A ver, la importancia de un plan de desarrollo, en cualquier sector y en cualquier gobierno, es que ahí se inscriben los objetivos a cumplir en una tarea determinada. Solo será posible evaluar la efectividad en una institución a partir del análisis de los objetivos concretados, y en el caso de los gobiernos, de los compromisos cumplidos. Normalmente los gobiernos inscriben su Plan Estatal de Desarrollo los primeritos meses de su administración, y aun cuando la Ley concede cierto periodo, se estima que lo hagan con anticipación, ante el todavía larguísimo periodo entre el triunfo en la elección y la toma de posesión del gobierno constitucional. Se supone que en esa etapa llamada de transición, de casi cuatro meses en el caso del gobernador, cinco en los alcaldes y tres en tratándose de diputados, es cuando los electos preparan lo que será la recepción de la institución y la elaboración de su plan de trabajo para, desde el primer día, ofrecer cambios, reformas, diferencias y resultados a la ciudadanía. En la etapa de transición, de hecho, se les paga a los electos y su equipo para que se vayan preparando en aras de hacer un buen gobierno cuando el momento llegue. Sin embargo, en el caso de Francisco Vega de Lamadrid, el retraso en la presentación de un Plan Estatal de Desarrollo ha sido visible y considerable. No solo porque las giras del mandatario por los municipios, se remiten a actos que parecen aún de campaña, sociales, de lucimiento personal, sin concretar acciones, sin comprometerse, sin inaugurar algo que no sea de la administración anterior, sin plan; sino porque realmente, ni obra, ni reforma ni inversión ha sido concluida. Aun cuando efectivamente la Ley le marca seis meses después de la toma de posesión para dar a conocer el Plan Estatal de Desarrollo, que debe ser elaborado no solo a partir de los compromisos de campaña del gobernador, cuanto más de las propuestas ciudadanas, empresariales y de todos los sectores que conviven en la entidad; la realidad es que ejecutivos anteriores incluso han presentado avances en los primeros cien días de gobierno, lo que en este caso, tampoco sucedió. En una plática telefónica publicada en la edición anterior de ZETA, con el coordinador de gabinete Mario Herrera Zárate, éste ponderó su Plan Estratégico para Baja California, por encima del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2019 que la Ley exige (que a estas alturas ya será 2014-2019); minimizó la participación ciudadana en el mismo, con el argumento que las propuestas de los bajacalifornianos recogidas durante la campaña electoral, fueron sumadas al Plan Estratégico. Pero ¿entonces qué pasa con las propuestas que los ciudadanos le hicieron al candidato del PRI? ¿Acaso esas no cuentan? Cuando se le preguntó por qué entonces, si ya la ciudadanía estaba representada en el Plan Estratégico a través de lo que solicitó a un candidato, realizarían los foros ciudadanos para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, la respuesta del hombre más confiable y fuerte de Vega rayó en la soberbia institucional, “para dar cumplimiento a la Ley”, dijo. Es decir, lo hacen obligados y no motivados por conocer de viva voz las propuestas que los bajacalifornianos organizados tienen. Y realmente en los foros se notó esa insensibilidad gubernamental hacia la propuesta ciudadana para el Plan Estatal de Desarrollo, con todo y que el gobernador sigue con la perorata de que en su administración la gente manda. La realidad es que no. El coordinador de gabinete fue claro: su Plan Estratégico ya está elaborado y es el rector del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que lo que sea que haya resultado de los foros ciudadanos, no será de gran aportación, en congruencia con lo dicho por él. Por interés acudí al foro de Tijuana. Organizado en CETYS Universidad, lo que sobraba eran sillas. Arrinconadas todas, las mesas vacías las más. De siete, en solo cinco hubo concurrencia y muy poca. A lo mucho unas 45 personas en total, contando a los gentiles colaboradores de CETYS Universidad que orientaban a quienes llegaban, a falta de funcionarios del Gobierno del Estado. Las pocas personas ahí presentes, poco sabían del Plan Estratégico, menos de detalles de presupuestos, obras, inversiones, nodos, carreteras, rutas y programas gubernamentales. Algunos orientaron a los poquísimos ciudadanos, pues de los 45, la mitad eran funcionarios del propio gobierno, con las propuestas ya elaboradas por el gobierno, y de ahí les pedían que dijeran si estaban o no de acuerdo, si la aprobaban o la modificaban; no hubo, pues, espacio para la propuesta independiente, ciudadana. Mis compañeros periodistas me dijeron que así sucedió en el resto de los municipios, acaso el más concurrido fue el foro de Mexicali, pero la dinámica fue igual, aprobaron o complementaron las propuestas ya realizadas. No hubo una convocatoria apropiada para que la ciudadanía acudiera con sus propuestas a completar más que complementar, el plan de gobierno. Fue pura simulación para, como dijo el coordinador de gabinete, “dar cumplimiento a la Ley”, no más. En esas condiciones, no queda más que esperar que el plazo se cumpla, para conocer el Plan Estatal de Desarrollo que los funcionarios elaboraron. PD.- Al cierre de edición de ZETA, a la redacción llegó un comunicado de prensa del Ayuntamiento de Tijuana que encabeza el doctor Jorge Astiazarán Orcí, informando que ese día, jueves 27 de marzo, el coordinador de gabinete, Carlo Dalí Gutiérrez, entregó a la Comisión de Desarrollo Municipal en Regidores, el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016; luego que, en efecto, realizaran los foros ciudadanos en los primeros meses del año. Como debe ser.

En los dos bandos han tenido el mismo paso en falso. El primero fue Ernesto Cordero. En Veracruz, cuando dictaba un mensaje a los militantes panistas, dijo textualmente, “yo quiero ser el presidente del PRI”. A los días y en Puebla, el hombre -Antonio Gali, alcalde de Puebla- que presentó a Gustavo Madero en un mitin a su favor, gritó para que todos lo escucharan, que “el 18 de mayo -día de la elección a la dirigencia del PAN- ganará el PRI”. Es evidente que el Revolucionario Institucional, con un Presidente de la República emanado de ese partido es, pues, cada vez más institucional. Tanto, que los panistas lo traen en la mente. Dan pasos en falso o los traiciona el subconsciente. No es nuevo. Sucede al calor del nervio por el discurso. A propósito de Luis Donaldo Colosio Murrieta, dado que hace unos días se cumplieron 20 años de su asesinato, cuando tomó posesión como candidato del PRI a la Presidencia de la República, el principal enemigo de ese partido no era el PAN, que más tarde ganaría y en dos ocasiones, la Presidencia, sino el PRD, al que le han robado la elección en varias ocasiones; entonces Colosio, serio, con el brazo extendido, protestó como candidato: “… del Partido de la Revo… Revolucionario Institucional”. O Ernesto Zedillo Ponce de León, que cuando se dirigía a la Tribuna del Congreso de la Unión para asumir como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, viró hacia la izquierda y no a la derecha, donde ya le esperaban para ponerle la banda. Es evidente, si por sus errores retóricos los conoceréis, que a los panistas, lo que más les ocupa es el PRI. Y a la campaña panista por la dirigencia nacional aún le faltan muchos días. Fijada en 60 días, concluirá el 17 de mayo, y al día siguiente, el 18, los militantes del Partido Acción Nacional elegirán entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero, quien dirigirá los destinos, política e ideología de ese instituto. No es cualquier cosa, sobre todo porque la Presidencia de la República está en manos del bien institucionalizado PRI que todo lo negocia, lo acuerda o lo compra, según se requiera para beneficio del partido y de sus gobernantes. En estas condiciones como en el pasado, cuando el partido tricolor gobernó México de manera ininterrumpida durante más de 70 años, son necesarios los contrapesos reales y no las comparsas políticas. Los siguientes dos partidos con poder en la República Mexicana, PRD y PAN, atraviesa cada uno su propia crisis no solo existencial e ideológica, sino electoral, ante los claros visos de corrupción al interior de los mismos y la harta división que impera en sus cúpulas. De igual manera, los dos partidos se encuentran en etapa de renovación de dirigencias nacionales; las similitudes no escapan. Por un lado se enfrentan tanto en uno como en otro partido, quienes desde la dirigencia han apoyado las medidas dictadas por Enrique Peña Nieto vía el Pacto por México y la consigna presidencial, contra grupos que se oponen a ese maridaje PAN-PRI, PRD-PRI. En Acción Nacional y en los últimos días, la campaña negra ha arreciado entre el par de institucionales -solo que cada uno para su molino- Gustavo Madero, quien busca la reelección, y Ernesto Cordero, que quiere ser el partido luego que perdió la interna para ser candidato a la Presidencia de la República por el albiazul y fue consolado con una senaduría. Madero ha llevado a su partido a sobrevivir siendo oposición, a partir de acuerdos con el partido en el poder. Su entrada al Pacto por México incluso antes que tomara posesión Enrique Peña Nieto, le restó puntos, al considerarse que lo que hacía falta era una oposición real, pero bajo el argumento de sacar reformas estructurales con aportes panistas, ha avanzado en su camino por no perder el poder de decisión, a costa de entregar el voto azul al PRI. Ernesto Cordero representa a la oposición panista. Pero ello no significa que en un momento dado, podría ser parte del voto ese que mantiene al gobierno de la República, haciendo las reformas que quiere y como quiere. Mientras Madero busca no perder su lugar en la toma de decisiones, Cordero representa a un grupo hartamente vilipendiado y con probabilidades de investigación, como lo es el del ex Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, lo cual en política priista, podría ser la moneda de cambio para obtener los votos requeridos. A estas alturas, ambos panistas, Cordero y Madero, o Madero y Cordero, o Cordero Madero, no representan un riesgo para la gobernabilidad tricolor, sino todo lo contrario. Los dos azules ya saborearon las mieles del poder presidencial, sea desde el partido o desde una posición, saben navegar en y con ese buque. Lo más probable es que Madero retenga la dirigencia del PAN, pero en dado caso que los calderonistas hagan una de las suyas y resulten triunfadores, el escenario no se ve distinto. Ernesto Cordero ha dicho que él sería una oposición real, pero que ello no significa levantarse de la mesa de negociaciones, sino enfrentarse con mayor intensidad en el debate, lo cual, Usted sabe, en política no equivale a independencia, sino a concertación. En los próximos días, veremos más de la campaña de Cordero y de Madero, y sus ansias de dirigir al PRI (perdón, me acorderé), veremos más campaña sucia y división en el PAN, y empoderamiento del PRI, lo cual para la democracia, la justicia y la oposición, no es bueno. Usted, ¿a quién le va?

De pocos temas habla con seriedad y compromiso el gobernador del Estado de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, o Kiko, como le gusta que le llamen en la informalidad de su investidura. De lo que poco o nada habla, es de la inseguridad, que está tomando un peligroso repunte en el estado. A 140 días de tomar posesión, Vega de Lamadrid no ha dado a conocer una estrategia sólida y formal contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en Baja California. Se dejó llevar por la continuidad que representó el ratificar en el cargo de secretario de Seguridad Pública del Estado a Daniel de la Rosa Anaya, y la tranquilidad que para él y solo para él, significa confiar la Procuraduría General de Justicia del Estado a su amiga y entrañable colaboradora, la magistrada con licencia Perla del Socorro Ibarra. Los síntomas del abandono gubernamental en materia de seguridad están comenzando a notarse. Descoordinación en las corporaciones policíacas de Estado y Municipio, abandono por lo menos físico de las Fuerzas Armadas, y una reorganización y rearme de las organizaciones criminales. La prueba fehaciente de este caos y de la ausencia de una estrategia conjunta para combatir a narcotraficantes y criminales, son las 177 ejecuciones que han sucedido en 79 días (hasta el día de ayer, jueves 20 de marzo), incluyendo menores de edad, en los cinco municipios de Baja California. A diferencia de anteriores gobernadores y muy cerca de la estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto, Francisco Vega no ha tomado el tema como su cruzada, lo cual se puede interpretar como insensibilidad social y por parte de la delincuencia como una indiferencia, que puede ser aprovechada para la rehabilitación de células criminales, el crecimiento de otras y el nacimiento de unas más, ante el clima de desinterés e impunidad que se respira. Cuando vemos y vivimos este escenario, es imposible no pensar en las palabras que dijo un narcotraficante cuando al ser detenido por Alberto Capella Ibarra en noviembre de 2011, y en respuesta a la pregunta de por qué había regresado al estado: “Porque ya no había gobierno”. Se refería al cambio de mandos en el Ejército, a la salida del Teniente Julián Leyzaola de las corporaciones locales, y a la ausencia de quien desde la Secretaría de Gobierno había coordinado a Generales, secretarios, directores y procurador: Francisco Blake Mora. El desgobierno en materia de seguridad trae caos, violencia de alto impacto, muerte, tráfico, extorsión, impunidad. Kiko Vega no ha dado un discurso profundo y comprometido en el tema. Ni ha asumido la posición de liderazgo en la delicada materia, tampoco ha instrumentado el Mando Único para la coordinación policíaca y de investigación, aunque las reuniones entre policías e investigadores que desconfían unos de otros, se siguen dando. Ni siquiera ha convencido a su procuradora de entrarle al tema del combate al narcotráfico y el crimen organizado, judicializando los casos de los muchos crímenes que suceden en la entidad, para generar órdenes de aprehensión contra los principales delincuentes que encabezan bandas de criminales, particularmente del Cártel de Sinaloa y del Cártel Arellano, que aun reducido, existe. La procuradora ha concentrado sus esfuerzos en abatir el rezago que encontró en las subprocuradurías y en el Ministerio Público, así como consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal; acciones que se le agradecen, que dan agilidad a los procesos, pero el siguiente paso debe ser investigar, judicializar y solicitar órdenes de aprehensión contra criminales, delincuentes, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y asesinos que, de manera sistemática, han sido mencionados en averiguaciones previas por otros delincuentes que sí han sido aprehendidos. El gobernador, como la procuradora, no pueden ni deben voltear a otro lado en el tema de la inseguridad, hacerlo es proveer impunidad a los criminales y vulnerar más la seguridad e integridad física de los bajacalifornianos. Política, administrativa y socialmente, es obligación y responsabilidad de Francisco Vega, ordenar y supervisar una estrategia de combate a la inseguridad que investigue, persiga y detenga a quienes hacen daño a la sociedad; no hacerlo, evadir esa facultad como lo ha hecho hasta la fecha, solo contribuye a que el conteo de ejecutados siga creciendo. 177 ejecuciones en 79 días son muchos, gobernador. Ya es hora y es su obligación, o… ¿cuántos más necesita?

Hace unos días, en Baja California Sur, el ex alcalde de Comundú, Yuan Yee Cunningham, y quien fue su tesorero, fueron aprehendidos. Un juez giró una orden de aprehensión en su contra, producto de investigaciones que se le siguen sobre el periodo en que fue presidente municipal. Se ha mencionado un probable desfalco por 30 millones de pesos. En 2012, el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, también fue encarcelado. Se le procesó por la venta irregular de terrenos que habría sucedido cuando él fue ejecutivo de la península sudcaliforniana. Agúndez, como ahora Yee, portaron el uniforme amarillo clásico de los presos en cárceles de Baja California Sur. Ambos candidatos y servidores públicos del Partido de la Revolución Democrática, Agúndez ya recobró la libertad y hasta quiere ser candidato otra vez, pero ahora por el Partido del Trabajo y a la alcaldía de San José del Cabo que actualmente ostenta –también con muchas denuncias públicas de irregularidades- su hermano, Antonio Agúndez. De alguna manera, en Baja California Sur sí se ha castigado, amonestado o exhibido públicamente a funcionarios y ex funcionarios que cometieron ilícitos, abusaron del poder político y la administración pública, se enriquecieron al amparo de hacer negocios desde el gobierno, o transaron con dineros oficiales. El secretario de Gobierno y el director de Comunicación de Narciso Agúndez, también fueron procesados. Estando tan cerca de Baja California Sur, y sin obviar la comparación, uno empieza a preguntarse: ¿por qué allá sí juzgan a los ex funcionarios corruptos, irregulares o abusivos, y en Baja California no? Por ejemplo, fuera del “Extorsionagate” que denunció públicamente el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, cuando informó a sus gobernados que emisarios de la familia del síndico Arturo Ledesma intentaron extorsionarle -caso por cierto que nadie investiga y todos negocian alrededor del mismo-, no ha habido denuncias públicas ni formales, ni sólidas sobre quienes se presume, se aprovecharon del poder y la administración pública. Ahí los casos de los ex alcaldes. Todos priistas, dejaron las administraciones públicas de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito en condiciones pobres, deprimentes, desgastadas y sin recursos públicos. De Carlos Bustamante se ha dicho mucho y se ha denunciado poco. Desde la transa de las luminarias, conocida por el alcalde, por el síndico, por priistas y extraños, hasta las obras que le dio a su amigo y compadre, y las comisiones que entregó a su otro compadre por fondos federales, como los permisos que se auto concedió, de cambio de uso de suelo, de construcción, de venta de alcohol y apertura de comercios. Aún fresca su salida de la administración pública y cuando Astiazarán denunciaba que no había dejado dinero, que sí heredo compromisos y que hasta cheques sin fondos se entregaron, legisladores y políticos conminaron a un juicio político contra el ex alcalde. De repente, lo que no fue un secreto en tres años, comenzó a salir: la retahíla de irregularidades en su administración, que el síndico Ledesma ha ignorado para concentrarse en “hacerle la vida de cuadritos” al actual presidente municipal, en lugar de investigar las fechorías del anterior, de quien dijo en una ocasión a ZETA, había más de 600 observaciones de su fallida administración. En Ensenada, lo mismo o peor. Aparte de la sospecha de incontables irregularidades, allá el hijo del alcalde sí dejó una huella cuando de una empresa del procesado empresario en San Diego, Susumo Azano, le depositaron dos millones de dólares. Aparte, igual usos de suelo, licencias de construcción, pérdida de recursos y una administración manejada en el bolsillo del pantalón. Empresarios y políticos, actuales funcionarios y ciudadanos en el puerto, han exigido en los últimos días que al ex presidente municipal, Enrique Pelayo, se le someta a un juicio y -anteponiendo culpabilidades todavía no probadas- se le inhabilite para ocupar algún otro cargo gubernamental. Eso por citar dos ejemplos de ex funcionarios que viven en la impunidad política en Baja California. Ha habido ex alcaldes del PAN señalados de recibir recursos procedencia del narcotráfico, y nada. Ex procuradores acusados de mafiosos y soportes del Cártel de Sinaloa, y ni siquiera los han investigado. En el Congreso del Estado, donde deberían hacer su parte e investigar a los ex presidentes municipales a partir de un justo, correcto, científico y sesudo análisis de las cuentas públicas, lo que hacen es negociar unas cuentas por otras, y estos prestigios por aquellos. Los partidos políticos se reparten el poder y salvan a los corruptos de ser juzgados e inhabilitados. Mientras, en Baja California Sur, la justicia tarda, pero llega a los ex funcionarios abusivos y deshonestos. Aunque terminen abandonando la prisión, la sanción ciudadana de saberlos y verlos criminales, es un buen aliciente para comportarse, ¿no? Ojalá que en Baja California, pongan un estate quieto a los ex funcionarios transas, sus amigos, sus compadres y sus familiares.

En los dos bandos han tenido el mismo paso en falso. El primero fue Ernesto Cordero. En Veracruz, cuando dictaba un mensaje a los militantes panistas, dijo textualmente, “yo quiero ser el presidente del PRI”. A los días y en Puebla, el hombre -Antonio Gali, alcalde de Puebla- que presentó a Gustavo Madero en un mitin a su favor, gritó para que todos lo escucharan, que “el 18 de mayo -día de la elección a la dirigencia del PAN- ganará el PRI”. Es evidente que el Revolucionario Institucional, con un Presidente de la República emanado de ese partido es, pues, cada vez más institucional. Tanto, que los panistas lo traen en la mente. Dan pasos en falso o los traiciona el subconsciente. No es nuevo. Sucede al calor del nervio por el discurso. A propósito de Luis Donaldo Colosio Murrieta, dado que hace unos días se cumplieron 20 años de su asesinato, cuando tomó posesión como candidato del PRI a la Presidencia de la República, el principal enemigo de ese partido no era el PAN, que más tarde ganaría y en dos ocasiones, la Presidencia, sino el PRD, al que le han robado la elección en varias ocasiones; entonces Colosio, serio, con el brazo extendido, protestó como candidato: “… del Partido de la Revo… Revolucionario Institucional”. O Ernesto Zedillo Ponce de León, que cuando se dirigía a la Tribuna del Congreso de la Unión para asumir como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, viró hacia la izquierda y no a la derecha, donde ya le esperaban para ponerle la banda. Es evidente, si por sus errores retóricos los conoceréis, que a los panistas, lo que más les ocupa es el PRI. Y a la campaña panista por la dirigencia nacional aún le faltan muchos días. Fijada en 60 días, concluirá el 17 de mayo, y al día siguiente, el 18, los militantes del Partido Acción Nacional elegirán entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero, quien dirigirá los destinos, política e ideología de ese instituto. No es cualquier cosa, sobre todo porque la Presidencia de la República está en manos del bien institucionalizado PRI que todo lo negocia, lo acuerda o lo compra, según se requiera para beneficio del partido y de sus gobernantes. En estas condiciones como en el pasado, cuando el partido tricolor gobernó México de manera ininterrumpida durante más de 70 años, son necesarios los contrapesos reales y no las comparsas políticas. Los siguientes dos partidos con poder en la República Mexicana, PRD y PAN, atraviesa cada uno su propia crisis no solo existencial e ideológica, sino electoral, ante los claros visos de corrupción al interior de los mismos y la harta división que impera en sus cúpulas. De igual manera, los dos partidos se encuentran en etapa de renovación de dirigencias nacionales; las similitudes no escapan. Por un lado se enfrentan tanto en uno como en otro partido, quienes desde la dirigencia han apoyado las medidas dictadas por Enrique Peña Nieto vía el Pacto por México y la consigna presidencial, contra grupos que se oponen a ese maridaje PAN-PRI, PRD-PRI. En Acción Nacional y en los últimos días, la campaña negra ha arreciado entre el par de institucionales -solo que cada uno para su molino- Gustavo Madero, quien busca la reelección, y Ernesto Cordero, que quiere ser el partido luego que perdió la interna para ser candidato a la Presidencia de la República por el albiazul y fue consolado con una senaduría. Madero ha llevado a su partido a sobrevivir siendo oposición, a partir de acuerdos con el partido en el poder. Su entrada al Pacto por México incluso antes que tomara posesión Enrique Peña Nieto, le restó puntos, al considerarse que lo que hacía falta era una oposición real, pero bajo el argumento de sacar reformas estructurales con aportes panistas, ha avanzado en su camino por no perder el poder de decisión, a costa de entregar el voto azul al PRI. Ernesto Cordero representa a la oposición panista. Pero ello no significa que en un momento dado, podría ser parte del voto ese que mantiene al gobierno de la República, haciendo las reformas que quiere y como quiere. Mientras Madero busca no perder su lugar en la toma de decisiones, Cordero representa a un grupo hartamente vilipendiado y con probabilidades de investigación, como lo es el del ex Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, lo cual en política priista, podría ser la moneda de cambio para obtener los votos requeridos. A estas alturas, ambos panistas, Cordero y Madero, o Madero y Cordero, o Cordero Madero, no representan un riesgo para la gobernabilidad tricolor, sino todo lo contrario. Los dos azules ya saborearon las mieles del poder presidencial, sea desde el partido o desde una posición, saben navegar en y con ese buque. Lo más probable es que Madero retenga la dirigencia del PAN, pero en dado caso que los calderonistas hagan una de las suyas y resulten triunfadores, el escenario no se ve distinto. Ernesto Cordero ha dicho que él sería una oposición real, pero que ello no significa levantarse de la mesa de negociaciones, sino enfrentarse con mayor intensidad en el debate, lo cual, Usted sabe, en política no equivale a independencia, sino a concertación. En los próximos días, veremos más de la campaña de Cordero y de Madero, y sus ansias de dirigir al PRI (perdón, me acorderé), veremos más campaña sucia y división en el PAN, y empoderamiento del PRI, lo cual para la democracia, la justicia y la oposición, no es bueno. Usted, ¿a quién le va?  

El análisis de un experto en seguridad pública sobre lo que sucede en Baja California, particularmente en Tijuana, no podría ser peor: la crisis de inseguridad que se observa con las cientos de ejecuciones en los primeros dos meses del año, tiene su origen en la crisis que las corporaciones policíacas están viviendo en lo interno y en la actualidad. La acepción coincide con la que muchos bajacalifornianos tienen y de hecho, con lo que se ve en las instituciones de seguridad pública. La falta de coordinación en las corporaciones mismas –no entre ellas– es un problema que acarrea descoordinación externa, vulnera a los agentes a la corrupción, las instituciones son infiltradas, y la inseguridad se desborda. Quienes aprovechan este río revuelto en Secretarías de seguridad, direcciones o comandancias de policías, son, por supuesto, los criminales. Cuando más desunidas están las corporaciones en su conformación interna y externa, y ninguneados los mandos, más crímenes pueden cometer al amparo de la corrupción y la impunidad, producto de la infiltración. En el ámbito estatal por ejemplo, mientras la Procuradora Perla Ibarra, se dedica a acabar con el rezago en la Policía Ministerial, esta corporación continúa tan oscura como siempre. Agentes ayudando a criminales de poca monta, sacando provecho de órdenes de aprehensión o desviando investigaciones. En la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa está siendo poco a poco minimizado por el Gobernador del Estado, que le pone y le impone funcionarios. Así, le degradaron a de la Rosa a uno de sus hombres de confianza, Marco Montoya para en su lugar en la dirección de la Policía Estatal Preventiva ubicar a Carlos Besné, incondicional de Francisco Vega de Lamadrid y de Perla Ibarra. También en la dirección administrativa de la Secretaría, el mandatario puso a uno de su confianza, acorralando a Daniel de la Rosa y limitándole sus movimientos. En la tropa, en las comandancias, también se registran alteraciones al organigrama planteado por el secretario. Las policías municipales atraviesan su propia crisis. La de Mexicali quedó en la orfandad cuando hubieron de renunciar al General en retiro, José Ramírez Cardoso debido a sus antecedentes penales. Los criminales andan cazando municipales acusándolos extraoficialmente de robarles la droga. En Rosarito la dirección de seguridad pública está partida en dos: la que encabeza Eduardo Montero el titular, y la que alcahuetea el alcalde Silvano Abarca a través de su incondicional -quién sabe por qué- Raúl Paredes Esquer, un policía que sistemáticamente se niega a hacer los exámenes de control, evaluación y confianza. Tijuana es caso aparte. Alejandro Lares Valladares tiene la confianza, y no, del alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí. La tiene porque lo nombró y le exige cuentas, y no la tiene porque el doctor Astiazarán no lo suelta en su encomienda del todo. Con poco tiempo dentro de la corporación, los movimientos internos de Lares no han sido los más afortunados, además de opacos. Recientemente una reportera de ZETA le solicitó el organigrama de mandos y éste rehusó dar la información y conminó a la periodista a que la solicitara vía transparencia. Esa información, dicho sea, es y debe ser pública. Pero no aparece en el portal del Ayuntamiento de Tijuana. Policías consultados refieren una confrontación entre el Secretario Lares, el director Montilla y el director de Capacitación, Olivaría (Lares por cierto fue su escolta cuando entró a la Municipal), que no solo obstruye los planes sino divide a la tropa municipal. De los mandos que no quiere dar a conocer el Secretario de Seguridad de Tijuana, aquí algunos datos referidos por los mismos agentes. José Aragón Perea es el jefe de distrito de la Presa Rural, lo califican de policía comprometido y activo cuando tiene el apoyo de sus superiores. Del de La Mesa, pues pocos lo conocen al interior de la Municipal, solo presumen que su apellido es Ochoa y que desde su llegada la incidencia criminal ha incrementado en aquella delegación municipal. En el distrito de la zona Centro, ubicó a Sergio Martínez, agente que en administraciones anteriores ha dado buenos resultados. En Playas está Gregorio Hacha, asegún sin experiencia, ni resultados pasados y a cargo de una de las zonas más delicadas de la ciudad. En San Antonio de los Buenos, José Pérez Flores, quien fue en el pasado señalado por sus compañeros como de sospechosa actitud y poco compromiso hacia la corporación policíaca y la ciudadanía; descripción que aún utilizan para definirlo. En la delegación Centenario, José Sainz pasa por la misma descripción pero le agregan el hecho de ser muy condescendiente con sus policías a grado de permitir las malas compañías y las malas acciones. En el resto de las delegaciones y ante el misterio de Lares de no revelar quiénes las encabezan en materia de seguridad, sus mandos se dividen entre el compromiso cuando hay coordinación, y aquellos que de plano, ante la falta de supervisión y línea dura desde la cabeza, se inclinan a favorecer al crimen organizado. Si a ello le suma el reacomodo lógico que habrá en las organizaciones criminales a partir de la detención de “El Chapo” Guzmán, pues el escenario no se prevé alentador. Sino todo lo contrario. Así, la crisis en las instituciones de seguridad, genera crisis en la seguridad de Baja California.