Miguel Ángel Bujanda y Marcelo de Jesús Machain Servín ejercen respectivamente como secretario de Gobierno y oficial mayor del Ayuntamiento de Tijuana, y al mismo tiempo, son operadores de la campaña a la Presidencia de la República de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum
Mientras al interior de la Fiscalía General del Estado, elementos denuncian de manera anónima para no sufrir las consecuencias, la corrupción que impera entre mandos y grupos del crimen organizado, así como quienes operan maquinitas en BC o tiendas de venta de vapeadores, a quienes les cobran cada semana por dejarlos operar, la fiscal general María Elena Andrade, quien ha decidido ignorar los señalamientos y las denuncias públicas, muy al modo de la gobernadora y las redes sociales, presume en sus cuentas lo a gusto que se la pasa… en el mar.
Once candidatos a diversos cargos federales y otros 14 a nivel local, han solicitado protección especial para la campaña; SSC analiza peticiones de algunos y serían con cargo al erario
Lo preocupante es que, ante la ceguera institucional, se prefiere invertir tiempo y aparentemente recurso en indagar la línea editorial de un medio de comunicación para prever las investigaciones periodísticas que se publicarán, en lugar de ordenar una investigación interna para comprobar o desechar los señalamientos de corrupción, sobornos y complicidad de funcionarios de la FGE con miembros del narcotráfico en Baja California
¿Cómo va Batman a su funeral?
Batieso.
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Se abre el telón.
Acto 1: Aparece una piedra.
Acto 2: Aparece la misma piedra.
Acto 3: Sigue apareciendo la misma piedra.
Se...
La alcaldesa de Tijuana anda desatada. Montserrat Caballero había solicitado licencia al cargo con la esperanza de lanzarse por la reelección, pero cuando su partido no la favoreció con la candidatura, a pesar que ganó las encuestas y se la concedió a Ismael Burgueño, inmediatamente dijo que impugnaría. Pero luego reculó.
Es más que evidente que a los gobiernos morenistas en Baja California no se les da eso de la transparencia, pues con frecuencia ocultan contratos que deberían ser públicos y de oficio. Restringen por cinco años investigaciones de corrupción, pese a ser una de las dos excluyentes para no tener que impedir la publicación de información gubernamental.
