Además, según la Administración capitalina, fueron atendidas 24 mujeres policías. Asimismo, se realizó el traslado de tres civiles y una oficial a un hospital por lesiones no graves. Añadió que se aseguraron objetos peligrosos como martillos, mazos, tubos, bates, palos, cadenas metálicas, latas de pintura en aerosol y recipientes con líquidos inflamables.
Asimismo, Jesús Ociel Baena Saucedo, el autodenominado “magistrade” del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEAGS), pasó a la siguiente fase con 72 aciertos, y a pesar de que se amparó para que le dieran su lugar como persona no binaria, fue integrado a la lista de los hombres. Además, Luisa Rebeca Garza López, mujer ransgénero, incluida en el listado de mujeres, aprobó con 60 aciertos.
También se establece en la propuesta, que el Poder Ejecutivo de la Unión, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley llevado a cabo ante autoridad competente, “podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”.
Ugalde Ramírez citó un tuit del medio digital Político MX, que publicó un video, en el cual el presidente del INE indicó que estaba “seguro”, que “muy pronto”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sería “acosada desde el poder”, ya que afirmó que el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador representaba "un poder autoritario y repelente a las autonomías".
Asimismo, el mandatario nacional dijo que en su Gobierno haBÍA más mujeres que hombres en los cargos decisivos, lo que pudo comprobar, según él, al reunirse con servidores a lo largo de la República, de los cuales, dijo, 70 por ciento eran mujeres.
El presidente mencionó que el PJF contaba con fideicomisos para compensaciones, pensiones, atención médica, venta de publicaciones y proyectos, mantenimiento de casas de jueces y magistrados, apoyo para la administración de justicia, entre otros. Asimismo, reiteró que su llamado "plan B" en materia electoral, busca evitar los privilegios de funcionarios del INE sin dañar la democracia.
Después de hacer largas filas, los aspirantes al cargo de consejeros electorales ingresaron al Salón de Plenos de San Lázaro, alrededor de las 11:10 horas, sin teléfonos celulares, relojes inteligentes, bolsas, mochilas o maletas, para después comenzar a responder, en una tableta electrónica, las 80 preguntas del examen en materias constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos.
Las impugnaciones a la suspensión dictada por Pérez Dayán, fueron turnadas a una de las ministras de la Segunda Sala de la SCJN, donde están adscritas Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf. Hasta el momento suman al menos 49 controversias constitucionales admitidas contra el llamado “plan B” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.
“Los militares no estaban usando Pegasus para combatir el crimen […] El Ejército estaba espiando a los civiles para protegerse”, señaló Luis Fernando García Múñoz, director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ayudó a descubrir el informe militar.
“Estamos aquí especialmente para presentar una denuncia contra García Luna por traición a la patria y realmente no lo estamos diciendo solamente nosotros, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ha reconocido, lo ha anunciado la Fiscalía”, aseguró LeBarón Jones.
