De acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, mundialmente, los niños, niñas y adolescentes representan menos del 15 por ciento de la población migrante; sin embargo, constituyen el 25 por ciento de las personas en movimiento en América Latina y el Caribe.
Las mujeres rurales juegan un rol central en la movilización comunitaria en temas como la preservación de las tierras, la defensa de los recursos naturales y el cambio climático. Este trabajo de organización comunitaria se suma al trabajo productivo y reproductivo como una triple carga.
Con el objetivo general de concienciar sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el compromiso global para crear conciencia sobre la salud mental y defenderla como un derecho humano universal.
El movimiento en favor de los derechos de las personas con discapacidad en los Estados Unidos para que naciera la Ley de Rehabilitación, fue impulsado, prioritariamente, entre otras personas, por Judy Heumann y Kitty Cone.
Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y Doctor en Derecho por la UNED de España. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile.
Es importante que todas las mujeres, particularmente aquéllas que no sean especialistas de las ramas jurídicas, conozcan sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género.
Es importante que todas las mujeres, particularmente aquéllas que no sean especialistas de las ramas jurídicas, conozcan sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género.
Para resolver de manera justa desde un análisis con perspectiva de género y con la mayor protección de derechos humanos, debe prestarse especial atención a las condiciones o características que generan y las afectaciones a la igualdad de cada persona en específico dentro de la controversia.
Las personas impartidoras de justicia, sin mayor distinción, tienen la facultad discrecional para allegarse de oficio -sin que sea solicitado- de las pruebas necesarias para conocer la verdad sobre los hechos bajo su jurisdicción.
La responsabilidad de las personas juzgadoras para cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, se fundamenta en la obligación general de garantizar el derecho a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación.
