Once candidatos a diversos cargos federales y otros 14 a nivel local, han solicitado protección especial para la campaña; SSC analiza peticiones de algunos y serían con cargo al erario
Publicidad
Es tal el nivel de descaro de la clase política bajacaliforniana, que 29 candidatos a los diversos cargos de elección popular a nivel local y federal, solicitaron protección particular -escoltas- para realizar sus acciones de campaña en toda la entidad.
De ellos, cuatro desistieron de sus intenciones, dejando un total de once candidatos a nivel federal (diputados federales y senadores) y 14 que buscan las presidencias municipales y diputaciones.
Uno de los últimos aspirantes en solicitar protección especial es nada menos que el candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, quien por un lado presume los resultados de los gobiernos morenistas en materia de seguridad, y por otro, pide protección de los cuerpos de seguridad del Estado.
Publicidad
Si bien, México es un país donde cada proceso electoral cobra la vida de candidatos o aspirantes -más de 30 durante todo el proceso electoral han perdido la vida en toda la República-, Baja California no figura en la incidencia delictiva relacionada con el proceso electoral, salvo por un episodio ocurrido la semana anterior, en el que una candidata a regidora del PRI en Ensenada fue víctima de un ataque en contra de su automóvil; además de dos amenazas con mantas colocadas en Mexicali, las cuales -cabe señalar- no son en contra de candidatos locales, sino de servidores públicos o ex funcionarios de primer nivel.
Pese a ello, los órganos electorales han recibido una cantidad importante de peticiones para contar con seguridad especial o vigilancia, lo cual debe ser revisado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual mediante un estudio de riesgo determina si es necesaria la comisión de escoltas.
Pese a que el General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán se ha manifestado en contra del excesivo uso de escoltas por parte de funcionarios de la administración y de otras comisiones, ha tenido que ceder algunos de sus agentes para la protección de candidatos, quienes buscan tener vigilancia durante sus cruceros o eventos públicos y privados, sin importarles que su solicitud resta elementos para el combate a la inseguridad en las comunidades más marginadas.
En tiempos donde la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, duerme en las instalaciones del cuartel militar para garantizar su seguridad, donde los candidatos de Morena (partido que gobierna) presumen resultados y la simpatía de la gente, por otro lado, solicitan protección porque temen sufrir un ataque en su contra y nadie se preocupa por garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino la personal.
Es cierto, pueden darse casos serios y situaciones de riesgo, ningún ciudadano está exento de ser víctima de la violencia, pero los candidatos sí desean tener esa protección. Es decir, los candidatos del PRI, PAN y Morena, representan a partidos cuyo ineficiente gobierno provocó los resultados de inseguridad que se viven en el Estado y ahora quieren protegerse de su desastre y cargar la cuenta a los ciudadanos.
Aunque la sola solicitud infundada por parte de los candidatos es irrisoria, ninguno de ellos tiene interés en cubrir el pago correspondiente por los servicios, pues como es sabido, la renta de protección por elementos de seguridad del Estado tiene un costo mensual de 40 mil pesos, y que por tratarse de un proceso electoral, no los cubren.
En caso de requerir este tipo de protección, los candidatos deberían estar obligados a que dichos servicios formen parte de sus gastos de campaña, ya sea por aportaciones o directamente de las prerrogativas de los partidos, y se cobraran directamente por parte del Estado o el gobierno municipal.
