En los dos años de gestión del gobernador Jaime Bonilla Valdez, pese a sus promesas de combate a la corrupción, sólo se judicializaron cuatro investigaciones contra funcionarios públicos (de esta y la anterior administración), de 236 expedientes generados por la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) de Baja California, a cargo de Vicenta Espinosa Martínez.
