El gobernador Jaime Bonilla Valdez asumió el poder, replicando el mismo discurso anticorrupción que su amigo íntimo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas únicas similitudes son realmente el color platinado y homogéneo de su cabello y su fanatismo por el beisbol, pues ni política, histórica y mucho menos ideológicamente, tienen algún parecido.
La simulación de los gobiernos de la Cuarta Transformación en torno al combate a la corrupción, ha sido constante y sistemática. Las promesas de cambio en torno a la tolerancia de los actos ilícitos por medio del poder, se han perdido en el aire, y al final prevalece la impunidad de este gobierno y del anterior.
Quienes ya se pasaron de gandallas, son los diputados de la XXIII Legislatura de Baja California, los cuales optaron por excederse en la haraganería y despachar desde la comodidad de su hogar durante las sesiones de pleno.
Uno de los representantes populares más desapegados de la ciudadanía, y sobre todo de la circunscripción que representa, es aquel que conforma la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Demasiado miedo tiene el partido Morena de que se den a conocer los resultados de las encuestas -si es que las hicieron- con las que se eligió a los candidatos a distintos cargos de elección popular en todo el país. Resulta que, por decisión unilateral, la Unidad Concentradora de Transparencia de dicho partido impuso una ilegal reserva de cinco años para que no se conozca nada sobre el tema.
En la que se ha proclamado como la elección más grande de Baja California, y en la que se obtuvo una votación del 38% de la población -la más alta desde 2007-, donde se erigió como ganadora la abanderada de los partidos Morena, PT y PVEM, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tuvimos al Instituto Estatal Electoral (IEE) más pequeño y deficiente que se ha encargado de organizar un proceso electoral.
El sector empresarial de Baja California, sobre todo el de Mexicali, sigue sin entender que no entiende. Así, tan redundante como suena. La cúpula económica de la Capital del Estado no ha comprendido que en 2018 y 2019, cuando 30 millones de mexicanos se volcaron para sufragar en favor del hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en menor medida por el actual gobernador Jaime Bonilla Valdez, la sociedad votó en contra de los políticos corruptos, pero también contra un empresariado impune y corruptor, el cual se benefició de los primeros, aunque no lo acepten.
Mabely Solano Espinoza, jefa del Departamento de Licitación y Obras de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), acusada de haber otorgado un contrato a su cuñado José Miguel Rodríguez Chicuate por un monto superior a 13 millones de pesos, fue separada del cargo debido a la investigación publicada por ZETA.
La misoginia del ex interno del complejo penitenciario El Hongo y actual candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon, no es algo que pueda resolverse con un curso simplón sobre nuevas masculinidades.
A reserva de preguntar a los más longevos analistas políticos del Estado, nunca en la historia de Baja California se ha dado una elección con mayor incertidumbre y confusión, como la que se lleva a cabo actualmente.
