Fue muy doloroso. Un golpe tan inesperado como contundente. Durante algunos segundos impidió a los integrantes de la redacción respirar, pensar, o siquiera estar conscientes de lo que sucedía al derredor; el mecanismo de defensa se activó. La negación fue la opción aceptable: “… no puede ser Pancho”. Aquella fue la primera reacción cuando el entonces procurador del Estado informó, vía telefónica el 22 de junio de 2004, que tenían el reporte de “un periodista de ZETA asesinado”. Minutos después aseguraría que se trataba del editor Francisco Javier Ortiz Franco. Las lágrimas no se pudieron contener en los rostros de los hombres y las mujeres en la redacción. La inmundicia y la cobardía de los criminales que acabaron con la vida de Francisco, los llevó a disparar cuatro tiros de un arma .380 sobre la cabeza de un hombre honesto, un hombre trabajador que pugnaba por la verdad y la justicia; además, los asesinos lo hicieron frente a dos de los hijos del periodista, entonces niños de 8 y 10 años de edad. La inevitable indignación ante la injusticia no hizo mejores las horas, los días, los años siguientes. Con un permanente nudo en la garganta, la principal tarea de quienes quisimos y respetamos la ecuanimidad y el trabajo responsable de Francisco, el periodista, el maestro, el abogado, el padre, el esposo, el hijo, ha sido luchar con todo al alcance para que las autoridades no olviden su responsabilidad frente al delito cometido contra Ortiz Franco y su familia. Contra ZETA, y contra el ejercicio de la libertad de expresión. Lo asesinaron porque hace diez años, como hoy, gracias a la corrupción e ineficiencia de las autoridades responsables, de las corporaciones policíacas y las procuradurías, los criminales pueden andar libres y armados por las calles de Tijuana, de Baja California y de todo el país. Matando, secuestrando, idiotizando a la población con drogas, incluso protegidos por las autoridades como aquel 22 de junio en que, estando a 40 segundos de distancia en auto, o dos minutos a pie, los ministeriales de la Procuraduría del Estado tardaron entre 10 y 15 minutos en llegar a la escena del crimen, sin que se iniciara un operativo de búsqueda de los homicidas. El 21 de junio de 2005, José Luis Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), declaró ante una delegación del Comité para Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que el Cártel de los Arellano Félix era responsable de la muerte de Ortiz Franco. Mencionó como uno de los autores materiales a Jorge Eduardo Ronquillo Delgado “El Niño”, y como intelectuales, a Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón” y Jorge Briceño “El Cholo”. Lo mismo que había declarado diez meses atrás -18 de agosto de 2004 en conferencia de prensa en Tijuana- y acompañado del fiscal estatal, Antonio Martínez Luna. El móvil: el ejercicio del periodismo independiente, comprometido con la sociedad, con su trabajo imparcial; Francisco había replicado unas fotografías publicadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en las que identificaban a 71 miembros del CAF, y revelaba que las imágenes se habían usado para otorgar a los criminales, identificaciones que los acreditaban como policías ministeriales del Estado, para otorgarles impunidad y facilitarles la comisión de delitos. El cártel había pagado entre 40 mil y 70 mil dólares a autoridades corruptas en la Procuraduría del Estado. En la investigación también se consideraría como presuntos autores intelectuales, a Heriberto Lazcano “El Lazca”, en ese entonces líder de Los Zetas, y a Jorge Hank Rhon. En 2004, personal de ZETA y la familia Ortiz recibieron -por escrito- la promesa del entonces Presidente de la República, Vicente Fox, y la palabra de quien era gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, de resolver el caso, lo que significa detener, consignar y sentenciar a los culpables del asesinato del periodista. El entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, también ofreció sumarse a la investigación que atrajo dos meses después; pero solo congeló -lo que persiste a la fecha- el expediente. Los años han pasado, lo mismo que presidentes, gobernadores y procuradores, y los señalamientos jamás se concretaron en acusaciones formales contra los homicidas. Lazcano y Ronquillo Delgado fueron asesinados sin ser responsabilizados oficialmente del homicidio contra Francisco Ortiz Franco. Briceño desapareció (hay versiones no oficiales de que lo mataron) y Villarreal Heredia purga en Estados Unidos una pena de 30 años de cárcel por sobornos, tráfico y asociación delictuosa. Aunque en 2007, México solicitó su extradición para enfrentarlo a varios cargos de tráfico y homicidio, no se mencionó que estuviera formalmente acusado por el caso de Ortiz Franco. A Hank ya no lo mencionan y, como se ha hecho una terrible costumbre en México, para Francisco y su familia, la impunidad es la única constante, por eso, en este aniversario reiteramos el reclamo permanente de justicia. Exigimos órdenes de aprehensión contra sus asesinos, juicios y sentencias. A Ortiz Franco lo mataron por asumir la responsabilidad de hacer lo correcto, y no quitaremos el dedo del renglón hasta que las autoridades hagan lo mismo. Porque esa es su obligación y por eso cobran. Asesinado el periodista en un sexenio gobernado por Vicente Fox, emanado del Partido Acción Nacional, hoy en una administración federal priista con Enrique Peña Nieto, nuestra demanda persiste: castigo para los asesinos, golpe a la impunidad, y respeto al ejercicio de la libertad de expresión.
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