Se abrió investigación contra Bonilla por conflicto de interés: Vicenta Espinosa

Fotos: Cristian Torres
Edición Impresa lunes, 1 noviembre, 2021 12:06 PM

De 236 expedientes de investigación generados por la Secretaría de Honestidad y Función Pública contra funcionarios, cuatro se lograron judicializar en dos años. Quedan pendientes para la nueva administración los moches, el desvío de recursos en el Isesalud, el conflicto de interés de Jaime Bonilla, el desvío de recursos del ex gobernador “Kiko” Vega, entre otros casos. En entrevista para ZETA, Vicenta Espinosa aseguró que puso orden en la dependencia a su cargo

En los dos años de gestión del gobernador Jaime Bonilla Valdez, pese a sus promesas de combate a la corrupción, sólo se judicializaron cuatro investigaciones contra funcionarios públicos (de esta y la anterior administración), de 236 expedientes generados por la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) de Baja California, a cargo de Vicenta Espinosa Martínez.

La razón de este resultado fue el tiempo, la pandemia y la falta de cooperatividad por parte de otras dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Guillermo Ruiz Hernández, aseguró en entrevista para ZETA la ex precandidata de Morena a la alcaldía de Tijuana, a tres días de dejar el cargo.

Los pendientes que deja para la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y que le tocará resolver a la nueva titular de la SHFP, Rosina del Villar Casas, será llevar -entre otros casos- la investigación por presunto conflicto de interés entre Bonilla, la constructora Makro y el medio de comunicación PSN, propiedad del gobernador.

La aún secretaria de Función Pública aseguró que a raíz del reportaje publicado por ZETA (edición 2480), en el cual se exponía el conflicto de interés, por parte de la dependencia se abrió un expediente e inició una investigación de oficio en contra del mandatario.

Otro pendiente que deja son 46 observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, de 91 mil 317 declaraciones patrimoniales, sólo 227 expedientes están en investigación de verificación patrimonial por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y siete pudieron determinarse como una falta grave.

Vicenta Espinoza

Sobre el escándalo de los moches, en los que el ex oficial mayor, Jesús Núñez; la ex secretaria de Bienestar, Cynthia García; y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, habrían participado en negociaciones con empresarios para futuras licitaciones a cambio de sobornos, Espinosa aseguró que giraron cerca de 30 oficios a diferentes dependencias, pero no los atendieron. Otro tema que quedará para la nueva titular de la SHFP.

Pese a todos los pendientes que deja Espinosa Martínez, ella se defiende aseverando que su trabajo fue poner orden en la secretaría, porque cuando la recibió no había ni personal, ni la estructura para llevar a cabo el trabajo de auditar a las dependencias y funcionarios.

Al final, aseguró que nunca siguió órdenes de Jaime Bonilla Valdez, que trabajó con autonomía, misma que desea, mantenga la nueva titular, Rosina del Villar Casas.

“Esperamos que continúe el proyecto de trabajo en cuanto a investigaciones, fiscalizaciones y revisiones de todas las entidades para el correcto uso de los recursos. Que se siga con independencia y no meta las manos la gobernadora, como no lo hizo el gobernador en las investigaciones y revisiones que encabecé”, dijo.

A continuación, la entrevista sostenida por ZETA con Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública saliente.

¿Se investigará al gobernador por el conflicto de interés entre PSN y la constructora Makro?

“Está de oficio a partir de su publicación. Se abrió una investigación oficiosa, de hecho, Makro ya tiene otras investigaciones, pero ya le tocará a la nueva administración darle seguimiento”.

¿No se revisó a quién le estaban adjudicando contratos? 

Makro no tenía un antecedente ante la Secretaría de Función Pública, se tenía un antecedente noticioso, pero la administración no abrió ninguna investigación al respecto”.

¿Qué pasó con la investigación sobre los distintos casos de desvío de recursos en Isesalud?

“Están en investigación, la última revisión que se tuvo fue la presentación de documentación por parte de la Secretaría de Salud al Órgano Interno de Control y se estaba analizando, es lo último que teníamos de avance. La investigación concluirá con un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), sin embargo, ya no nos va a tocar, será la siguiente administración. Me hubiera gustado que se llegara al IPRA”.

En un ejercicio de autocrítica, ¿por qué no se obtuvieron los resultados? 

“Nos faltó tiempo, no sólo por los dos años, nos faltó tiempo por la pandemia, nos suspendieron todas las fechas y plazos. Fue alrededor de un año en el que no podía actuar, estamos hablando que empecé actuar desde enero a la fecha. Fue muy poco el tiempo para organizar y acomodar todo de nuevo, no se tenía nada en orden”.

¿Teme que la investigue la siguiente administración?

“No. Al contrario, que lo hagan es parte del trabajo de la Secretaría de Honestidad y Función Pública”.

¿Trabajó bajo las órdenes del gobernador?

“El hecho de que yo hiciera algo que me instruyeran, hubiera sido motivo de presentar mi renuncia. Cuando había consultas o temas de revisión, nunca hablé otra cosa que no fuera lo correcto”.

¿Deja la Secretaría de Honestidad y Función Pública mejor, igual o peor de como la recibió?

“Dejo una secretaría mejor que la que recibí, sin duda. No había ni pies, ni cabeza”.

—El Gobierno del Estado le debía o no a la Comisión Federal de Electricidad.

“Sí se debía a la CFE, pero también se había cobrado mal. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) debe reconocer que se cobró de más. Para no tener conflictos, sugerimos un convenio para poder pagarlo, la CRE dijo que revisará si debe haber una compensación por un cobro irregular”.

— ¿Hubo expediente o denuncia por alguna irregularidad contra Fisamex?

“No veo nada oscuro detrás de Fisamex, ninguna irregularidad, es otra empresa como cualquier otra que se contrata para un servicio, a diferencia que esta también trajo dinero a las arcas del Estado”.

Foto: Cortesía.- Titular de Honestidad y Función Pública en Baja California, Vicenta Espinosa Martínez

— ¿Cuántas investigaciones iniciaron contra servidores públicos?

“Se iniciaron 236 expedientes, de los cuales 125 están concluidos. Se acreditaron hechos y se elaboraron los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa de 28 asuntos. De 236 expedientes, 28 ya tienen una presunta responsabilidad de un funcionario”.

— ¿Denuncias penales?

“Logramos cuatro denuncias penales, las cuales han sido muy sonadas, una de ellas, la de los mil 200 millones de pesos descontados a empleados, un 2% donde se beneficiaba a un partido y una asociación. Ante la Fiscalía General de la República se presentó otra por desvío de recursos de participaciones federales en 2019, por 361 millones y 69 millones de pesos”.

— ¿Con cuántos comités ciudadanos de revisión de obras contaban?

“Cuando llegamos, supuestamente había una sola persona, que era el encargado de la Controlaría, había supuestamente 55 comités de obra, que todos eran simulados, sólo uno existía y no sabía qué hacer, no le daban seguimiento. Hoy tenemos 120 comités que están trabajando y realizan informes, detallando si hay alguna irregularidad en las obras”.

— ¿Cuántas inspecciones realizó?

“De noviembre a diciembre de 2019 se realizaron 133 inspecciones de fiscalización en compañía de la Secretaría de Función Pública. De enero a diciembre de 2020 se realizaron mil 344, y de enero a septiembre de este año, 775; en toda la gestión se realizaron 2 mil 255 en todo el Estado”.

— Hubo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuántas revisaron? 

“En 2019 recibimos 45 observaciones, de las cuales se concluyeron 19, quedando pendientes 26. Para 2020 recibimos 20 observaciones, ninguna concluida, porque apenas se presentó la auditoría. En 2019 fueron 319 millones observados, mientras que para 2020 se auditaron 170 millones de pesos. El resto le tocará a la siguiente administración resolverlo”.

— ¿Quedan auditorías pendientes?

“Nos quedan tres auditorías de recursos federales: una para Fondo de Accesibilidad al Transporte Público para Personas con Discapacidad; el otro es Programa de Agua Potable para Comunidades Rurales, y otra por alcantarillado y saneamiento”.

— ¿Cómo se han resuelto las sanciones administrativas que ha generado la Secretaría de Honestidad y Función Pública?

“De 2019 a 2021, de las sanciones generadas por las investigaciones se obtuvo en 39% de los casos una inhabilitación; 34% fueron amonestados, 21% recibieron una sanción económica, 4% fueron suspendidos temporalmente y sólo un 2% obtuvo una restitución.

“Las sanciones de suspensión temporal son las del Sistema Estatal Anticorrupción, que nunca nos permitió sesionar en ninguna administración. Eran suspensiones temporales para que nosotros y la Auditoría Superior del Estado pudiéramos hacer la auditoría, porque no nos permitían abrir las puertas siquiera para revisar”.

— ¿Hubo sanciones en cuanto a las declaraciones patrimoniales de servidores públicos?

“El Departamento Jurídico Contencioso logró impulsar la presentación de 145 expedientes de responsabilidad patrimonial, 60 ya están en juicios de nulidad, 62 en juicios de amparo y siete en revocación. Durante 2021 se han presentado 163 promociones. Hemos logrado tener 227 expedientes en investigación de verificación patrimonial por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y llevamos siete expedientes con una posible falta grave”.

— ¿Cuántas declaraciones se recibieron?

“Por medio de los órganos de Control Interno se obtuvieron del 4 de noviembre de 2019 al 15 de octubre de 2021, un total de 91 mil 317 declaraciones patrimoniales. En 2019 fueron mil 229; en 2020 se recibieron 15 mil 239, y para 2021, en total 74 mil 849”.

— ¿Qué otros procesos están pendientes?

“De 105 procesos en substanciación, cuatro están pendientes de resolución; hay 40 con IPRA (Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa) y 24 ya cuentan con una ejecución de sanción. Una vez entregado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, queda que se fije una sanción y por otro caso las denuncias que se puedan judicializar a través de la Fiscalía General del Estado”.

— ¿Qué rescata de su reunión del 27 de octubre en la Cámara de Diputados?

“Lo que hicimos con el tema del agua, lo quieren replicar en otros estados. Me sorprendió que estuviera Fisamex en la reunión, compartiendo los casos de éxito de Baja California. Ahí mismo algunos alcaldes y diputados le solicitaron una tarjeta para contratar a la empresa”.

Muchas gracias.

 

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