Pero citar a Jaime Bonilla no fue fácil. De hecho, el 21 de junio, cuando la Fiscalía General del Estado solicitó citarlos al Poder Judicial, en su caso fue denegada la petición, justificándose en el Artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere el fuero que, en su caso, tienen los senadores.
Entregó apoyos sociales a sus asesores que ya de por sí reciben sueldos de 40 y 45 mil pesos mensuales, además de beneficiar a sus hermanos, padres y hasta su suegra, dando un total de casi 100 mil pesos en apoyos para la misma familia.
El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, podría ser sancionado por haber incurrió en posibles actos de corrupción al haber adquirido un condominio valuado en casi cuatro millones de dólares
En el podcast hablamos de “El Chueco” presunto asesino de los jesuitas en Chihuahua; de nuevos casos de abuso de autoridad de la policía de Tijuana; del asistente del fiscal de Baja California detenido en San Ysidro con metanfetamina y la visita del secretario de gobernación por la región.
Gamboa se ha visto impune de delitos graves que se ha escudado en la impunidad desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Francisco Labastida y Enrique Jackson
En el podcast hablamos sobre las extorsiones del alcalde Armando Ayala a Sempra; de la denuncia de Next Energy contra Jaime Bonilla; de los militares asesinados en México y el arresto de presuntos colaboradores del Cabo 20.
Es una compilación de 9 periodistas coordinada por Jorge Zepeda Patterson, que describe perfiles de personajes reconocidos de la vida nacional, donde sus autores encuentran una veta en carne vida con nombre y apellido de privilegios para romper las leyes y constitución mexicana, la dignidad humana.
La Fiscalía General del Estado (FGE) que comandó Guillermo Ruiz Hernández durante el bienio de Jaime Bonilla Valdez, simuló una investigación en torno al caso de los moches, considerado el primer escándalo de corrupción de la administración bonillista
Tres investigaciones: una militar, una penal y otra administrativa, no han probado que funcionarios estatales, federales, militares y empresarios delinquieron al trasladar millones de pesos entre Mexicali y Tijuana, obtenidos de presuntos sobornos para ganar contratos públicos.
