El gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda ha sido cómplice por omisión y por acción. El grupo parlamentario de Morena, con el respaldo de la gobernadora, impulsó una reforma a la Ley Orgánica de la fiscalía general del Estado para reducir el requisito de experiencia de 10 a 5 años.
*Cambios constantes, perfiles diversos, imposiciones, y resultados dudosos
*La fallida política de seguridad en Baja California en los últimos cuatro años
*Pocos resultados y muchos mandos en los siete municipios
*Ha habido 31 cambios en mandos de seguridad en el Estado y Ayuntamientos
*3 fiscales, 3 secretarios de seguridad estatal
*5 jefes de policía en Mexicali, 3 en San Felipe, 2 en Playas de Rosarito, 3 en Ensenada, 3 de San Quintín, 6 en Tecate y 3 en Tijuana
La residencia en cuestión fue adquirida por tres millones 995 mil dólares, y por ejemplo, en el 2024, nada más de predial, pagó poco más de 50 mil dólares.
Nueve meses han pasado desde aquel jueves 10 de agosto de 2023, cuando el entonces fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, no concluyó su jornada laboral y de manera abrupta enviaron un comunicado de prensa informando de su renuncia por razones personales.
Tres perfiles probados durante las administraciones panistas de José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid, aspiran a dirigir la FGE en Baja California
Tras la salida del fiscal Ricardo Iván Carpio, María Elena Andrade Ramírez, Rafael Orozco Vargas y José Antonio Lozano Blancas, aspiran a la titularidad.
Una de las que podría estar en la terna para asumir el cargo de Fiscal General del Estado, es la actual comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, María Elena Andrade
