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viernes, septiembre 29, 2023
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Ayuntamiento de Mexicali quiso simular acuerdo en desfalco por 3 mdp

Una carpeta incompleta, endeble y plagada de testimonios que explicaban una situaci贸n contextual, m谩s que una evidencia tangible de la responsabilidad de Jes煤s Enrique Guti茅rrez D铆az, es la que tuvo frente a sus ojos por primera vez desde 2019, cuando se inici贸 la investigaci贸n por el caso de los 3 millones de pesos, donde posteriormente se manej贸 como el 煤nico implicado del caso.

Desde la oficina de su abogado, el hombre acusado de hacer un millonario desv铆o de las cuentas de Bienestar Social Municipal (Bisom) hacia una particular, habla por primera vez ante un medio de comunicaci贸n para brindar su versi贸n de la historia, afirmando que no tiene nada que ocultar, que no rob贸 ese dinero y que el Ayuntamiento le ofreci贸 un acuerdo reparatorio en el que no tendr铆a que pagar la cantidad que se le atribuye, salvo un pago de 83 mil pesos.


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Con vestimenta discreta y un estilo tradicional que delata a un hombre que trabaj贸 m谩s de 20 a帽os en el servicio p煤blico, se present贸 ante ZETA para exponer su historia, en la que se considera un 鈥渃hivo expiatorio鈥 y anunci贸 pr贸ximas acciones legales para que la Fiscal铆a General del Estado (FGE) realmente llegue al fondo del caso, pues -asegura- a casi cuatro a帽os de ocurrido el desfalco de Bisom, nadie sabe d贸nde se encuentra el dinero.

Dicho caso fue el primer acto de corrupci贸n que implic贸 a la administraci贸n de Marina del Pilar 脕vila Olmeda cuando era alcaldesa de Mexicali, pues se dio a conocer a escasas semanas de su ascenso al poder.

Seg煤n los testimonios de ese momento, se hizo un movimiento at铆pico de 3 millones de pesos de una cuenta de BBVA Bancomer, propiedad de Bisom, a una particular de Banco Azteca, que nunca fue rastreada por la FGE.


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Desde noviembre de 2019 que la ex directora de Bisom y hoy diputada Alejandra Mar铆a Ang, nadie tiene certeza de c贸mo ocurrieron los hechos. De hecho, ni la ex directora, ni el secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela, pueden garantizar que -a su juicio- Guti茅rrez se apoder贸 de ese dinero. Sin embargo, lo consideran responsable por ser uno de tres trabajadores que ten铆a acceso a las cuentas mediante token.

Lo que s铆 pudieron comprobar es que dentro de los equipos de Bisom fue encontrado un software no autorizado para tener acceso remoto a las computadoras de la instituci贸n; el caso fue revisado y plasmado dentro de la carpeta de investigaci贸n, pero nunca se investig贸 el hecho.


EL CASO BISOM

El 30 de septiembre de 2019, Marina del Pilar 脕vila Olmeda asumi贸 su cargo como alcaldesa de Mexicali en una carrera mete贸rica, pues apenas un a帽o antes hab铆a competido por la diputaci贸n federal del Distrito 02, curul que ocup贸 s贸lo unos meses.

Su antecesor, Gustavo S谩nchez V谩squez, presumi贸 que dej贸 finanzas sanas en el gobierno municipal, al grado que pr谩cticamente todas las 谩reas ten铆an dinero para cumplir con los compromisos de fin de a帽o. Entre estas, Desarrollo Social Municipal, posteriormente convertida en Bienestar Social Municipal, ten铆a suficiente solvencia para cubrir pagos a proveedores y personas contratadas mediante honorarios.

El 15 de noviembre del mismo a帽o, Jes煤s Enrique Guti茅rrez D铆az notific贸 que su computadora se encontraba da帽ada, toda vez que la pantalla estaba negra y no ten铆a forma de manipularla.

鈥淎l abrir la m谩quina tengo un mensaje que posteriormente iba a recibir una llamada (del banco). Aproximadamente 10 minutos se dio la llamada, me pidi贸 que entrara yo a la banca web y estuve tratando por 15 minutos. Posteriormente, la m谩quina se puso negra. Me dirijo a la persona encargada de Desarrollo Social y me comenta que a lo mejor estaban haciendo alguna operaci贸n, pero la m谩quina qued贸 ah铆 color negro, pues ya hasta m谩s tarde me doy cuenta que ya estaba normal鈥, describi贸.

Era viernes y se retir贸 temprano del trabajo. Pas贸 el fin de semana y el lunes era inh谩bil, por lo que no volvi贸 a acceder hasta el d铆a martes a la banca web de BBVA Bancomer, donde observ贸 que faltaban 3 millones de pesos de la cuenta 0163163296, utilizada para pagos menores.

De hecho, la diputada Ang Hern谩ndez asegur贸 que lo m谩ximo que se transfer铆a de esa cuenta eran 40 mil pesos.

Guti茅rrez D铆az dio a conocer lo ocurrido a su superior, Nancy Medina Ruiz, quien a su vez lo inform贸 a la propia directora Ang Hern谩ndez, quien en documentos es la responsable de dicha cuenta.

Ang Hern谩ndez y Guti茅rrez D铆az coinciden en que se pusieron en contacto directo con el banco para conocer el origen de la transferencia, la cual se hizo a las 13:19 horas, bas谩ndonos en el horario de la Ciudad de M茅xico, 

El banco no pudo proporcionar informaci贸n inmediata ni resolver el acto reclamado, pero se comprometieron a hacer una auditor铆a especial en las computadoras de Bisom para comprobar el origen del movimiento. Fue de esa forma que se lleg贸 a la conclusi贸n de que la transferencia se origin贸 en la computadora de Jes煤s Enrique. 

Al d铆a siguiente, Alejandra Ang le pidi贸 todas sus llaves y accesos, ante la p茅rdida de confianza que ten铆a en ese momento. El acto seguido fue turnarlo a Recursos Humanos para su remoci贸n.

Fernando Rosales,

Durante meses, el imputado acudi贸 a las citas de la FGE para presentar su testimonio como v铆ctima, cuando de forma inesperada se volvi贸 acusado. Entonces busc贸 un abogado e inici贸 el proceso judicial.


EL EXPEDIENTE

Dentro de la carpeta de investigaci贸n analizada por ZETA se desprenden m谩s de diez testimonios de diversas fuentes municipales, donde s贸lo se indica la forma de trabajo dentro de Bisom y que Guti茅rrez D铆az era uno de los que ten铆a capacidad para maniobrar el dinero de unas cuentas.

Tambi茅n obran documentos que confirman la transferencia y una petici贸n a la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para conocer al propietario de la CLABE Interbancaria 00127905013763772093 de Banco Azteca.

En un oficio devuelto por el organismo federal el 30 de marzo de 2021 y dirigido al entonces fiscal regional, Pedro Ariel Mend铆vil, se les indic贸 que la informaci贸n proporcionada a la CNBV era err贸nea y no pod铆an facilitar datos sobre el dep贸sito ni la cuenta destino.

El problema fue que el oficio enviado por la FGE proporcion贸 la CLABE Interbancaria y no el n煤mero de cuenta, que si bien puede extraerse uno de otro, en el documento les solicit贸 que proporcionaran 14 d铆gitos y no los 20 que emitieron.

La investigaci贸n manten铆a su curso, pero el fiscal regional de Mexicali renunci贸 a su cargo para formar parte del equipo del actual Ayuntamiento capitalino. A partir de ello, la carpeta de investigaci贸n se estanc贸, pues se dej贸 de avanzar en diligencias y nunca se rectific贸 la petici贸n.

Este Semanario pudo rastrear un poco de informaci贸n de la cuenta bancaria y detect贸 que el nombre del usuario s贸lo se identific贸 como LUFY, registrado mediante un n煤mero de celular 376-377-2093, cuya clave Lada es de al menos 15 comunidades peque帽as del Estado de Jalisco. 

ZETA entrevist贸 a Alejandra Ang sobre lo ocurrido y pr谩cticamente todo coincide con la declaraci贸n de Jes煤s Enrique Guti茅rrez. Incluso, reconoci贸 que dentro de las computadoras de Bisom hab铆a un software remoto no autorizado para operar el equipo desde cualquier otra parte, el cual fue identificado como Remote and Utilities, de f谩cil acceso, incluso existe una versi贸n gratuita.

Esto tambi茅n fue externado por el testigo Erik Manuel Gonz谩lez Casta帽eda ante la fiscal Yessica Yesenia Meza Ochoa, ex titular  de la Unidad de Investigaci贸n de Delitos contra el Patrimonio Sociedad, Estado y Justicia.


AYUNTAMIENTO OFRECI脫 QUE S脫LO SE HICIERA UN PAGO

鈥淓llos s铆 me contaron que no quer铆an continuar el proceso ni que tampoco me privaran de la libertad, pero pues hab铆a sido ya la oportunidad de llegar a un acuerdo para evitar esa situaci贸n. De continuar con la audiencia intermedia, sab铆amos que para m铆 es dif铆cil cubrir esa cantidad, pero la finalidad era 聽llegar a ganar tiempo鈥, refiri贸 el acusado, quien dijo ser el primer interesado en esclarecer el hecho.

Durante varios meses habl贸 con una mujer de nombre Paola Uribe, que se identific贸 como apoderada legal del Ayuntamiento de Mexicali. Ella le dijo que quer铆an concluir con el proceso judicial mediante un acuerdo en el que no pisara la c谩rcel.

Norma Bustamante, foto: Cristian Torres

Seg煤n Plataforma Nacional de Transparencia, en el Ayuntamiento de Mexicali existe una trabajadora de nombre Silvia Paola Uribe Alvarado, cuyo cargo es secretaria de Acuerdos.

Fue ella -seg煤n Guti茅rrez D铆az- quien le coment贸 su intenci贸n de acordar un esquema de parcialidades a 36 pagos, con la intenci贸n de concluir el proceso.

Al hacerle ver que estaba imposibilitado de devolver 83 mil pesos mensuales, la representante municipal le indic贸 que se preocupara s贸lo por brindar el primer pago. Y es que los acuerdos reparatorios obligan a las partes a realizar una audiencia posterior para demostrar que se est谩 cumpliendo con el compromiso.

鈥淓l mismo Ayuntamiento sab铆a que para m铆 era imposible cubrir esa cantidad; qued茅 hacer el primer pago y aguantar, no dar aviso del incumplimiento del acuerdo para a los tres a帽os鈥, revel贸.

Cuestionado respecto a si le pidieron pagar s贸lo la primera mensualidad y se comprometieron a no notificar al Juzgado en las siguientes, Guti茅rrez confirm贸:

鈥淪铆, eso fue lo que platicamos con el Ayuntamiento, yo estuve platicando con Paola Uribe, est谩 en el Departamento Jur铆dico y es representante del Ayuntamiento鈥.聽

El objetivo, entonces, era que Guti茅rrez D铆az cubriera el primer pago para demostrarle al juez que se estaba cumpliendo con el compromiso. Sin embargo, ambos se desentender铆an de los siguientes pagos y el gobierno municipal no notificar铆a del incumplimiento al Poder Judicial.

Sin embargo, coment贸, la presi贸n medi谩tica y pol铆tica, cambi贸 el escenario y, tras varios d铆as de intensa cr铆tica, el Ayuntamiento decidi贸 romper el acuerdo y obligarlo a pagar todas las mensualidades.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela, afirm贸 que el proceso judicial tuvo que reabrirse debido a que Guti茅rrez D铆az no cubri贸 la segunda mensualidad. Por lo tanto, el caso pasar铆a a la etapa intermedia, donde solicitar铆an una mayor suma a los 3 millones que se desfalcaron inicialmente.

Neg贸 que ellos propusieran el acuerdo reparatorio y adelant贸 que ya no aceptar铆an otro esquema alternativo de soluci贸n del conflicto, debido a que la persona incumpli贸 con el esquema planteado.

Sobre el destino del dinero, el funcionario reiter贸:

鈥淣o tenemos esa informaci贸n, leyendo un poco del tema del expediente es una pregunta que es importante que nos debemos hacer, todav铆a no se sabe d贸nde qued贸 el dinero, la FGE lleva a cabo investigaciones, pero no tenemos idea de d贸nde est谩 ese dinero鈥.

ZETA solicit贸 una entrevista con la fiscal Hortencia Noriega para conocer los avances del hecho, pero la instituci贸n decidi贸 no emitir declaraciones.


BISOM CAREC脥A DE PROTOCOLOS Y MANUALES 

Alejandra Ang Hern谩ndez asegur贸 que cuando lleg贸 a la dependencia se percat贸 de que los manuales de procedimientos no estaban actualizados, que hab铆a mucho desorden en el manejo del recurso y que la banca m贸vil ten铆a poco de haberse implementado.

En entrevista, refiri贸 no tener certeza de que el acusado fuera el responsable, pero al tener acceso a los tokens, era evidente que deb铆a responder por lo ocurrido.

Agreg贸 que cuando se enter贸 que hab铆a un software de acceso remoto dentro del equipo, le hizo pensar que el desfalco pudo ser de mayor nivel del que consideraron en un primer momento.

A ra铆z de este caso, tuvieron que modificarse los protocolos y procesos dentro de Bisom, a fin de evitar que situaciones de esa naturaleza ocurrieran dentro de la administraci贸n municipal, incluso para ella, si se hubieran tenido mejores controles, el desv铆o de recursos no habr铆a pasado.

Ser谩 en noviembre pr贸ximo cuando la audiencia intermedia se lleve a cabo para responder por el delito de suplantaci贸n y usurpaci贸n de identidad, el cual fue reclasificado a peculado. Sin embargo, Jes煤s Enrique Guti茅rrez D铆az anunci贸 que la pr贸xima semana presentar谩 una denuncia por el desfalco cometido durante la pasada administraci贸n, pues quiere limpiar su nombre y llegar a las 煤ltimas consecuencias, con la intenci贸n de obligar a la FGE a que vuelva a pedir informaci贸n a la CNBV sobre la cuenta a la que se dirigi贸 el dinero.

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro 鈥淧eriodismo de Investigaci贸n en el 谩mbito local: transparencia, Acceso a la Informaci贸n y Libertad de Expresi贸n鈥
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