Seguramente nadie está en contra de brindar más y mejor atención a las personas de capacidades diferentes de Baja California (109 mil, según cifras del Censo 2010). Evidentemente, si se trata de niños, la implicación emocional es mayor. Por ello, el problema no es la intención, sino las formas, en la campaña emprendida por la señora Brenda Ruacho, con el apoyo de su esposo, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para entregarle dinero a la fundación filantrópica de Televisa -126 millones de pesos para la construcción y 42 millones anuales durante los siguientes diez años- y poner en funcionamiento uno de “sus” Centros de Rehabilitación Infantil Teletón en Baja California. El conflicto es por las violaciones a la Ley de Presupuesto y Ejercicio de Gasto Público, los abusos, el entreguismo, las puertas que se abren a la corrupción, la no justificación solida del proyecto, la falta de claridad respecto al compromiso de la fundación con los niños discapacitados bajacalifornianos, y la exigencia de no ser fiscalizados, pese a que reclaman el aporte de recursos del erario como obligatorio. Y todavía más alarmante, pese a que Ruacho aseguró que el resto de asociaciones no gubernamentales que también atienden a grupos vulnerables -resolviendo obligaciones que el Gobierno del Estado evade con impunidad- no están siendo afectadas, se está condenando a la indefensión a otros grupos, como los 95 mil ciudadanos en pobreza extrema, los niños y mujeres en situación de calle, féminas, menores y ancianos maltratados, indígenas, adolescentes en riesgo de adicción, adictos, enfermos mentales, personas con sida, migrantes y demás ciudadanos en situaciones de desventaja. La información y preocupación de diversas organizaciones civiles ha llegado a la redacción de ZETA, así como el temor de exponerlo públicamente -por el revanchismo de las personas en el gobierno-, pero la Cruz Roja es el botón de muestra. En esta edición, su titular expone que de los hasta 2 millones de pesos que recibía anualmente del Estado, para 2014 le advirtieron que no contara con más de 300 mil pesos, y lo que es peor, es el mes de julio y no ha llegado ni un peso. Y no son los únicos en esas condiciones. Cada semana, bailes y cenas, conciertos, carreras atléticas, corridas de toros, cabalgatas, recaudaciones extrañas cuyos importes no coinciden con el número de asistentes, empresas que anuncian donativos o campañas de redondeo. Y los empresarios ya también se manifestaron inconformes de que durante todos y cada uno de los 124 días que han transcurrido, les estén pidiendo a los mismos donadores, más dinero para el mismo objetivo. En las escuelas entregaron sobres para aportaciones (e impidieron a la Cruz Roja enviar los suyos), también agregaron pulseritas de apoyo a 15 pesos, para comprar o vender. Los más molestos, por tratarse de donadores obligados y cautivos -por temor a perder su empleo-, son los trabajadores de gobierno, a quienes conminan, a fuerzas, a comprar y/o vender botellas de alcohol, rifas de autos cuyos boletos cuestan 500 pesos, sorteos de casas con boletos de 4 mil pesos… y que no se preocupen, se los descuentan vía nómina. El tema es que la cultura y voluntad filantrópica de los bajacalifornianos, además del abuso gubernamental, se están enfrentando ante las inconsistencias de la propuesta aprobada de manera irregular por un Congreso que actuó irresponsablemente. De entrada, ¿con qué derecho la esposa del gobernador anuncia el 2 de marzo de 2014, y empieza recaudaciones de un proyecto que debía ser aprobado antes por los diputados? ¿Con qué autoridad el Ejecutivo suscribió un convenio con Teletón el 7 de abril, sin tener el permiso de los legisladores, donde la cláusula cuarta lo obliga a entregar 42 millones de pesos anuales cada diez años, con compromiso irregular de “renovar” ese contrato? Pero además, por qué la iniciativa presentada por Francisco Vega hasta el 19 de junio al Congreso, no contiene la justificación o razones detalladas para entregar el recurso público en mención; por qué y para qué esa cantidad exacta. Tampoco remitieron las especificaciones de los beneficios que se recibirán, ¿cuántos niños serán atendidos?, ¿qué tipo de apoyo recibirán?, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero se destinará a tratamientos? ¿Cuánto a sueldos? ¿Cuánto al pago de espectáculos del Teletón? Menos entregaron la opinión de la Secretaría de Finanzas; tampoco mostraron y probaron la viabilidad financiera. Estas innecesarias violaciones legales podrían echar abajo el proyecto. Todavía más. El mentado convenio obliga a entregar 126 millones en agosto de 2014, 42 millones de pesos en 2015, 2016 y 2017, que suman otros 126 millones, y ellos tendrán hasta ese último año para iniciar la construcción. Así que entregamos 252 millones de pesos en tres años, aunque ellos no pongan una piedra. Además, el Estado se compromete a no auditar, entregar un terreno que Fundación Teletón elija libre de gravámenes, y en lugar de pagar los mismos impuestos que las otras instituciones filantrópicas, a ellos se les exentará. Tanta ilegalidad, imposiciones, privilegios, ausencia de transparencia y desinformación, lo único que hacen es crear dudas alrededor de la nobleza del proyecto que ya funciona en 21 estados de la República, y ninguno fue obligado a firmar un convenido tan poco claro y desventajoso como el bajacaliforniano. Si bien, Televisa y Teletón no tienen compromiso alguno con los ciudadanos de Baja California, el gobernador Vega de Lamadrid y su esposa sí están obligados a un mínimo de respeto a las leyes y transparencia, y si no pueden hacer las cosas legalmente, lo correcto es que no lo hagan.
Presidencia socialité
Por acá en Tijuana -quizá en alguna otra parte-, cuando alguien es o pretende ser miembro de una clase social privilegiada, le decimos socialité. No precisamente porque su compromiso sea social, de sociedad, de comunidad y población necesitada, sino por todo lo contrario, porque está más cerca de la frivolidad y la banalidad que de las causas sociales. De un gobierno, uno espera que sea sensible a la sociedad, que sea solidario con quienes debe de servir y que responda atendiendo las necesidades de la población en general, especialmente las de los más necesitados, para tener una vida digna. Pero el Gobierno de la República que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto parece más lo primero que lo segundo. Aun cuando su triunfo estuvo sustentado en adquirir el voto de los más necesitados, a razón de dádivas en especie y económicas, son memorables las tarjetas de mercados o Monex, con cien pesos para la adquisición de productos; o las que les entregaron con dinero para llamadas telefónicas al extranjero, o las despensas e innumerables productos con la imagen del candidato presidencial en pastas, cremas y hasta cosméticos. Es decir, de un extremo, Peña se fue al otro. Mientras como candidato se fotografió con los pobres, y prometió y firmó cumplir sus compromisos para sacarlos de la pobreza, ahora el Presidente se retrata con los poderosos y para las revistas socialités. La última frivolidad del Presidente se expresa en la revista ¡Hola!, que pasó de una edición donde daba santo y seña de la entronación de Felipe VI en España y su esposa, la reina Letizia, a reseñar la graduación de la hija del mandatario mexicano, ilustrando la portada del magazine con una fotografía a todo lo que da, del Presidente mexicano bailando con su hija, quien porta un lujoso y llamativo vestido de noche. Tan la intención es resaltar la figura presidencial socialité, que la hija del Presidente, de quien dicen es “la niña de sus ojos”, aparece en la gráfica dando la espalda. Apenas se le ve el perfil, su oreja, su pelo volando y su escote en la espalda, para resaltar la cara completita de Enrique Peña Nieto, ceñida su mano a la cintura de su hija, a quien mira con especial contemplación y acaso ternura. Tenemos un Presidente tierno, vaya, en el sentido de que no acaba de madurar. Lo que resalta es el Presidente con su trajesazo y su corbata verde, enmarcando su rostro y su engominado peinado. ¿A cuál parte de la sociedad va dirigida la revista? A la clase privilegiada, a los que suspiran por una vida de reyes y potentados. No es una revista accesible o que interese a los necesitados, a los marginados mexicanos, y ya ni siquiera a una clase media cada vez más estrangulada económicamente hablando. De hecho con los 50 pesos que cuesta cada ejemplar, podrían comprar alimentos a los que no tienen acceso. Ya que hace una semana aparecieran la primera dama, Angélica Rivera, y su hija Sofía en la portada de una revista de entretenimiento y moda para mujeres, posando en las escalinatas de la casa Miguel Alemán en Los Pinos, era suficiente como para que ahora el Presidente Enrique Peña y su hija, aparezcan en la portada de una revista de esas del corazón. Es mucha frivolidad para tomarse en serio. El país atraviesa por una crisis de desempleo, alza en la canasta básica y en los impuestos, una baja en la inversión económica extranjera y nacional, todo agravado a partir de la reforma fiscal, y en estas condiciones observar al Presidente y a su esposa posando para revistas socialités, pues sí es como una afrenta a los mexicanos. Realmente el país no está para esas situaciones. Enrique Peña Nieto no discursa de manera sentida, comprometida y espontánea de los problemas nacionales. Los evade. Lo mismo rehúye hablar de la inseguridad creciente, que de la falta de apoyo al campo, del éxodo de mexicanos, del desempleo. El Presidente presume sus reformas, la privatización del petróleo, los beneficios a los que más ganan, mientras los que menos, viven ahogados entre la carga impositiva, la disminución del poder adquisitivo y el hambre. Lo que el país necesita no es una familia real en Los Pinos, sino un gobierno sensible que no pierda el tiempo en cursilerías, y que la vida privada la mantenga así, privada, y no haga alarde de los lujos a los que las hijas de la pareja presidencial pueden acceder, y la mayoría de las jóvenes mexicanas no. Esta es una república, no una monarquía. Urge seriedad y respeto para quienes el Presidente aún gobierna.
Preso con tintes políticos
Está muy difícil creerle a un gobierno sin credibilidad. Por un lado el abogado dice que José Mireles debe probar que no portaba las armas, es decir que debe probar que es inocente, arremetiendo Alfredo Castillo –el abogado- con el principio que rige el estado de derecho; para la justicia eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por el otro lado están miles de personas, los seguidores de Mireles, los michoacanos oprimidos por el narco y por las fuerzas federales, los que se auto defienden luego de sufrir la indefensión gubernamental provocada por la impunidad que en este país es privilegio de los criminales. Está el doctor Mireles y su abogada quienes dicen que no, que el autodefensa Mireles no fue detenido ni portando arma corta ni arma larga, ni con droga; sí con mucho dinero que no ha sido reportado en su totalidad por la autoridad que lo aprehendió. Y en medio del caos, está la inseguridad creciente no solo en Michoacán, estado que ha servido de conejillo de indias al Gobierno de Enrique Peña Nieto para probar un plan de ataque al crimen organizado, deteniendo a los ciudadanos que se revelan y no a los delincuentes, y aplicando toda la fuerza de la corporación federal pero no con estrategia integral. El caso del doctor Mireles es rápido de ver como un caso político. Aun si efectivamente lo detuvieron con armas, droga y dinero de procedencia ilícita -cuestiones que el fiscal federal deberá probar en tribunales a partir de investigaciones y la integración de una averiguación previa- en su caso son perceptibles los abusos que comete el estado cuando quiere exhibir, oprimir y castigar mediáticamente a una persona que le es molesta al sistema. A José Manuel Mireles lo detuvieron según armado y con su grupo de autodefensas en iguales circunstancias, lo esposaron y según el detenido y sus acompañantes, lo torturaron verbalmente, psicológicamente. Lo raparon. Le rasuraron el bigote, y le niegan alimento y medicina necesaria para amortiguar sus dolencias producto de enfermedades propias y de un accidente aereo que casi le cuesta la vida. Además, permitieron que uno de sus defensores lo video grabara en esas condiciones de decaimiento y sometimiento físico. Así los mexicanos hemos visto imágenes del doctor Mireles con la mirada perdida, con la cabeza agachada, rapada. Sin su característico bigote, con uniforme color beige de preso peligroso y quejándose de dolores, de hambre. Es evidente que el gobierno permitió que se le grabara. Cuando de interrogar a un preso en penal se trata, y más siendo federal, los aparatos de comunicación les son retirados a los abogados, sea un encuentro físico, o como en este caso, a través de un sistema de comunicación digital. Pero el gobierno federal quiso que la imagen de un doctor Mireles abatido y sometido por el sistema judicial y carcelario, se diera a conocer. Igualito le hizo con el caso –guardada toda la proporción criminal, pero en idéntica circunstancia política- de Elba Esther Gordillo Morales. A la señora la esperaron los policías federales, la esposaron y la trasladaron al penal, y cuando su audiencia primera correspondió, alguien le tomó una imagen tras las rejas, sin maquillaje, achicada, sometida por el sistema. Los tintes políticos en una detención como la del doctor Mireles, se aprecian en la exhibición que hacen de la persona para denostarla ante la sociedad, para señalarlo como un delincuente y no como un luchador social –que lo es- apoyado por líderes de opinión, activistas y muchos ciudadanos a los cuales el gobierno ignoró hasta que Mireles y los suyos y muchos como ellos, tomaron las armas. Vea la diferencia en un caso criminal. La aprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Supimos que lo detuvieron porque la información le fue proporcionada de manera anónima a la agencia de noticias AP, a diferencia del caso que nos ocupa, no salió comisionado alguno, procurador o secretario, de manera inmediata a confirmar la detención del capo más buscado. Pasaron horas, horas, antes que el gobierno de Enrique Peña Nieto se colgara la medalla que la DEA (Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos) le dio. Y luego de terminada la conferencia de prensa pasar “inadvertidamente” al reo frente a las cámaras de televisión, con ropa informal, con pantalones de mezclilla y camisa blanca, limpio y con todos sus pelos, para que la población mexicana diera fe de la detención, para que los mexicanos le creyeran a un gobierno que no tiene credibilidad. Pero no hemos vuelto a saber nada de “El Chapo” Guzmán. Es obvio por los procedimientos judiciales que ya ha sido presentado a declarar, pero no sabemos si le raparon la cabeza o le cortaron el bigote, tampoco lo hemos visto disminuido tras las rejas, ni agachado sin pelos alrededor de la boca o en las sienes. Al “Chapo” el sistema mexicano lo ha protegido en prisión como lo protegió en libertad, en el anonimato. La del “El Chapo” no fue una detención con tintes políticos, fue una aprehensión criminal que debieron hacer cuando obligados por el Gobierno de los Estados Unidos, luego entonces no les interesa exhibirlo, ni propagar las declaraciones, ni mostrarlo, lo mantienen cuidadito en el sigilo que les obliga una Ley Nacional de Seguridad que con el doctor Mireles no han aplicado a rectitud. No sabemos, porque no vimos la aprehensión en vivo, ni nos mostraron las armas en el cuerpo del doctor o los suyos, si efectivamente traía armas, y en esas condiciones, creerle al gobierno de Peña Nieto es difícil. Desde que Alfredo Castillo fue nombrado Comisionado para la Seguridad en Michoacán, se ha empeñado en desactivar a las autodefensas que hicieron la labor del gobierno, en lugar de aprehender a los criminales. Dividió el gobierno federal a estos grupos ciudadanos para acabar con ellos. Ya le habían cantado la aprehensión al doctor José Mireles, es probable que se haya descuidado, que haya caído en el cuatro que desde el ámbito federal le pusieron, pero lo que están haciendo con él, es una exhibición mediática para acabar con la personalidad, la humanidad y la dignidad de un hombre de lucha que tiene seguidores. Podremos no estar de acuerdo con la toma de ciudades por parte de Mireles, con el uso de las armas o la promoción de más violencia para acabar con la violencia, pero coincidiremos con el hartazgo que lo llevó al extremo de defender con sus manos lo que su gobierno no le ha asegurado ni a él ni a los suyos. Y podremos estar de acuerdo con que el gobierno imponga el estado de derecho, pero de que hay tintes políticos y de que existen diferencias evidentes y mediáticas en la detención de un criminal y un líder social, las hay. ¿No?
30 años de corrupción y colusión
“Es una persona que tiene información de años atrás que maneja el narcotráfico, sin embargo, no tiene orden de aprehensión con nosotros. Investigaciones (averiguaciones previas), no puedo comentar abiertamente qué tenemos…Yo no tenía información para confirmar que ‘El Ingeniero’ estaba en Tijuana, no lo descartábamos, obviamente en su plaza, pero no tenemos una información certera”, dijo el subprocurador contra delincuencia organizada, José María Martínez, de la captura de Fernando Sánchez Arellano, líder del Cártel Arellano. Con esa frescura en la Procuraduría que encabeza la fiscal Perla Ibarra, reconocen que no se habían molestado en investigar la responsabilidad del sobrino de los hermanos Arellano Félix, mencionado como autor intelectual en expedientes de homicidios, secuestros, lesiones en balaceras y amenazas de muerte, todos delitos del fuero común. Es evidente que la corrupción y con ello la omisión para judicializar los casos en las procuradurías panistas de Baja California –tratándose del Cártel Arellano– no se ha modificado a lo largo de 25 años de gobiernos azules. Nuestro codirector fundador Jesús Blancornelas escribió que el Cártel Arellano Félix entró a Baja California porque el gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-enero 1989) le abrió personalmente la puerta, y, después, que los gobiernos del PAN no se las cerraron. “La mafia invade Baja California”, nota publicada el 20 de septiembre de 1985, detalló del descubrimiento de un almacén de marihuana en la colonia Libertad, protegido por el Agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, hombre de confianza y ex trabajador del despacho del licenciado Edgardo Leyva Mortera –hermano del gobernador–, quien controlaba la procuraduría. El jefe de la policía judicial estatal, José Luis García Figueroa –también puesto por Edgardo Leyva– y Moreno, vendían desde protección hasta identificaciones falsas a la mafia Arellano. Con el arribo de los gobernadores panistas que prometieron honestidad, trabajo por la ciudadanía y la captura de criminales, solo se obtuvo la continuidad de la impunidad. No pudieron, o peor, no quisieron, detener la labor criminal del Cártel Arellano, que terminó por invadir de droga y asesinatos las calles del estado, desde 1985 hasta este 2014. Aunque de los tres procuradores del primer gobernador panista Ernesto Ruffo (1989-1995), fue Juan Francisco Franco Ríos quien tuvo señalamientos directos de colusión con la mafia local, a Eduardo Kraus y Pedro Raúl Vidal Rosas mínimo se les señaló de ser permisivos con mandos y agentes judiciales sorprendidos, en más de una ocasión, protegiendo a alguno de los hermanos Arellano. Historias similares se dieron en el gobierno de Héctor Terán (1995-1998) y sus fiscales, Jose Luis Anaya Bautista y Marco Antonio de la Fuente Villarreal. La impunidad permaneció con el gobernador sustituto Alejandro González Alcocer (1998-2001) y su concuño, a quien designó procurador, Juan Manuel Salazar Pimentel. Los Arellano siguieron su actividad criminal y permanecieron intocables; sumaron homicidios de subprocuradores honestos y jefes de escoltas deshonestos de la PGJE y algunas detenciones de agentes corruptos de la misma fiscalía. Con el gobernador Eugenio Elorduy (2001-20007), quien sostuvo como procurador seis años a Antonio Martínez Luna, los ministeriales apoyaron la reorganización y la toma de Mexicali para el Cártel de Sinaloa. Y en zona costa, el CAF entró a la industria del terrorismo y el secuestro. La llegada a la procuraduría de Rommel Moreno Manjarrez en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán (2007- 20013), no mejoró las cosas tratándose del CAF. Se comprometió a judicializar a todos y cada uno de los miembros conocidos por secuestros y homicidios, pero en seis años, únicamente procesaron al sicario Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil” por el asesinato de un ministerial corrupto. En esta administración de Francisco Vega, la procuraduría de Perla Ibarra no se avizora mejor. Entrevistada por ZETA al inicio de su gestión sobre este tema en específico, fue evasiva, comentó que si había averiguaciones en proceso –no las hay– se continuarían hasta resolver, pero advirtió que no todas terminaban en consignación, podrían archivarse o quedar en reserva. De iniciar investigaciones contra traficantes, no respondió. Ahora, la misma Procuraduría bajacaliforniana que permitió más de 30 años de enriquecimiento del Cártel Arellano, está sirviendo para el re-ascenso de los criminales de la mafia de Sinaloa. Resulta urgente que el incipiente gobierno de Francisco Vega retome el camino del estado de derecho que debe imperar, y procurar la justicia de manera eficiente. No hacerlo, será una muestra más de la colusión con los criminales… como ha sucedido, los últimos 30 años.
Coordinación… binacional
La realidad era que en México las autoridades no estaban buscando, con el fin de detenerlo, a Fernando Sánchez Arellano. Había esfuerzos aislados. Ahí está el del Teniente Julián Leyzaola cuando fungió como secretario de Seguridad Pública de Tijuana, o la intención que tenían los Generales que fueron Comandantes de la II Región Militar, con sede en Mexicali: Sergio Aponte Polito y Alfonso Duarte Mújica. Pero que fuese una de las políticas de combate al crimen organizado, del ámbito federal o del estatal, detener al mafioso, no lo era. Tan no era así, que en el fuero común en Baja California, donde el detenido ha cometido la mayor parte de los delitos, entre ellos matar y matar policías, no hay una sola orden de aprehensión en su contra. En el ámbito federal, hubieron de desempolvar los expedientes que se le integraron en 2009, cuando la entonces SIEDO era titulada por Marisela Morales Ibarra, y una averiguación previa, del mismo año, pero radicada en la delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California. Si el sobrino de los Arellano tenía credenciales desde finales de los noventa con su foto y un nombre falso, desde licencia de conducir hasta de tiendas y otras membresías, es porque sencillamente, vivía en la impunidad. Desde 1998 tuvo una residencia y una vida económicamente activa en Tijuana. En 2002 se integró al cártel, en 2006, se hizo cargo de él, en 2008 inició una guerra y en 2010 pactó con el Cártel de Sinaloa, todo, frente a las autoridades federales, estatales y municipales. Nunca hubo coordinación para detenerlo. Pero si a alguien interesa la salida de circulación de los grandes capos mexicanos, es al gobierno de los Estados Unidos. La exportación de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, es precisamente hacia territorio norteamericano en mayor medida. Por lo menos los cárteles mexicanos surten menos hacia Europa o Asia. De ahí el interés de la Unión Americana por acabar con los capos mexicanos; los investiga, los etiqueta, los pone para su detención, pero últimamente no los quiere en sus territorios o en sus cárceles. Solo sacarlos de circulación. A Sánchez Arellano no lo detuvieron porque las corporaciones mexicanas lo hayan estado buscando y su ubicación fuese el resultado de una investigación científica y de campo en materia de crimen organizado, sino porque quienes nunca quitaron la atención sobre el heredero de los hermanos Arellano Félix, fueron precisamente los estadounidenses. Ciertamente hubo coordinación entre las autoridades mexicanas, Federación, Estado, Municipio y fuerzas militares, para colaborar con la detención en territorio mexicano, pero con la información de inteligencia norteamericana. Fue, estrictamente, una colaboración binacional. Como debería de atacarse en lo general e integral, el problema del narcotráfico y el crimen organizado. Realmente es interés de los dos países acabar con los capos y con la producción y venta de droga en ambos territorios. Este año, la coordinación binacional ha dado resultados en dos importantes aprehensiones: la de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa, que las agencias de Estados Unidos compartieron información con Policía Federal y Fuerza Armada, y la de Fernando Sánchez Arellano, donde los destinatarios de la información para la ubicación del criminal, fueron Estado, Federación, Municipio y Ejército. Lejos de considerarse esto, al menos en mi opinión, una intromisión de un país sobre la política de combate criminal de otro país, se trata de una acción coordinada entre dos naciones para combatir un problema que afecta a ambas. Los narcotraficantes mexicanos no serían lo que son, sin la necesidad de los consumidores norteamericanos -y la impunidad que les proveen autoridades también de los dos países-. A males binacionales, coordinaciones binacionales… ¿No?
“El Ranchero”
Esperando a “El Ranchero” para que hiciera las faenas, serían las once de la mañana del 27 de enero de 1981, cuando Jorge llegó y se puso sus zajonas. Se dio la orden de salida y apareció la becerra, al ser tan brava, fue cuatro veces al caballo de “El Zotoluco”. Tomó la muleta y pidió permiso al ganadero, como se hace siempre. Empezó con cuatro muletazos por alto con la mano izquierda, echó una mirada y le gritaron estás puestazo”. “Ranchero” ligó en un mismo terreno cinco naturales. Con las botas bien sembradas en la arena, moviendo la mano izquierda y la cintura, en ese instante cayó y fueron a mover la becerra que únicamente había tropezado, ahí vieron que Jorge no se movía y que un hilillo de sangre le salía por la boca. “Ese hombre está muerto”. Sabían que “El Ranchero” estaba enfermo del corazón, siempre traía píldoras para calmar un infarto, todo fue inútil, a pesar de que le dieron respiración de boca a boca y se le puso la medicina. Acercaron el automóvil para trasladarlo al Sanatorio de Jesús en Apizaco. Le dieron masaje directo al corazón, e igual se le inyectó en esa zona. El medico les ratificó: el hombre está muerto. Se fueron a una funeraria y después por el sacerdote para que le diera los santos óleos. Así paso a formar parte de las leyendas de los grandes hombres de Tlaxcala. Jorge Aguilar es lo más representativo de la mexicanidad, su origen, sus costumbres, su manera de vestir, dieron lugar a que los aficionados le nombraran “El Ranchero”. Uno de los “Tres Mosqueteros” fue Jesús Córdoba Ramírez, nació en Kansas. Nació el 7 de marzo de 1927. Comenzó a curtirse como maletilla. Portó su primer traje de luces en León, en 1946. En 1947, fue cornado por primera vez. Se presentó en Madrid en 1947 y 1948, formando cartel con Rafael Rodríguez Domínguez y Manuel Capetillo Villaseñor. Aquella tarde de 1948, Jesús Córdoba causó grata impresión en la Ciudad de México, convirtiéndose en uno de los novilleros punteros. El 25 de diciembre en 1948, en Celaya, tomó la alternativa de manos de Fermín Espinosa Saucedo, con ganado de Xajay. Al año siguiente estaba confirmando en la Monumental México, con el toro “Zalmero”. Se cortó la coleta hasta finales de los años sesenta. Manuel Capetillo Villaseñor confirmó el 25 de diciembre de 1949 en la Plaza México, con el toro “Muñeco”. Su padrino fue Luis Castro “El Soldado”, atestiguando Antonio Velásquez. Esa misma tarde le cortó el rabo al sexto, de nombre “Avellano”. El 15 de enero de enero de 1952, confirmó en Las Ventas a manos de Paco Muños y el testigo Antonio Ordóñez, esa tarde cortó una oreja. Se le consideró uno de los toreros más queridos del Estado de Jalisco durante su trayectoria, tanto en México como en España. La más grave de sus cornadas fue la de “Camisero” de la ganadería de La Laguna. El 23 de marzo de 1982 fue su despedida con seis toros. En 1981, volvió a presentarse para dar la alternativa a su hijo Manuel, siendo testigo Guillermo Capetillo. Toreó con sus hijos en Puebla, San Luis Potosí, Mérida, Villahermosa y Durango. arruzina@gmail.com
10 años contra el olvido
Fue muy doloroso. Un golpe tan inesperado como contundente. Durante algunos segundos impidió a los integrantes de la redacción respirar, pensar, o siquiera estar conscientes de lo que sucedía al derredor; el mecanismo de defensa se activó. La negación fue la opción aceptable: “… no puede ser Pancho”. Aquella fue la primera reacción cuando el entonces procurador del Estado informó, vía telefónica el 22 de junio de 2004, que tenían el reporte de “un periodista de ZETA asesinado”. Minutos después aseguraría que se trataba del editor Francisco Javier Ortiz Franco. Las lágrimas no se pudieron contener en los rostros de los hombres y las mujeres en la redacción. La inmundicia y la cobardía de los criminales que acabaron con la vida de Francisco, los llevó a disparar cuatro tiros de un arma .380 sobre la cabeza de un hombre honesto, un hombre trabajador que pugnaba por la verdad y la justicia; además, los asesinos lo hicieron frente a dos de los hijos del periodista, entonces niños de 8 y 10 años de edad. La inevitable indignación ante la injusticia no hizo mejores las horas, los días, los años siguientes. Con un permanente nudo en la garganta, la principal tarea de quienes quisimos y respetamos la ecuanimidad y el trabajo responsable de Francisco, el periodista, el maestro, el abogado, el padre, el esposo, el hijo, ha sido luchar con todo al alcance para que las autoridades no olviden su responsabilidad frente al delito cometido contra Ortiz Franco y su familia. Contra ZETA, y contra el ejercicio de la libertad de expresión. Lo asesinaron porque hace diez años, como hoy, gracias a la corrupción e ineficiencia de las autoridades responsables, de las corporaciones policíacas y las procuradurías, los criminales pueden andar libres y armados por las calles de Tijuana, de Baja California y de todo el país. Matando, secuestrando, idiotizando a la población con drogas, incluso protegidos por las autoridades como aquel 22 de junio en que, estando a 40 segundos de distancia en auto, o dos minutos a pie, los ministeriales de la Procuraduría del Estado tardaron entre 10 y 15 minutos en llegar a la escena del crimen, sin que se iniciara un operativo de búsqueda de los homicidas. El 21 de junio de 2005, José Luis Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), declaró ante una delegación del Comité para Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que el Cártel de los Arellano Félix era responsable de la muerte de Ortiz Franco. Mencionó como uno de los autores materiales a Jorge Eduardo Ronquillo Delgado “El Niño”, y como intelectuales, a Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón” y Jorge Briceño “El Cholo”. Lo mismo que había declarado diez meses atrás -18 de agosto de 2004 en conferencia de prensa en Tijuana- y acompañado del fiscal estatal, Antonio Martínez Luna. El móvil: el ejercicio del periodismo independiente, comprometido con la sociedad, con su trabajo imparcial; Francisco había replicado unas fotografías publicadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en las que identificaban a 71 miembros del CAF, y revelaba que las imágenes se habían usado para otorgar a los criminales, identificaciones que los acreditaban como policías ministeriales del Estado, para otorgarles impunidad y facilitarles la comisión de delitos. El cártel había pagado entre 40 mil y 70 mil dólares a autoridades corruptas en la Procuraduría del Estado. En la investigación también se consideraría como presuntos autores intelectuales, a Heriberto Lazcano “El Lazca”, en ese entonces líder de Los Zetas, y a Jorge Hank Rhon. En 2004, personal de ZETA y la familia Ortiz recibieron -por escrito- la promesa del entonces Presidente de la República, Vicente Fox, y la palabra de quien era gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, de resolver el caso, lo que significa detener, consignar y sentenciar a los culpables del asesinato del periodista. El entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, también ofreció sumarse a la investigación que atrajo dos meses después; pero solo congeló -lo que persiste a la fecha- el expediente. Los años han pasado, lo mismo que presidentes, gobernadores y procuradores, y los señalamientos jamás se concretaron en acusaciones formales contra los homicidas. Lazcano y Ronquillo Delgado fueron asesinados sin ser responsabilizados oficialmente del homicidio contra Francisco Ortiz Franco. Briceño desapareció (hay versiones no oficiales de que lo mataron) y Villarreal Heredia purga en Estados Unidos una pena de 30 años de cárcel por sobornos, tráfico y asociación delictuosa. Aunque en 2007, México solicitó su extradición para enfrentarlo a varios cargos de tráfico y homicidio, no se mencionó que estuviera formalmente acusado por el caso de Ortiz Franco. A Hank ya no lo mencionan y, como se ha hecho una terrible costumbre en México, para Francisco y su familia, la impunidad es la única constante, por eso, en este aniversario reiteramos el reclamo permanente de justicia. Exigimos órdenes de aprehensión contra sus asesinos, juicios y sentencias. A Ortiz Franco lo mataron por asumir la responsabilidad de hacer lo correcto, y no quitaremos el dedo del renglón hasta que las autoridades hagan lo mismo. Porque esa es su obligación y por eso cobran. Asesinado el periodista en un sexenio gobernado por Vicente Fox, emanado del Partido Acción Nacional, hoy en una administración federal priista con Enrique Peña Nieto, nuestra demanda persiste: castigo para los asesinos, golpe a la impunidad, y respeto al ejercicio de la libertad de expresión.
El primer Gobierno Sustituto del sexenio
En el caso del Estado de Michoacán, es difícil saber si la crisis de inseguridad devino de una crisis política, o si la crisis política se dio por la crisis de inseguridad. Ciertamente, la entidad federativa con mayor incidencia delictiva, acaso la de la guerra más sangrienta, es también el estado con más conflictos políticos, hechos estos que orillan a gran parte de su población al éxodo. Baja California no es ajeno a ello. En los últimos meses hemos sido testigos de oleadas de michoacanos llegando a estas tierras. Michoacanos en busca de trabajo legal y ansiosos de una oportunidad para seguir adelante en la vida, y michoacanos que dentro de los cárteles de la droga, migran a esta región para encargarse de actividades delictivas en esta frontera. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Michoacán se convirtió en tierra caliente y fecunda para el narcotráfico. Entonces gobernado por un representante del PRD, el propio Calderón había sido derrotado en las urnas de la tierra que le vio nacer. La inexperiencia perredista, sumada a la corrupción de alcaldes y corporaciones policíacas, y la guerra de cárteles que llevó a la creación de organizaciones delictivas en aquella entidad, sumieron a Michoacán en el caos de inseguridad, violencia e impunidad. La Familia, Los Templarios, Los Beltrán, Los Zetas, de Jalisco, entre otros cárteles, se asentaron a costa de balas y sangre en tierras michoacanas. En medio del clima de corrupción con el que terminaron de consolidar sus territorios criminales, llegó el tiempo de la elección estatal. Inició en 2011, cuando Fausto Vallejo y Figueroa, solicitó licencia al cargo de alcalde de Morelia para buscar por su partido, el PRI, la gubernatura del Estado. Vallejo no era ajeno en las simpatías michoacanas, había sido presidente municipal de Morelia en cuatro ocasiones y la suya era una victoria segura. La candidata del PAN, hermana del ex Presidente Felipe Calderón, no fue pieza ni política, ni social para Vallejo. Ganó la elección y, el 15 de febrero 2012, tomó posesión. Pero la vida se la jugaría mal a Vallejo. Una enfermedad crónica le ha obligado en varias ocasiones a solicitar licencia al cargo. Los efectos de tratamientos se le notan en la debilitada complexión física y la minada capacidad para tomar decisiones. Pero hubo una razón para impedirle al gobernador retirarse definitivamente para atender sus serios problemas de salud. Hacerlo antes de dos años posteriores a la elección significaría, de acuerdo a la Ley, la celebración de nuevas elecciones para seleccionar un nuevo mandatario. Pero si Vallejo, como lo hizo ayer, solicitara la separación del cargo después de dos años de administración, corresponde al Congreso del Estado designar un gobernador sustituto. Solo por esta razón, Fausto Vallejo no abandonó antes el gobierno de Michoacán. En esta condición, se convierte en el primer gobernador de la República Mexicana en abandonar el cargo en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto. Y lo hace, es evidente, en los términos de la presidencia tricolor, dejando la oportunidad a que sea nombrado otro priista, de obvia línea peñista, en lugar de haber convocado a elecciones democráticas dado que quien había sido seleccionado por el pueblo, ya no está en condiciones de cumplir con el compromiso. Enrique Peña Nieto ha tomado Michoacán como una extensión del Gobierno Federal. Hacía allá envío a uno de sus más leales representantes, Alfredo Castillo, para hacerla prácticamente de gobernador en funciones, luego que Jesús Reyna, quien hacía ese papel ante las ausencias médicas de Vallejo, estaba siendo investigado para ser posteriormente encarcelado, precisamente, por sus relaciones con narcotraficantes. El Presidente tomó el caso Michoacán debido no solo a la crisis política con las licencias de Vallejo, tampoco por el hecho de que Los Templarios tenían azorados a los ciudadanos, sino porque ante la ausencia de un Estado de Derecho, los ciudadanos ya se habían levantado en armas, con lo que llamaron Autodefensas. En estas condiciones de inseguridad, de crisis política y alzamiento ciudadano, se va Vallejo. Todo aderezado por la maquinación presidencial en la ausencia anunciada, para nombrar un gobernador sustituto. El primero de este sexenio priista. Y donde los nombres de posibles sucesores de Vallejo no son analizados en el Congreso del Estado de Michoacán, sino en la oficina del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Curro Romero
Ante Curro Romero pasaron siete u ocho generaciones de toreros, sin que ninguno lo derrocara. Mantuvo intacta su creatividad, su cotización a sus privilegios y su categoría, por encima del bien y del mal, al margen de competencias e intereses de un mercado tan vapuleado por los miles de seguidores, como odiado por otros miles de detractores. Cada una de sus faenas, se presentaba como una agradable sorpresa, como una fresca novedad surgida del gastado cuerpo de un sexagenario. Periodistas, escritores, sociólogos, psiquiatras y hasta filósofos, han intentado hallar la clave del prodigio, pero todo el análisis del “Currismo” que no adentre también los matices de lo puramente taurino, estará siempre condenado al fracaso. Son otros los valores que hacen grande el estilo del Faraón de Camas, como el ritmo, la perezosa cadencia de su cintura, de sus brazos, manejando los diminutos engaños como la arrogancia de su pecho, siempre dado a la embestida. Pero añade un empaque singular a cada una de las mágicas verónicas a sus medias o a cada muletazo, dilatado en el tiempo, todo ello unido al pellizco de sus adornos. Un artista singular ajeno a la clasificación mundana. Nunca fue un lidiador combativo, pero tampoco lo ha pretendido. Le ha bastado ser un sabio conocedor del toro y de sus reacciones. Unas muñecas privilegiadas capaces de sutilizar el temple a leves insinuaciones del trapo. Por eso Curro nunca engañó, ni se engañó. Siempre fue consciente, antes que nadie, en la plaza de sus posibilidades con cualquiera de sus enemigos. Es cierto que su irregularidad le ayudó a solventar el mito, tanto como sus grandes obras. La fórmula de la bofetada y la caricia, tuvo en Curro la mejor de sus aplicaciones. Siempre requirió su toro, un toro que quiera tomar el engaño, sin regatear esfuerzos. En tanto, el burel se volvió cada vez más exigente. Francisco Romero López nació en Camas, el 19 de diciembre de 1933. Hijo de labradores, a los 13 años resultó herido de la primera becerra que toreaba. Debutó en 1959, trabajaba de mozo en una farmacia y fue gracias a la recomendación del boticario, que el 25 de julio de ese año logró torear de luces, en La Pañoleta, una plaza de oportunidad. El 8 de septiembre del año siguiente, con solo seis actuaciones en festejos menores, se presentó con picadores en Utrera, acompañado de Juan Galves, Curro Romero, Paco Cortas y Ruperto de los Reyes, con novillos de Esteban González. Se presentó en La Maestranza el 26 de mayo de 1957. Tomó la alternativa en Valencia, el 18 de marzo de 1959, y confirmó en Las Ventas el 19 de mayo. Toreó 40 años ininterrumpidos en la plaza más importante del mundo.
Cerrazón
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) vive y se desarrolla de los impuestos ciudadanos, y como entidad pública, los integrantes de su Consejo Universitario están obligados a rendir cuentas de su administración a quienes los mantienen. De quienes pagan sus sueldos, el panorama es claro. De los poco más de 3 mil 554 millones de pesos que tiene de presupuesto para este 2014, un total 2 mil 550 millones son subsidios del estado y la federación, dinero que procede del bolsillo de los bajacalifornianos en particular y los mexicanos en general. Y otro medio millón proviene del pago de diversas cuotas de los educandos, por lo que también adquieren el derecho de saber y cuestionar la labor de sus autoridades administradoras. Sin embargo, la cúpula universitaria obligada por la naturaleza de casa de estudios de nivel superior “pública”, a promover la libertad de pensamiento, ha decidido comportarse cual pandilla, cuyo ideal es perseguir el poder, ese que se impone con argumentos de autoridad pisoteando los argumentos racionales. La cerrazón ha sido el principal síntoma público de esta voracidad por el dominio total de la vida universitaria, que ha caracterizado el presente cuatrienio encabezado por el rector Felipe Cuamea Velázquez (2010-2014). Sin responder oficialmente, cada vez que se ha dado a conocer alguna irregularidad en la administración de la máxima casa de estudios, sus contra argumentos han sido referir que los consejeros no se van a poner al nivel de sus detractores, que no van a validar a sus contrarios respondiendo, o refiriendo que quienes están en su contra no están en sus cabales. Desde su arribo, Cuamea se negó a responderles a los alumnos y profesores pensantes –de los que deben existir en una universidad– que cuestionaron su llegada como rector porque no reunió los votos legales requeridos por reglamento del consejo. Entidad de gobierno educativo que después manipularon para sacar a quienes consideraban sus contarios y llenarlo de sus amigos pervirtiendo esta junta al anular la representatividad de todos los grupos universitarios y cancelar las posibilidades de un manejo y supervisión democrática. De estos cambios manipulados tampoco hubo argumento o justificación. El mismo silencio fue la respuesta de Cuamea cuando una parte de la comunidad universitaria lo cuestionó en 2013 por suplir el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA), creado por Eduardo Backoff Escudero y un grupo de colaboradores del Instituto de Investigaciones Educativas de la UABC para definir qué aspirante debían ser admitidos, por el examen del Consejo Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL). Al final, el rector guardó silencio porque no tenía argumentos para refutar la calidad del trabajo de Backoff, quien por cierto fue designado miembro del Consejo Nacional de Evaluación Educativa. La misma estrategia desinformativa está aplicando ahora, intentando desacreditar fuera de libreta a Rafael Reséndiz Ramírez, estudiante de doctorado en ingeniería con 19 años de estudios especializados, con maestría en educación y estudios de filosofía por la Universidad Pontificia de México, licenciatura en teología en la misma institución y especialización en teología bíblica. Este académico le está mostrando al rector con documentos, que el cuadernillo Modelo Educativo publicado el 15 de mayo de 2014 que presenta como autores a una docena de funcionarios universitarios, y al propio Felipe Cuamea, es un plagio de un texto que elaboró en 2012 siendo maestro dela UABC por orden del director de la Facultad de Pedagogía, Salvador Ponce Ceballos. Ante la indignidad del presunto delito, de nuevo piensan que callar es la solución. Esperan que si no hablan la comunidad estudiantil olvidará, que si ellos no lo mencionan la irregularidad no existe, luego lejos de las grabadoras se dicen indignados para autoproclamarse víctimas de rumores mal intencionados e intentan desacreditar a su contrario etiquetándolos como locos o radicales, cuestionando sus motivos y finalmente invocando su autoridad. Sin embargo, en medio de una comunidad pensante, esta cerrazón es signo de debilidad, corrupción, e ignorancia, de ausencia de argumentos para defender su causa. Cierto, el grupo de académicos representados por Cuamea y encabezados por el ex rector y ex secretario de desarrollo Económico Alejandro Mungaray Lagarda llegó tras derrotar a aquel equipo de funcionarios universitarios que intentaron aniquilar a “varillazos y garrotazos” la libertad de opinar, de pensar y de educar a los alumnos para que se comprometieran con la sociedad, generada por el movimiento sindical estudiantil de 1980-1981 en la UABC. El problema es que en poco tiempo están convirtiéndose en lo mismo que combatieron, otra entidad antidemocrática que se niega a dar cuentas, a responder por sus fallas y corregirlas, y que también intenta reprimir toda opinión o pensamiento que difiera al de la cúpula, la única diferencia es que ellos no usan garrotes, varillas y esquiroles… todavía. Keywords: ZETA, Para Empezar, Cerrazón, UABC Felpe Cuamea, Backoff , EXHCOBA, CENEVAL, Rafael Reséndiz