Marina del Pilar Ávila Olmeda, la joven gobernadora de Baja California, tiene la responsabilidad de cumplir con lo que su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, no pudo: la impunidad política.
El ex mandatario prometió en campaña y alardeó durante su corto gobierno, que metería a prisión no sólo al también ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, también a aquellos funcionarios que le acompañaron y, se presume, causaron daño al erario. Transaron, cobraron moches, comisiones. Pero a lo más que pudo llegar, fue a que la esposa de “Kiko”, Brenda Ruacho, regresara poco menos de 7 millones de pesos con los que se había quedado en una cuenta personal, pero que correspondían a donativos entregados por ciudadanos al gobierno para construir en favor de los menos privilegiados.
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La ex primera dama del Estado en la última administración panista, se había quedado con el dinero del gobierno y del pueblo para ella, en una cuenta personal. Tan es así, que no fue sino hasta 19 meses después de haber abandonado la administración su esposo, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado para devolver lo que se había llevado a cambio de no ser procesada, y probablemente encarcelada.
El acuerdo legal con Brenda Ruacho, legal, pero inmoral, fue lo más cerca que estuvo Jaime Bonilla de llevar a prisión a su predecesor. Pero decidieron negociar con la esposa de Francisco Vega y evitarle la pena de un antecedente penal al haberse llevado lo que no le pertenecía. Y es evidente que, por el tiempo transcurrido, 19 meses, no tuvo la intención de regresar los millones de pesos hasta que no le fueron legalmente requeridos.
De Francisco Vega de Lamadrid, sobran irregularidades, todas documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, sobre desvío de recursos y denuncias realizadas por interesados, que fueron burlados por la administración panista. Pero no se revisaron los convenios o los contratos que entregó su gobierno cuando Antonio Valladolid era secretario de Finanzas, o cuando Miguel Ángel Bujanda era su secretario privado, aunque ahora esté de lado de Morena en el primer círculo de la alcaldesa de Tijuana.
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Bonilla denunció, al menos lo hizo a través de su secretario general, ante la FGE, el desvío de recursos de Vega, pero las investigaciones están congeladas, por decir lo menos. No ha habido justicia para Baja California.
Ahora Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene la responsabilidad de cumplirle a los bajacalifornianos y hacer que prevalezca el Estado de Derecho, en una entidad que ha sobrevivido a varias administraciones corruptas, incluida la inmediata anterior.
En efecto, la mandataria debe llevar ante la justicia no sólo a quienes durante el sexenio de Vega de Lamadrid abusaron del poder para hacerse de recursos y cometer irregularidades y actos de corrupción, comprobados por la Auditoría Superior del a Federación, pero nunca investigados, sino denunciar a quienes actuaron con la misma táctica corrupta en el bienio de Jaime Bonilla Valdez.
El compromiso de Ávila Olmeda es doble, pues no sólo debe llamar a cuentas a los panistas (algunos de los cuales están en su administración), sino a aquellos que, aprovechándose de Morena y de la mano de Bonilla, abusaron del poder para perpetrar actos ilícitos.
Para ejemplo, ahí está el caso de los moches en la administración de Bonilla, el primer acto de corrupción en el bienio del ex gobernador, cuando testigos denunciaron la entrega de millones de pesos a tres funcionarios del primer círculo de Bonilla: Cynthia García, de hecho, la única sacrificada políticamente; Jesús Núñez, quien terminó como comisionado del Sistema Estatal Penitenciario; y Amador Rodríguez Lozano, quien concluyó su gestión como secretario general de Gobierno.
A los dos primeros, Bonilla los despidió casi en el acto de darse a conocer los moches millonarios, al tercero lo protegió hasta el final.
En la Fiscalía General del Estado dicen que el caso no avanzó porque los empresarios que dieron los moches no quisieron declarar. Temen represalias, temen verse en un problema que trascienda el dinero. Ciertamente, es probable que durante la pasada administración, tuvieran esos temores o que hubiesen sido amedrentados, pero en el nuevo gobierno se les pueden ofrecer garantías de seguridad para llevar ante la justicia a los señalados de corrupción.
Aunque ese es sólo un caso, durante el bienio bonillista se gastó mucho más dinero del que ingresó, ya se ha dicho incluso por parte de la gobernadora Ávila, lo cual podría constituirse en un delito, en desvío de recursos. Además, hay tanto por investigar, como los créditos que fueron solicitados y los acuerdos a los que se llegaron, las pocas obras concesionadas, los contratos por productos y servicios contraídos, el uso irregular del helicóptero de seguridad.
Y también, la investigación que se supone, la secretaria de Honestidad dejó abierta sobre el posible conflicto de intereses en que pudo incurrir el ex gobernador morenista al encargar, durante su bienio, la remodelación de sus oficinas particulares a una empresa proveedora del gobierno que, al momento de realizar la obra, también trabajaba para la administración pública estatal de Baja California.
Mucho trabajo tendrán los colaboradores de Marina del Pilar en el área jurídica si, como dice, está comprometida a investigar y castigar la corrupción, la del PAN y la de Morena, sin que sea -como lo ha referido- “una cacería de brujas”, pero sí un acto de justicia, de esos que le hacen falta a Baja California y en los que la primera mujer gobernadora puede poner el ejemplo de que acá, efectivamente, la corrupción no se tolera. Ni la impunidad.
