Fueron requeridas dos alertas de los Estados Unidos y un atentado en contra de una ambulancia, para que el fiscal Guillermo Ruiz Hernández entendiera que la situación de violencia en el Valle de Mexicali es un tema importante.
El 18 de mayo de 2019, el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) diez promesas de campaña, con las cuales pretendía iniciar la Cuarta Transformación en Baja California.
Pocas administraciones han tenido a un gobernador tan desacreditado como el que se tiene actualmente, Jaime Bonilla Valdez, a menos de dos años de gobierno y con meses para finalizar el mismo. Su frenética caída en torno a su popularidad ha provocado que incluso se le falte al respeto, como abiertamente lo ha hecho el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, quien sin preocupación lo acusa de “loco”.
La tarde del domingo 28 de marzo me encontraba en casa descansando, después de una intensa semana con varias actividades de carácter electoral, cuando en punto de las 17:43 horas, recibí un llamado del teléfono (686) 397-8103, el cual no obra en mi lista de contactos.
Existe un vínculo muy cercano entre el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, y el casinero Jorge Hank Rhon, al grado que el ex inquilino de “El Hongo”, se refirió a él como “mi compadre”.
Este domingo 21 de marzo, a las 14:00 horas, formalizará sus intenciones para contender por la gubernatura de Baja California, la presidente municipal de Mexicali con licencia, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien desde diciembre 2020 arrancó su campaña “informal” en busca de la oficina principal del edificio del Poder Ejecutivo.
Cada día, el gobernador Jaime Bonilla Valdez pierde más y más poder dentro de la administración y de su partido. Su imagen se vuelve más opaca, y los desesperados por mantenerse vigentes en la vida política de Baja California, comienzan a brincar en cargos públicos con miras al futuro.
Desde su fundación, Morena estableció la encuesta como el mecanismo de definición de candidatos. En el partido guinda se “somete” a “consideración” la decisión a la ciudadanía, y se le “pregunta” a la mayor cantidad de ciudadanos su afinidad por determinado aspirante, pero cuando se solicita al partido sobre el proceso de selección, prefieren ocultarlo.
El Centro Integrador del Migrante de Mexicali (CIM) resultó ser una pifia en todos los sentidos. Desde el fracaso en su instalación, la operación de funcionarios y hasta el dinero gastado por un proyecto del que solo fue beneficiada una empresa, pues el proyecto -según un contrato en poder de CachanillaZ- obligaba al Gobierno de México a pagar 1.9 millones de pesos mensuales, por lo que terminó siendo un “gran almacén” de alimentos, camastros, agua y cobijas para atender hasta 3 mil 500 personas y que durante un año permaneció bajo resguardo, como si nadie lo necesitara.
