Sí, claro tuvimos que regresar, regresarle la información. En el caso del Congreso del Estado, es un caso ejemplar. Ellos se adhirieron al Sistema Nacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional”.
Respecto a que el SEA no ha emitido los lineamientos y formatos para difundir la información, el secretario ejecutivo del SEA confirmó que no lo han hecho, bajo el argumento de que el SNA hizo públicos los formatos para cumplir con ello, por lo que de facto las instituciones públicas deberían basarse en ello. Sin embargo, ante la negativa de varias dependencias, comentó que próximamente analizarán el tema en el Comité Coordinador del SEA para definir sí deben presentar un formato local.
Cabe señalar que el Gobierno de México ha cumplido con un acuerdo de transparencia para difundir la declaración patrimonial y de interés de funcionarios mediante la página de internet www.servidorespúblicos.gob.mx, desde el año 2012, pero aseveró que no era obligatorio.
Respecto a las instituciones menos cumplidas se encuentra el Poder Judicial de Baja California, los ayuntamientos de Mexicali y Ensenada (en gran medida porque aún no dividen las obligaciones con los municipios de San Quintín y San Felipe), la UABC, la Comisión Estatal de Derechos Humano, y el Poder Ejecutivo de Baja California con todas sus dependencias, de las cuales algunas de ellas no han entregado absolutamente nada.
TRANSPARENCIA DEBE SER UN BENEFICIO NO UN CASTIGO: CCE
Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Octavio Sandoval López, las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas debe ser considerado una herramienta para protegerse y no un castigo, pues así el mandatario en cuestión podría revisar sí existen incongruencias en los ingresos de funcionarios.
El también expresidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública (ITAIP), comentó que el planteamiento original del SNA era presentar tres declaraciones: patrimonial, de interés y fiscal, como una medida preventiva de combate a la corrupción. Sin embargo, aseguró que era soñar demasiado.
“La declaración patrimonial tiene tres apartados básicos. El primero es clave: es la evolución patrimonial que tenías al inicio y que tienes al final que agregas y qué quitas en el tiempo que tienes en el cargo. La otra parte que tiene es los datos del cónyuge: sea o no funcionario público, se debe de dar información, con el propósito de que el cónyuge no sea presta nombres del funcionario y que como prestanombre se oculte el patrimonio que adquiere”.
“Y la otra parte es lo que se llama discrepancia patrimonial: la discrepancia patrimonial es cuando hay un conflicto entre el ingreso declarado que tienes cómo funcionario y el incremento patrimonial que tiene”, refirió el empresario, quien agregó que si anualmente percibes un millón de pesos, tienes que decir en qué lo gastas y cuánto se ahorra, con el objetivo de que si se consigue un ahorro anual de 200 mil pesos, sea eso su margen de maniobra para gastar en otros puntos.
Consideró que la sociedad se encarga de cubrir las ausencias del gobierno, y uno de los puntos más importantes es la auditoría social, la cual viene a cubrir las deficiencias de la auditoría tradicional, pues -aseguró- si no existe un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, cuando se exhibe alguna irregularidad, el impacto social es fulminante.
Agregó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila ha tenido buenos resultados en diversos rubros, como, por ejemplo, en infraestructura, así como en apoyos sociales. Sin embargo, las malas acciones de sus funcionarios le han representado un impacto en su imagen.
