Amador Rodríguez, Cynthia García y Jesús Núñez no fueron investigados apropiadamente por señalamientos de moches a cambio de contratos a empresarios de Mexicali. Fiscalía estatal de “Titi” Ruiz reconoció no tener facultades
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La Fiscalía General del Estado (FGE) que comandó Guillermo Ruiz Hernández durante el bienio de Jaime Bonilla Valdez, simuló una investigación en torno al caso de los moches, considerado el primer escándalo de corrupción de la administración bonillista, en la cual se acusó a Amador Rodríguez Lozano, Jesús Núñez Camacho y Cynthia Gissel García Soberanes -secretario general, oficial mayor y secretaria de Bienestar, respectivamente- de cobrar millonarios sobornos a cambio de un contrato para abastecer de alimentos a las prisiones del Estado.
Inconsistencias, falta de diligencias y el nulo trabajo por parte de los ministerios públicos adscritos al caso, confirman que la FGE nunca tuvo la intención de investigar los señalamientos, en una indagatoria que prácticamente duró dos meses y posteriormente “congelada” hasta ser enviada a “archivo temporal”.
En noviembre de 2019, apenas tres semanas después de iniciado el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, sufrió una “sacudida” al ser evidenciado por supuesto pago de sobornos, mismos que fueron denunciados por el ex colaborador bonillista Rosendo Colorado, quien admitió participar activamente en el caso que fue sepultado meses después de iniciada la indagatoria.
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Pese a ser un caso emblemático, la FGE hizo todo lo posible por negar la información del expediente 0202-2019-44071, pero gracias a una solicitud de Transparencia realizada por esta casa editorial y a un prolongado litigio de casi dos años que obra en el RR-474-2020, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) concedió hacer pública la carpeta de investigación, confirmando que antes de remover a dos de los tres funcionarios, Bonilla Valdez estuvo enterado de los señalamientos y no llamó a cuentas a nadie; que el expediente fue robustecido principalmente con reportes periodísticos y jamás se solicitó -como se dijo que se haría- el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para indagar las cuentas, el origen y destino del dinero.
No conforme con ello, la propia FGE reconoce en la extensa carpeta de investigación que carece de facultades para procesarlo, y remite el expediente a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pero en lugar de ello, los superiores de la FGE remitieron el caso a otro Ministerio Público del área de Patrimoniales, el cual lo archivó.
Para Luis Irineo Romero, abogado y participante del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), luego de una profunda revisión, su conclusión es que el caso de los moches fue indagado como si se tratara del robo de una manguera, pues parece que la intención fue no hacerse de suficientes pruebas con la intención de archivarlo.
En la conferencia de prensa de Impunidad Cero que se llevó a cabo en Mexicali, el fiscal general Ricardo Iván Carpio confirmó que el expediente era sumamente “frágil”, por lo que en la revisión se está analizando sí el caso puede salir del archivo temporal para determinar elementos para proceder legalmente contra los funcionarios mencionados.
EL EXPEDIENTE
Diez documentos conforman la mayoría del expediente judicial, salvo con algunas medidas restrictivas como la protección de datos personales de testigos y acusados. Sin embargo, por sus declaraciones es fácil determinar la identidad de la mayoría de ellos, como el testimonio de la ex funcionaria de Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes; el propio Rosendo Colorado e incluso el empresario Roberto Valadez García, a quien apodan “El Huevero”, además de su esposa y varios integrantes de su familia.
El extenso documento en poder de ZETA se conforma de diez archivos PDF, aunque es evidente que la FGE ocultó algunas páginas, puesto que entre algunos casos, una página no tiene relación con la siguiente, las hojas no se encuentran foliadas y gran parte del texto representa procesos de diligencias.
La investigación dio inicio formalmente a las 09:00 horas del jueves 28 de noviembre de 2019, y la indagatoria se formuló por el delito de negociaciones ilícitas, el cual fue firmado por la coordinadora de Ministerios Públicos de Patrimoniales, Rosaura Reyes Cisneros.
Un día después, en el Centro de Justicia Alternativa se abrió otro expediente (0202-2019-52374/RAC), con Número Único de Caso 0202-2019-4273, atendido por el agente Rafael Hernández Lugo.
Llama la atención que la primera parte del expediente, unas 50 páginas, se sustenta en notas periodísticas como las de ZETA y otros medios digitales locales, de donde se extrajeron videos e impresiones digitales de documentos de WhatsApp, además de información que se publicó.
Ese fue el punto de partida de una indagatoria de corrupción, donde posteriormente se le asignaron delitos como cohecho, colusión y abuso de autoridad; y a los encargados de la investigación, que son la ministerio público Yessica Yessenia Meza Ochoa y el agente investigador, Guillermo Rubio Castro.
Aunque su nombre está testado, se sabe que el primer entrevistado fue Rosendo Colorado, el 29 de noviembre; dijo participar en la transición de gobierno y que fue García Soberanes la encargada de crear el Voluntariado con Bonilla, agrupación que no tenía registro, pero que recibió dádivas de diversos sectores bajo un esquema simulado con el argumento de que brindarían apoyos a la ciudadanía.
Declaró que Cynthia Gisell, le encargó recaudaciones para el voluntariado, que iban desde 50 mil hasta 20 millones de pesos. Como prueba de sus dichos, Colorado aportó impresiones de conversaciones por WhatsApp y documentos digitales, de los acuerdos planteados entre Cynthia y él. Refirió que el 3 de octubre entregó 15 millones de pesos para el voluntariado y un día después otros 5 millones más, en bolsas tipo hielera. Aunque todo se pedía a nombre del entonces gobernador, siempre afirmó que -a su juicio- él no estaba enterado.
En sus declaraciones sí implicó a Amador Rodríguez Lozano, a quien le fue a pedir el dinero de vuelta, luego que los contratos que prometió para dotar de alimento a los Centros de Reinserción Social del Estado, no se concretaron. El entonces secretario general de Gobierno dijo simplemente que se los pidiera.
El 30 de noviembre, Rosendo entregó su celular iPhone 8 Plus para extraer la información necesaria para sustentar sus dichos. La perito encargada de ello fue Yolanda Quiroz Sosa y Silva, y el agente a cargo, Hugo Ortiz León.
BONILLA SABÍA DE LOS HECHOS Y NO ACTUÓ
El 12 de diciembre de 2019, fue citado Jaime Rojo Peñuelas Tapia, delegado regional del Gobierno de México en Mexicali, y día 16 se presentó a testificar. Básicamente narró el conflicto que se generó con un vehículo donde se transportaban varios millones de pesos, el cual -supuestamente- fue detenido en el retén militar El Centinela.
Según las publicaciones de ZETA en noviembre de ese año, el joven detenido fue Einar André Hernández Garza y se ostentó como secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, próxima secretaria de Bienestar en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. El dinero, justificó, era del primer gobierno surgido de Morena en Baja California. En total, los militares calcularon 3 millones 700 mil pesos en la camioneta registrada a nombre de García Soberanes.
En un primer momento, por tratarse de un hecho que formalmente no quedó registrado, Alejandro Rafael Berdón Paredes, titular de la Estación de Inspección del Ejército, negó la presencia de la unidad y de la persona detenida, pero las propias diligencias los llevaron a las fechas donde se localizó la unidad en la que presuntamente se localizó el dinero.
En su declaración, Jaime Rojo Peñuelas confirmó que durante octubre recibió una llamada del Coronel Rafael López, quien lo cuestionó por un vehículo con una fuerte suma de dinero, y afirmó que el detenido era un joven que se dijo próximo funcionario de Bienestar. Rojo Peñuelas afirmó que no lo conocía, pero decidió comunicarse con García Soberanes, a quien le explicó el tema.
Según la declaración de Rojo, Cynthia dijo tener conocimiento del dinero y aseguró que eran 4.7 millones de pesos, los cuales se destinarían para el pago de prótesis en Tijuana.
Cuestionada respecto a si podía confirmar su procedencia, la ex funcionaria dijo “sí”.
Rojo comentó que el primero de noviembre notificó a su jefe, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien lo regañó por no informar el hecho anteriormente; y el 6 de noviembre se reunieron con Jaime Bonilla Valdez, con “Morán” y “Lechuga”, dos funcionarios de alto rango de la Policía Federal; y con el actual diputado federal Isaías Bertín, a quienes plantearon lo ocurrido, mostrándoles algunas impresiones de pantalla de las camionetas que cruzaron por el retén y fotos de los implicados.
Bonilla Valdez pidió a los mandos de la Policía que investigaran, toda vez que dijo desconocer sobre el hecho, pero ambos funcionarios carecen de facultades para hacerlo. Esto confirma que el ex gobernador tuvo conocimiento del hecho y decidió no intervenir. Fue hasta que el caso se hizo público que decidió correr tanto a García Soberanes como a Jesús Núñez Camacho. También se confirma que Bonilla debió ser llamado a declarar, al igual que los funcionarios arriba mencionados, para corroborar los testimonios de Rojo Peñuelas.
CAMIONETAS DE NÚÑEZ, SIN INVESTIGAR
Una segunda publicación de ZETA en el caso de los moches sobre la compra de Jesús Núñez Camacho, entonces oficial mayor, de dos camionetas Cadillac Escalade modelo 2019 que pagó de contado por un millón 447 mil pesos por ambas, en un periodo del 14 de septiembre al 2 de octubre, abrió una nueva línea de investigación por parte de la FGE, pero también fue congelada a los pocos días.
Las únicas diligencias que hicieron para el expediente fueron la solicitud a todas las notarías sobre la compra de las unidades mediante una petición a Recaudación de Rentas; sobre la constitución de las empresas que supuestamente participaron en el caso de los moches, entre estas Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla, S de RL de CV por medio de una solicitud a varios notarios de la entidad; y oficios a la Dirección de Catastro Municipal para comprobar la propiedad del inmueble ubicado sobre Bulevar Lázaro Cárdenas en Villa Fontana, domicilio donde supuestamente se entregó el dinero, con el objetivo de determinar si se trataba del mismo dueño.
También se solicitó información a las empresas donde supuestamente se compraron las camionetas y la documentación respectiva a la factura del mismo, lo cual se integró dentro de la carpeta penal y administrativa.
Rosendo Colorado extendió su declaración el 2 de enero de 2020, en la cual dio a conocer que sostuvo una reunión en el hotel Lucerna de Mexicali, pero tramposamente, la FGE “borró” lo que expuso en la declaración, salvo un extracto en el cual se afirma que un individuo dejó caer una bala al suelo, por lo que ofreció disculpas.
Un día después, Cynthia Gissel García Soberanes presentó un escrito ante el Ministerio Público, en lugar de presentarse a declarar, tal y como fue citada. En el texto afirmó que no se presentó ese día, debido a que no se le permitió acudir con personas de confianza, y aseveró que la autoridad ha actuado de forma tendenciosa y peligrosa a sus derechos, además de provocar incertidumbre y desconfianza. Del mismo modo, se solicita una copia del expediente para armar una “defensa técnica”.
Sí bien, su nombre se encuentra testado, como el documento refiere que se encuentra en calidad de “imputado” y en todo el documento se expresa a su persona en femenino, se infiere que se trata de la ex titular de Bienestar.
CONFIRMAN REUNIÓN DE PROVEEDORES EN OFICINAS DE JESÚS NÚÑEZ
Uno de los testimonios más trascendentes ocurrió el 10 de enero por parte de Roberto Valadez García “El Huevero”, quien está casado con Lourdes Patiño Montoya, propietaria legalmente de Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla, S de RL de CV. Si bien, su nombre fue testado, las publicaciones periodísticas y el documento de la FGE confirman que se trata de él.
El presunto “Huevero” negó haber entregado la cifra millonaria a Rosendo Colorado, ni a ningún funcionario de la administración bonillista, pero aceptó haber participado en una reunión de trabajo en “las oficinas del gobierno de transición” a finales de septiembre y principios de octubre de 2019.
Ahí, dijo, tuvo una reunión de trabajo junto con otros proveedores donde se le pidió una cotización para brindar el servicio de alimentos en los penales del Estado, a lo que, según su declaración, mostró interés, pero fue descartado por tratarse de una persona física sin infraestructura suficiente para operar esos temas. Agregó que él era proveedor de insumos, no de alimentos, por lo que sus posibilidades para hacerse del contrato se desvanecieron.
Valadez aseveró que siempre ejerció sus servicios como persona física sin tener ningún problema, y que la empresa señalada se encuentra registrada pero nunca operó, por lo que desconoce los motivos por los que se le implicó en el caso.
Para Luis Irineo Romero, esta conducta es sumamente irregular, porque ninguno de ellos era funcionario, y, por ende, no podían firmar ningún acuerdo o emprender un proceso de licitación, lo que evidentemente representa -al menos- sospechas de posibles actos de corrupción o acuerdos previos a ingresar al gobierno.
El mismo día, su esposa e hijos presentaron su declaración como integrantes de la sociedad implicada en el caso de los moches.
FGE SE DECLARÓ INCOMPETENTE E INTENTÓ TURNAR A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El 14 de enero de 2020, la agente del Ministerio Público, Yessica Yessenia Meza Ochoa, presentó un escrito dirigido al fiscal regional, Pedro Ariel Mendívil, hoy director de la Policía Municipal, donde se declaraba incompetente para llevar la investigación, toda vez que se trataba de un caso de probable corrupción entre servidores públicos.
El documento refiere que derivado de 14 diligencias, se puede constatar que los funcionarios implicados y el entonces oficial Mayor, participaron presuntamente en la entrega de dinero en efectivo a cambio de tratos en las oficinas del equipo de transición, por lo que la institución encargada de llevar a cabo la indagatoria era la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, cuya titular fue por escasas semanas Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, quien renunciaría el 28 de enero de 2020 para incrustarse en la nómina estatal dentro de la Secretaría General de Gobierno, dirigida por Amador Rodríguez Lozano, uno de los implicados en el caso de los moches.
A partir de ese momento, las diligencias de la FGE prácticamente se congelaron hasta marzo, cuando Cynthia Gissel García Soberanes presentó -por fin- su declaración en los hechos, argumentando que había aplicaciones de internet para crear conversaciones apócrifas de WhatsApp, y que por medio de estas podía fabricarse la evidencia presentada por Rosendo Colorado.
También acusó persecución política y negó haber tenido a sus ojos o cobrado las millonarias cifras, y que no había sustento en las declaraciones de Colorado, por lo que debían desestimarse.
La carpeta fue enviada a archivo temporal el 14 de abril de ese año por parte de la FGE, que ya se había declarado incompetente para llevar a cabo la indagatoria, con el argumento de que no se encontraron elementos para robustecer la investigación.
El caso se cerró de forma provisional, y a juicio del abogado Luis Irineo Romero, este ordenamiento debería ser considerado sin efecto, toda vez que el Ministerio Público de Patrimoniales carecía de facultades para maniobrar el expediente. El jurista aseveró que el expediente fue construido como sí se tratara del robo de una manguera y no de una profesional investigación relacionada con corrupción, pues la FGE ni siquiera solicitó apoyo de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pese a que, en declaraciones públicas, Pedro Ariel Mendívil aseguró que se haría.
El expediente no cuenta con pruebas forenses que determinen el origen del dinero, lo que significa que, en el espectro de posibilidades, incluso pudiera haberse obtenido del crimen organizado.
Cuando Romero dirigía la Secretaría Ejecutiva del SEA, junto con varios integrantes buscaron que la FGE y la Secretaría de Honestidad y Función Pública brindara un informe sobre la indagatoria del caso de los moches, pero este reclamo fue cuestionado y boicoteado por la administración bonillista que, a la postre, desarticuló el Sistema Estatal Anticorrupción.
Pero al análisis del expediente, ahora público, Irineo Romero observa que la FGE nunca intentó armar una carpeta de investigación sólida, sino que se limitó a tomar diligencias básicas y sencillas para robustecer la carpeta, no para resolverla, enfocando sus esfuerzos en la recopilación de testimonios, cuando debió centrarse en las cuentas bancarias y seguir el flujo del dinero, lo cual nunca ocurrió.
Por ello, considera, el expediente de los moches no fue más que un acto simulado.
