Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del partido Morena en el Senado de la República, reveló, este martes 26 de octubre, que el presidente Andrés Manuel López Obrador analiza realizar cambios en su gabinete, ya que el aún gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, recibió una invitación para integrarse a la Administración del político tabasqueño.
Los gobernadores de Sinaloa y Nayarit, Quirino Ordaz Coppel y Antonio Echevarría García, quienes llegaron al cargo con el cobijo de los partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional respectivamente, aceptaron la invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de sumarse al gobierno de la Cuarta Transformación una vez que concluyan en su encargo como mandatarios estatales.
Aunque autoridades estatales defienden la postura de la Federación de no enviar vacunas a Baja California para dar prioridad a otras entidades, la realidad es que el Gobierno Federal ha hecho a un lado a un millón 050 mil personas que faltan por vacunarse en la región, entre menores de 12 a 17 años y mayores de 18 rezagados. No hay fecha precisa ni grupo etario en lista prioritaria para protegerse contra la COVID-19 en la región
Se supone, oficialmente, que Baja California es la primera entidad federativa en conseguir la “inmunidad de rebaño” desde el 8 de julio de 2021, por lo que la Federación dejó de lado la región para dar prioridad a otros estados, y ahora que se cumplió el objetivo de “inmunizar la frontera Norte”, se deberá esperar por alguna otra remesa de vacunas.
Tijuana ya no tiene capacidad para recibir a más migrantes, los albergues están saturados y el Centro Integrador para el Migrante, a cargo del gobierno federal, no se ha habilitado para la recepción de más personas en contexto de movilidad, aseguró el director municipal de Atención al Migrante, José Luis Pérez Canchola.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador expropió más de 11 hectáreas en el Estado de México, para el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. Por dicha expropiación pagará alrededor de 33.2 millones de pesos a los afectados.
