Juez federal concede suspensión del acto reclamado y le fija garantía por 17 mil 500 pesos
El entrenador argentino Ricardo Antonio Lavolpe presentó una demanda de garantías en contra de una posible orden de captura dictada en su contra.
La solicitud de protección de la justicia federal fue radicada en un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.
Lavolpe Quarchioni reclama “la injusta y arbitraria orden de aprehensión o reaprehensión girada en contra del suscrito, sin haber precedido denuncia, querella o acusación de hecho determinado que la ley señale con pena privativa de libertad”.
Sin embargo, se sabe que se trata del asunto en el que se encuentra denunciado por la joven Alma Belén N., quien fuera podóloga del primer equipo de fútbol Club Deportivo Guadalajara.
El estratega argentino, que actualmente no dirige a ningún club, es imputado por los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual, caso que ha dado varias volteretas judiciales.
Apenas el pasado 21 de diciembre, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió el amparo y protección a Alma Belén, resolución que causó ejecutoria el 8 de marzo reciente.
El amparo se concedió para efecto de que la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia revoque la resolución dictada el 24 de agosto de 2020 dentro del toca penal 552/2020.
Dicho fallo confirmaba el auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de Ricardo Lavolpe, dictado el 17 de julio de ese mismo año por el Juez Séptimo de lo Criminal, en la causa penal 321/2016.
Al revocarse el auto de libertad, procede dictar en su caso, un auto de formal prisión que marca el inicio del proceso penal en contra del entrenador avecindado en esta ciudad de Guadalajara, y por tanto se dicta orden de reaprehensión.
Sin embargo, en el mismo escrito de demanda de amparo promovido en favor de Lavolpe, su defensa solicitó la suspensión provisional del acto reclamado, misma que el juzgador concedió a cambio de la exhibición de una garantía por la cantidad de 17 mil 500 pesos.
Con la referida suspensión, por no tratarse de delitos graves, el director técnico podría presentarse sin ser privado de su libertad ante la autoridad judicial que lo reclama para enfrentar su proceso en libertad.
