Nos ha quedado muy claro que el gobernador Jaime Bonilla Valdez se siente cómodo dirigiendo la administración pública desde el caos y la incertidumbre, pues así puede amedrentar e intimidar a cualquier que no tenga bien asentados los pies en la tierra.
Este tipo de comportamiento ha permeado en todo el gabinete, donde queda claro que nadie se lleva bien entre sí; por ejemplo, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, y su conflicto contra el titular del sector salud, Alonso Pérez Rico, a quien en cada oportunidad trata de perjudicar.
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O Vicenta y Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, donde también se podría incluir a Salomón Faz Apodaca, secretario de Seproa, a los cuales no se les ve juntos a causa de la evidente animadversión mutua.
Sin embargo, cuando se trata de solapar sus corruptelas, o al menos la falta de transparencia, ahí sí saben ponerse de acuerdo.
En días pasados, el autor de esta columna solicitó vía Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Economía y Desarrollo Sustentable, la documentación relativa al contrato y el proceso de selección que se llevó a cabo por parte del Poder Ejecutivo y la empresa Worldwide Environmental Products, Inc, para ofertar el servicio de verificación vehicular, bajo el argumento de que tiene como objetivo mejorar la calidad del aire en los siete municipios del Estado, sobre todo en Mexicali, donde se registran altos niveles de polución.
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Se trata de cuatro peticiones llevadas a cabo hacia cada institución, con el objetivo de conocer los términos del contrato. Sin embargo, parece que se pusieron de acuerdo, pues todas las instituciones involucradas decidieron “patear el bote”, responsabilizarse entre sí.
Es decir, todos se desentendieron de cumplir con la petición de transparencia, pues mientras que la Secretaría de Hacienda responsabiliza a la Oficialía Mayor del Estado; esta última indicó -al igual que Economía y Desarrollo Sustentable- que el encargado del trato con la empresa fue la General de Gobierno, titulada por Amador Rodríguez Lozano, que a su vez acusa a la dependencia a cargo del empresario Mario Escobedo Carignan.
El caso es que la intención del Poder Ejecutivo es “blindar” el documento para que éste no se filtre ante los medios de comunicación y la sociedad en general, por lo menos hasta que concluya la administración de Jaime Bonilla Valdez, y así poder desentenderse de la responsabilidad.
Nos queda claro que tanto Amador, como Mario y Adalberto (González Higuera), se pusieron de acuerdo para no proporcionar detalles sobre uno de los negocios más turbios del gobierno de Bonilla, lo cual ya es mucho decir. Esto con la intención de retrasar la entrega de la documentación correspondiente y así no tener que rendir cuentas en el actual gobierno.
AUDITORÍA EXTERNA
Donde las cosas pueden ponerse complicadas es al interior del Congreso del Estado, en el cual, por instrucciones de la propia gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha pedido que se lleve a cabo una auditoría externa en torno a los gastos onerosos de varios diputados de la Legislatura XXIII; destacando la investigación a Eva Gricelda Rodríguez, María Luisa Villalobos Ávila, e incluso se especula sobre una revisión minuciosa a las cuentas de la hoy alcaldesa electa, Montserrat Caballero Ramírez, quien tiene un franco conflicto con la futura mandataria.
Realmente, ambas mujeres morenistas se ven como un rival en potencia, puesto que la segunda cuenta con ambiciosas intenciones de gobernar Baja California para la próxima elección constitucional que será en el 2024.
