La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
La gobernadora panista de Chihuahua declinó comparecer ante el Senado y enfrenta acusaciones de pretender conducir ella misma la investigación del caso.
La FGR también investiga lavado de dinero contra ambos hermanos Farías; los registros financieros muestran gastos y adquisiciones millonarias inexplicables.
El PAN vinculó el caso con gobernadores morenistas señalados por presuntos nexos criminales para contrarrestar la presión política sobre Campos Galván.
El exlíder del Cártel del Golfo enfrenta procesos penales por homicidio, delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin quejarse de situaciones carcelarias, trabaja su defensa desde el Altiplano. Reto de la justicia mexicana: probar que se puede juzgar a narcos en el país
