Es más que evidente que a los gobiernos morenistas en Baja California no se les da eso de la transparencia, pues con frecuencia ocultan contratos que deberían ser públicos y de oficio. Restringen por cinco años investigaciones de corrupción, pese a ser una de las dos excluyentes para no tener que impedir la publicación de información gubernamental. El descaro les llega, sabedores de que nada pasa si incumplen con la Ley y el compromiso social de rendir cuentas sobre el manejo del recurso público. Durante 2024, los entes más importantes del Estado y los ayuntamientos simplemente han decidido incumplir con toda información de contratos, actualización de nómina y otros acuerdos relacionados con el manejo del recurso público. Basta entrar a Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para observar que dependencias como la Secretaría del Bienestar o el Ayuntamiento de Mexicali han dejado de actualizar sus datos desde 2023, cuando están obligados a actualizarlos cada tres meses como plazo máximo. De pretender conocer los contratos de obra pública, prestación de servicios y demás que se han signado durante el año, se encontrará imposibilitado de hacerlo, debido a que no se han actualizado. Este tipo de conductas opacas resultan interesantes a casi cinco meses de iniciado el ejercicio fiscal 2024, año que tiene el ingrediente de contar con un proceso electoral, en el cual los gobiernos municipales están en juego, además de las diputaciones locales, federales, Senado y Presidencia de la República. Si lo de ser transparentes no se les da a los gobiernos de Morena, menos el ser cumplidos con la Ley. La duda es si habrá autoridad alguna en exigir respeto y cumplimiento con la transparencia a los gobiernos en BC. ¿Les suena el ITAIP? ¿Está de adorno? ¿Cooptado? Es duda ciudadana.
Publicidad
