La fuerza policial de la Fiscalía General del Estado (FGE) Ensenada es de 266 elementos, de los cuales 24 tienen problemas para recibir una pensión vitalicia, ante la falta de reglamentación en materia de seguridad pública.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, la joven gobernadora de Baja California, tiene la responsabilidad de cumplir con lo que su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, no pudo: la impunidad política.
Baja California Sur es uno de los estados más golpeados por la pandemia. Sólo en 2019, el Gobierno del Estado anunció una caída del 8.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y la brecha aumentó para 2020 a 13%, descenso aún mayor que la franja nacional estimada en 9.1%
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de nuevo demostró cómo la justicia en Baja California Sur no es expedita. Apenas se logró recapturar a uno de los más peligrosos sicarios generadores de violencia en la entidad de 2014 a 2020.
Luego de firmar un compromiso para combatir la corrupción y fomentar la transparencia durante la nueva administración del Gobierno de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que las investigaciones que se podrían iniciar en su gestión, alcanzan a funcionarios de Jaime Bonilla.
En los dos años de gestión del gobernador Jaime Bonilla Valdez, pese a sus promesas de combate a la corrupción, sólo se judicializaron cuatro investigaciones contra funcionarios públicos (de esta y la anterior administración), de 236 expedientes generados por la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) de Baja California, a cargo de Vicenta Espinosa Martínez.
Como una moneda de cambio para convenios políticos y quebrantado por miles de millones de pesos a causa de omisiones estatales, municipales y decisión unilateral del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) enfrentará un precedente de ilegalidad por decreto.
El bienio encabezado por Jaime Bonilla Valdez, suma 5 mil 953 víctimas de homicidio del 1 de noviembre de 2019 hasta el 27 de octubre y contando. De total, 93 víctimas fueron menores de edad y 620 mujeres.
Para el abogado Carlos Atilano Peña, la expropiación de los campos de beisbol de Playas de Tijuana, emprendida por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez el martes 26 de octubre, constituyó “un acto autoritario”, pues el procedimiento obedeció al argumento de que el terreno estaba siendo fraccionado para su venta, con todo y que la Liga deportiva a cargo “podía disponer del inmueble” siempre y cuando preservara la sección destinada a la práctica del deporte, manifestó el litigante en entrevista con ZETA.
El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, Gustavo Díaz Tronco, ofreció una conferencia de prensa en la que arremetió en contra del decreto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el que busca un proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera.
