Reportero desde 1989 en W Radio, Promomedios Radio, TV Azteca, Canal Ocho, Grupo ACIR, Ocho Columnas, Associated Press y ZETA; Consejero Editorial en Mural 2010-2011. Autor del libro Rejas Rotas.
Con singular interés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompaña al recluso Mario Aburto Martínez, homicida confeso del ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en sus exigencias de recibir un mejor trato de autoridades penitenciarias y ser trasladado “de inmediato y sin dilación” del penal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato, al Centro de Reinserción Social (Cereso) El Hongo en Baja California.
Toda una crisis de inseguridad y violencia se vive en Jalisco, después del triple homicidio de tres jóvenes hermanos que fueron sustraídos de su casa y asesinados al estilo de la delincuencia organizada, presuntamente por una confusión, hecho que se unió a una serie de crímenes que se han registrado en la entidad desde un tiempo a la fecha y parecen provocar el hartazgo de sus habitantes.
Aunque no reveló los avances de la investigación sobre los asesinatos de los hermanos González Moreno de Guadalajara, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, anunció este jueves 13 de mayo que la causa de la muerte de los jóvenes privados de la libertad y de la vida fue asfixia mecánica.
El caso de la libertad, retención y posterior arraigo de Jesús Héctor “El Güero” Palma Salazar, reviste importante interés para el sistema de justicia penal mexicano. Más que por el personaje -señalado de ser un narcotraficante histórico-, por la actitud del Poder Ejecutivo, que una vez más, pisotea a otro poder -como es el Judicial- y determina mantener al sinaloense privado de la libertad en tanto investiga si tiene o no más cuentas pendientes con las autoridades mexicanas.
Cinco hombres, al parecer dos de ellos adolescentes, fueron ejecutados a tiros en el interior de un centro botanero en el municipio de Jocotepec, Jalisco.
Por vez primera en la historia de México, habrá elecciones en algunos reclusorios del país, a manera de prueba piloto y en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que se respete y garantice el derecho al voto de las personas privadas de la libertad que aún no han sido sentenciadas. La idea es que esta prueba vinculatoria prepare a las autoridades electorales y penitenciarias con vistas a los comicios presidenciales de 2024.
