Cada tres o seis años, según sea el caso, los poderes de Baja California se someten a un proceso de entrega-recepción, con lo que la administración saliente pone sobre la mesa los estados financieros, la nómina, los inmuebles, insumos y deudas con las que arrancará operaciones el nuevo gobierno a iniciar.
No importa el conflicto entre los personajes que ostenten la titularidad, todos los gobernantes se someten a este proceso durante los últimos meses de mandato, y aunque en algunas ocasiones se pide que dicho ejercicio sea de la forma más transparente posible, no todos los actores lo respetan.
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Sin embargo, existe un ente que maneja una gran cantidad de dinero, pero no se rige bajo ninguna Ley o proceso de fiscalización serio: el Congreso del Estado.
Anteriormente considerado el Poder Legislativo más caro del país, y destacando que cada legislador cuenta con una bolsa mensual superior a 600 mil pesos para operar libremente, entre gastos de comisión, apoyo social y su salario, no se ve sometido a un proceso de esta naturaleza. Esta falta de mecanismos de protección permite el robo descarado de instalaciones, equipo, maquinaria y demás.
En fin, el diputado local tiene una bolsa gigantesca a gastar de manera discrecional y puede quedarse con todo lo adquirido.
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En 2019, un servidor llevó a cabo una investigación titulada “Excesos y transas en el Congreso”, donde se pudo identificar que el dinero utilizado por cada diputado es erogado de forma libre, al grado de comprar desde desodorante y el mandado de la semana, hasta moteles de paso, viajes costosos, pago de aviadores y servicios profesionales que nunca se ejecutaban.
No conforme con gastar como desesperados, los diputados de la XXII Legislatura se apoderaron de computadoras, muebles, televisiones y hasta las plantas de las oficinas -si les daban un poco de tiempo se llevaban hasta el cableado eléctrico del Congreso-, pese a que todo ello fue adquirido con dinero del erario. Es decir, compran los objetos con el dinero proveniente de los impuestos y, al terminar su encargo, se los llevan.
¿Por qué se debe permitir una situación de esta naturaleza?
Los diputados deben ser responsables del dinero que se les confiere para el funcionamiento de su comisión y del gasto social en favor de los ciudadanos, por lo que, al término de su responsabilidad, deben ser obligados a entregar una relación de toda adquisición y erogación de su recurso, además de devolver televisiones, computadoras, cámaras de video y todo objeto adquirido del recurso público.
Pero el manto de la impunidad les cubre y les conviene a todos, por ello, la primera Legislatura de Morena hizo lo mismo que la anterior, al aprovecharse del recurso público para gastarlo a su antojo y prácticamente robarse el equipo del recinto legislativo.
De hecho, varios de los diputados de la actual Legislatura se sorprendieron al observar las oficinas totalmente vacías, salvo por el pesado escritorio que pertenece al inventario del Congreso, pero sin computadoras, equipos móviles y portátiles, entre otros artículos.
Urge que el Congreso del Estado defina mecanismos de control serios para contener los despilfarros y abusos cometidos en el Poder Legislativo. También, que los diputados que se fueron, tengan un poco de vergüenza y devuelvan lo que se llevaron.
CINISMO
Ya sabemos que Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa electa de Tijuana, armó su equipo de trabajo entre los compromisos del gobernador Jaime Bonilla Valdez y lo peor de lo peor del Congreso del Estado.
Uno de esos es precisamente Marcelo Machaín, quien está basificado con un sueldo de 77 mil 217 pesos dentro del Congreso del Estado como “Coordinador General de Asesores” -es decir, jefe de aviadores-, cargo que le “regaló” Fernando Castro Trenti cuando era operador absoluto del Congreso del Estado, con un sueldo superior al de los propios diputados.
Pues ahora Machaín se volvió parte del equipo cercano de Caballero Ramírez, y abandonará -temporalmente- ese salario para formar parte del equipo de la próxima alcaldesa, quien también se sabe protegida por el ex senador priista.
Vaya que se esfuerzan por acabarse el erario de los bajacalifornianos.
