La cooperación bilateral incluyó 188 traslados de criminales a custodia estadounidense y el desmantelamiento de más de 2,300 laboratorios clandestinos.
La SRE y la FGR revisaron la solicitud del DOJ y determinaron que carece de pruebas suficientes para actuar conforme al sistema penal acusatorio mexicano.
La mandataria invocó el caso Cienfuegos Zepeda para recordar que Washington ya actuó en 2020 contra un funcionario mexicano sin contar con evidencias suficientes.