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sábado, octubre 12, 2024
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Se presenta Martínez Vertiz

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El próximo 7 de septiembre, en punto de las cinco de la tarde, se anuncia en la Monumental de Playas, la presentación en Tijuana de Alejandro Martínez Vertiz, alternando con Arturo Macías “El Cejas” y Antonio García “El Chihuahua”, con seis toros de Real de Solera. Criticado y criticable, lo primero se resuelve con una buena dieta, lo segundo no tiene remedio. A Martínez Vertiz lo critican por el exceso de peso, y es que en el Toreo, entre más kilos se tengan, menos oportunidades de salvar la vida ante una cornada. Hay tres casos muy representativos, que yo recuerde, por el exceso de kilos: Manolo Martínez en la Plaza México, quien murió por unos instantes en la enfermería, ya que el pitón de “Borrachón” le hizo destrozos terribles y, dada la abundancia de carnes, el pitón se atascó y provocó una situación crítica durante la cirugía. Aquí en Tijuana, la de los subalternos Alberto Ortiz “El Chaval de Orizaba” y la de Carlos Díaz de León, el toro los cogió por el ano y no había forma de soltarlos, eran tan graves las cornadas que todos los aficionados hacían fila para donar sangre, cuando este proceso no estaba regulado; tal era el caso que en la medida que les ponían la sangre, igual se les salía. Ahora es el caso de Alejandro Martínez Vertiz, que además de pesado, se le acusa de no tener técnica, ni táctica; de tener un padre acaudalado, ser el ganadero de La Estancia y además hacer empresa, al armarse sus propias temporadas al estilo de Guillermo González  “Chilolo”, hasta que terminó con el negocio familiar de compraventa de pollos. A estos toreros se les descubre cuando salen de sus dominios a plazas que de verdad les exigen, quitándoles  la oportunidad de torear a quienes tienen mayores posibilidades de triunfar.  El primero de mayo de 2000 tomó la alternativa en Juriquilla, Querétaro. Su padrino, Jorge Gutiérrez, y el testigo, Óscar San Román, con ganadería de San Martín. Confirmó el 20 de enero de 2008 en la Plaza México. Padrino: Fernando Ochoa. Testigo: Ignacio Garibay, con toros de Carranco y por delante Gastón Santos hijo. En suma, Alejandro es mejor empresario que artista, pero nadie le puede quitar el mérito de seguir invirtiendo en la Fiesta Brava. Él y su padre son del escaso grupo que organizan festejos por toda la República Mexicana, su gestión abarca desde plazas de primera hasta pueblos o rancherías perdidos que no aparecen en el mapa. Este tipo de personas mantienen el negocio taurino circulando y dándoles trabajo a toreros, subalternos y comprando ganado. Lo peligroso de Martínez Vertiz, es que se canse de salirle al toro y que deje de hacer empresa. El cascabelero Arturo Macías “El Cejas” dice claramente que se torea como se es, y que todas las tardes es diferente, es decir, no tiene un estilo definido. A los 15 años salió de su casa y se fue a la de su maestro “Curro” Rivera, después partió a  Pastejé, a las filas de David Silveti, posteriormente emigró a España bajo la tutela de Antonio Corbacho. Regresó a México para debutar como novillero y el toro le partió el hombro, quedando nueve meses inactivo. De “Curro” aprendió a los 14 años sobre la raza de un torero, siempre decía que no había que dejarse ganar la pelea por nadie, por eso fue una gran figura. Hablaba de la grandeza, platicaba de sus experiencias, pasaron 35 años para que un diestro mexicano cortara las cuatro orejas y saliera por la puerta grande de Las Ventas de Madrid. “Curro” Rivera fue, es y será su estandarte. “El Cejas” tomó de ejemplo su vocación, la mentalización de enamorarse de la profesión, levantarse a correr, entrenar, no desvelarse. Y de David Silveti, tomó la espiritualidad del toreo, la ubicación con los toros, cómo tener comunicación con los animales, entenderlos y conocerse a uno mismo. arruzina @gmail.com

Control presidencial

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Desde el principio de la Presidencia de Enrique Peña Nieto se instaló en el país el viejo sistema de centralismo tricolor que había reinado por 72 años, previo al 2000. Evidentemente, esos 12 años fuera de la Presidencia solo sirvieron para acrecentarle a los priistas el hambre de poder. En algunas áreas y estados, más rápido que en otros, el Gobierno Federal ha retomado el control de dos temas que le importan: la distribución de los recursos para invertirlos políticamente, y el manejo de la información para manipular y mejorar la imagen gubernamental. En el tema del dinero, le asignan recursos a todas las entidades, pero solo lo mandan a donde consideran que les conviene. Baja California no es uno de los estados que le preocupan, por eso, a punto de concluir el segundo año de administración peñista, siguen sin llegar los fondos comprometidos para las obras en 2014, y para pagarles lo que se les debe a los maestros, por poner dos ejemplos. Para los funcionarios en México, las leyes que dan autonomía a los estados y municipios resultan una vacilada, y las entidades afectadas -como Baja California- durante 18 meses de gobierno, tampoco han tenido un ejecutivo que se haya molestado en defender sus derechos. Todos los gobernadores, cuadraditos, asisten cuantas veces los invitan a la Ciudad de México, solo para aplaudir y validar los logros presidenciales. En cuanto al tema de la información, los voceros que dan la cara por el licenciado Enrique Peña -para que no se afecte su imagen- en los temas álgidos, Miguel Osorio Chong en seguridad y Luis Videgaray en economía, se han empeñado en publicitar inexistentes mejoras a través de estadísticas maquilladas, mientras los ciudadanos de a pie siguen padeciendo el hambre, la falta de trabajo y atestiguando homicidios, bloqueos carreteros y balaceras. La sorpresa positiva para los mexicanos fue que también desde los primeros días de gobierno, las cifras arrojadas por estudios realizados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), otro organismo autónomo del Gobierno Federal, responsable de recopilar información estadística, era distinta y más cercana a la realidad expuesta por los diversos sectores. Como responsable gubernamental de actualizar la información del número de pobladores,  producto nacional, empleo, ocupación,  educación y violencia, entre otros datos, el INEGI se ganó la credibilidad ciudadana. Se llegó a mencionar que Eduardo Sojo -funcionario federal durante los dos sexenios panistas pasados-, el licenciado en economía que dirige el Instituto desde 2008 y tiene garantizado el puesto hasta el 31 de diciembre de 2016, era el único político al que no le habían llegado al precio. Sin embargo, este mes las dudas empezaron a surgir cuando repentinamente, después de la aprobación de la Reforma Energética, los números del INEGI referentes a la economía también empezaron a mejorar. Pero no se trata de desconfiar de la institución solo porque después de 18 meses empieza a seguir el discurso que se dicta desde la secretaría de Gobernación. La duda va en dos sentidos: por un lado, la mejora económica generalizada según las últimas cifras del INEGI fue abrupta- no escalonada-, y por otro, sus números no van acorde con la perspectiva de crecimiento recién anunciada por Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que disminuyó de 3.3 por ciento a 2.2 por ciento, a máximo 2.8 por ciento en lo que resta de 2014. Ahora, la preocupación es que el INEGI deje de contar y registrar debidamente las muertes, para que el Estado pueda validar sus versiones festivas de un México con menos violencia. Para la ciudadanía lo único que queda es seguir pendiente y exigir bases de datos confiables, porque al final, lo único claro en este baile de números, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto le teme a una sociedad informada.

No se acaba de ir

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En Estados Unidos, y en tratándose de presidentes, hay tres cosas que se espera de ellos una vez concluido su periodo: que escriban sus memorias, que inauguren su biblioteca pública, y tomar uno de dos caminos: o dedicarse a ayudar al mundo a través del altruismo y las causas sociales -no gubernamentales-, o que se retiren a su hogar en su ciudad natal a descansar. En México lo que queremos los mexicanos cuando un Presidente de la República concluye su mandato  -al menos en la historia contemporánea- es que se vayan, se callen y no vuelvan más, ¿o no? Ahí están los casos de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari -intencionalmente me brinqué a Miguel de la Madrid Hurtado (qepd), porque de tan gris, llegó, se fue, regresó, estuvo y no pasó nada-, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y próximamente, Enrique Peña Nieto. La excepción, la única, es Ernesto Zedillo Ponce de León, un Presidente serio que concluyó, agarró su avión, se fue del país, es un honorable maestro en universidades internacionales y un importante consultor en empresas multimillonarias por todo el mundo. Nada debe, nada teme y nada esconde. Pero de ahí en fuera, a ver, ¿a cuál defendería Usted? ¡Exacto! (¿o me equivoqué con su respuesta?). Los mexicanos hemos sido tan mal tratados por los presidentes de la República, que lo que queremos siempre es que su sexenio acabe. La gran mayoría porque toma decisiones centralistas, otros por la sospecha de corrupción que pesa sobre ellos, y unos más porque no eran -no son- precisamente las personas más inteligentes, comprometidas y voluntariosas para llevar a México a otro nivel de desarrollo y crecimiento. También, porque su principal propuesta para sacar más dinero -que no más desarrollo o crecimiento- generalmente es incrementar los impuestos o vender los bienes de la nación. Nada de atraer inversiones, incentivar a los contribuyentes, retribuir a los gobernados, mejorar las condiciones de vida, de infraestructura y desarrollo económico, nada de eso. Desde López Portillo hasta Peña Nieto, los pobres en México van en aumento. Cada vez hay más pobres porque hay más riqueza en otros lados. Se nota la marginalidad porque hay más desarrollo en otros países en términos de tecnología, vivienda, empleos, servicios, etcétera. México sigue sumido entre la corrupción -definida esta semana por el Presidente como parte de la condición, casi humana- y el abuso de unos cuantos sobre la gran mayoría. Los partidos políticos en el gobierno, una clase privilegiada de políticos que saltan del Poder Legislativo al Ejecutivo y viceversa, y que terminan como millonarios. Por eso, cuando uno está renegando de su actual Presidente, ya sabe, la Reforma Fiscal que está acabando con tantas pequeñas y medianas empresas, el incremento al 16 por ciento del IVA en la frontera que nos ahoga, las importaciones limitadas, la contabilidad digital de primer mundo en un país de tercera, la apertura de los petróleos a los extranjeros, el poderío de los medios de comunicación electrónicos preponderantes, que llegue un ex Presidente, es cosa de no por favor. Y en efecto, como si con el actual no tuviésemos suficiente, llegó al país el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, para… ¡justificarse!, y con ello desviar la mirada y opinión sobre Enrique Peña Nieto hacia su persona. Vino a presentar un libro que nadie le solicitó, pero que él realizó -igual y también lo escribió- para defender lo que fue su gobierno, el que insiste, no debe estar marcado por la narcoguerra. En la Ciudad de México -¿dónde más podría ser, tratándose del presidencialismo así sea panista?- y en el Club de Industriales, Calderón presentó su libro “Los Retos que Enfrentamos. Los Problemas de México y las Políticas Públicas para Resolverlos (2006-2012)”, o sea… ¿En serio? ¿A estas alturas? Según dan cuenta las reseñas, el ex mandatario inició su discurso así: “No pretendo engañar a nadie: es un texto que busca explicar lo que hicimos, pero aun así, tampoco se trata de un informe que carezca de reflexión y autocrítica. Como todo gobierno, en tanto que actividad humana, el mío tuvo limitaciones, errores e insuficiencias, pero también tuvo aciertos y programas exitosos”… ajá. En varios puntos del libro, el michoacano justifica las decisiones que tomó y sugiere medidas para controlar fenómenos actuales en base a la “experiencia” adquirida. No le fue bien a Calderón, especialmente con los panistas, muchos -Héctor Osuna Jaime incluido- lo culpan del terrible desgaste en que se encuentra el PAN en estos momentos. Además, como siempre con su mala suerte, tuvo el tino de programar la presentación de su libelo, tres días después de darse a conocer el video del ex coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Alberto Villarreal, y sus secuaces panistas y legisladores, dándole con todo al bailongo acompañados de chicas de cara compañía y conocidos bares desnudistas de Puerto Vallarta. Lo mejor que podría hacer Felipe Calderón Hinojosa, el ex Presidente -lo mismo aplica para el comerciante de lo que sea, Vicente Fox-, es quedarse callado, reflexionar en silencio y dejar al actual hacer su trabajo. Su tiempo ya pasó, y si nadie le da trabajo en el extranjero, pues que administre su fortuna; porque al igual que los presidentes vivos -a obvia excepción de Zedillo-, cada mes le llega una vasta pensión de parte de todos nosotros. ¿No?

Amarrar manos

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El diputado René Mendívil Acosta, priista, presentó una serie de iniciativas ante el Congreso del Estado del cual es miembro, para intentar reformar leyes y reglamentos locales, que lleven a una mejor administración de los recursos de los bajacalifornianos que integran anualmente el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Sin dedicatoria pero a propósito de los hartos señalamientos que pesan sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, particularmente en la actual Secretaría de Finanzas, donde ya en tres ocasiones han cancelado licitaciones públicas para entregarlas a empresas hechizas y raras, de manera directa y por millones de pesos. Los casos por los que de hecho se citará a comparecer al Secretario Antonio Valladolid, ya sabe, aquel donde le dieron una licitación de más de 16 millones de pesos de manera directa a una empresa experta en hacer corcholatas, para la realización de las placas vehiculares, empresa que después se supo, incluso antes que le dieran la obra, había apenas comprado maquinaria para tales efectos. Luego también las licencias de conducir que el Gobierno del Estado comprará a razón de 123 pesos cada una, pero la compañía a quien le dieron la licitación directa, comprará a su vez a una empresa de los Estados Unidos por tan solo un dólar cada licencia. Y otros más contratos que se han concedido de manera que aparenta ser irregular y que, vaya, no han sido debidamente aclarados para transparencia, certeza y seguridad de los bajacalifornianos, ni por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ni por el Secretario de Gobierno Francisco Rueda, mucho menos por el de Finanzas Antonio Valladolid. Una de las iniciativas ya en el Congreso, propone determinar el porcentaje que del total del presupuesto para el Estado, destine el Gobierno para la inversión pública. Ese dinero que se gasta en construir calles y avenidas, bulevares y presas, desalinizadoras y carreteras, acueductos y presas, puentes y edificios, y otras obras que no solo contribuyen al mejoramiento de la infraestructura sino que benefician a las compañías locales, generan trabajo y hacen rodar la economía. En ese punto, propone el priista adicionar un párrafo al artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público para garantizar el crecimiento anual del gasto en inversión pública. Y justifica: “que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad como impulsor del desarrollo económico…No obstante la importancia que reviste la inversión pública, para este año fueron aprobados…Mil 576 millones de pesos menos. Refieren que en 2013 la anterior administración, presupuestó para inversión pública mil 113 millones 710 mil 462 pesos, pero que el ex Gobernador incrementó ese gasto a 2 mil 86 millones 472 mil 623 pesos, “es decir, 973 millones de pesos más que lo aprobado por el Congreso. Para este año, la propuesta remitida por el Ejecutivo y aprobada por la XXI Legislatura contempla solo 510 millones 250 mil 813 pesos en Inversión Pública. De concretarse la ejecución del gasto del Presupuesto aprobado, Baja California perdería en términos reales casi mil 576 millones de pesos en Inversión Pública. Mientras que en el 2013 la Inversión Pública representó el 5.35% del Presupuesto de Egresos del Estado, para el 2014 solo representará el 1.29%”. Otra de las propuestas tiene como objetivo que el Gobierno del Estado, cuando se trate de concurso de obras, licitaciones, concesiones o contratos para la realización de productos y servicios que requiera para satisfacer las necesidades de los bajacalifornianos, se dé preponderancia a las propuestas de empresas, constructoras y compañías de Baja California. Es el caso que las tres empresas a las que Finanzas les adjudicó directamente la producción de placas, la producción de licencias y la compra de despensas, están radicadas fuera del estado y todas tienen su registro público de la propiedad en el Distrito Federal. Una más de las iniciativas, contempla reformar artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California así como del Código Penal del Estado, para que se tenga en calidad de órganos de control a “las áreas o unidades administrativas de las dependencias y entidades de los poderes del Estado, de los Municipios y de los organismos autónomos, que tengan a su cargo las funciones de Contraloría Interna y de financiamiento de responsabilidades”. La idea es que los funcionarios que administran el Gobierno y quienes se encargan de supervisar el buen trabajo en la entrega de licitaciones, concursos, contratos, adjudicaciones y convenios, sean sujetos de responsabilidad cuando actúen de manera indebida o con omisión respecto a una irregularidad cometida. Justifican: “El objeto de asegurar al Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, sustenta su interés jurídico en que las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores condiciones financieras, comerciales y de servicio”. Y que el funcionario que no cumpla con ello, que actúe en su provecho o en el de terceros, como las empresas beneficiadas de manera directa sin ofrecer lo antes descrito, sea sometido a proceso por “negociaciones ilícitas”. “En esta ponderación, es pertinente, con el propósito de brindar mayor certeza y seguridad jurídica en la actuación de los servidores públicos involucrados; que las conductas emanadas de su intervención en el Procedimiento de Licitación Pública, sean reguladas en el contexto de las prohibiciones establecidas en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, e incluidas en el tipo penal de “Negociaciones ilícitas” dentro del Artículo 305 del Código Penal para el Estado de Baja California, para lo cual se modifica su denominación para quedar reclasificada como “negociaciones ilícitas y ejercicio indebido de atribuciones y facultades”. La idea de estas propuestas de reforma, y otras que vendrán en el futuro inmediato, es de entrada, para transparentar el gasto y la inversión con los dineros públicos; para evitar transas e irregularidades de funcionarios con empresas privadas, y de ponderar la empresa y la mano de obra local. Y claro, amarrarle las manos a aquellos que gustan lucrar, sacar provecho o comisión del dinero que no es suyo, sino de los bajacalifornianos. Ahora falta que se comprometan los diputados del PAN y le abonen a la transparencia, la certeza jurídica y el buen ejercicio de gobierno. Falta eso.

IVA: El sigan votando por el PRI

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Esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se analiza el recurso que 234 legisladores federales, entre diputados y senadores, introdujeron ante el superior órgano judicial, en un intento por anular algunos preceptos de la Reforma Fiscal aprobada en esas Cámaras en el año 2013. Efectivamente, los diputados primero y los senadores después, dijeron sí a la que tan perjudicial ha resultado, reforma fiscal propuesta ante el Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo representado por Enrique Peña Nieto. Sin embargo cuando algunos legisladores, y una parte grande de la sociedad –especialmente las afectadas en las zonas fronterizas del país- dimensionaron los desastres económicos y financieros que la medida acarrearía, sometieron ante la Corte la decisión de anular algunas decisiones tomadas por la mayoría legislativa. Bueno pues era de esperarse la reacción y la acción de los Ministros. No pueden declarar inconstitucional la decisión tomada de manera mayoritaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues así sucedió. Los votos que se requerían para pasar la enmienda fiscal de Peña fueron logrados, contados y autentificados hasta ganar la votación. Los Ministros aclaran que no les corresponde a ellos determinar “si la opción que tomó el legislador es la mejor, la más adecuada o las más razonable”. Prácticamente que no pueden decidir sobre el fondo pero sí sobre la forma. O cómo dijo el Presidente de la corte, a ellos no corresponde controlar la calidad de las leyes, sino la constitucionalidad. Bien, no se esperaba menos de una corte tan peñista… perdón, quise escribir tan purista; pero uno de los Ministros, Arturo Saldivar, lo dijo para el futuro: “Este tipo de temas se resuelven en las urnas, no en un Tribunal Constitucional”. No sé ustedes pero yo clarito escuche “sigan votando por el PRI”, o por el PRD, o por el PAN, o por cualquier otro para no tocar susceptibilidades políticas ideológicas, aunque en este caso la definición primera de “sigan votando por el PRI” a manera de aténganse a las consecuencias y no como un llamado a votar por ese partido o sus candidatos, no es de gratis ni casual. La iniciativa de reforma fiscal provino del Presidente de la República y de su Secretario de Hacienda, los dos, emanados de las filas del PRI. Y el cabildeo en la Cámara de Diputados lo hicieron el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, que es priísta, el líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el líder de la fracción del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. Además, la reforma fiscal fue aprobada con los votos de los diputados del PRI, más los de sus comparsas del Verde Ecologista del PRI –perdón otra vez, quise escribir del Verde Ecologista de México- y, como les faltaban algunos cuantos sufragios legislativos, utilizaron sus cartas en el PRD con los diputados controlados por “Los Chuchos” (Ya sabe, los Jesusees que tienen compadrada la dirigencia nacional de ese partido a través de  espacios de poder, de representación, de derrotas ganonas), y claro, con los votos de legisladores del PANAL. El Partido Acción Nacional no jugó con el PRI en la aprobación de la reforma fiscal como lo hizo en la aprobación de la reforma energética –a la cual algunos perredistas se oponen, como tampoco están de acuerdo en la reforma de telecomunicaciones-. Entonces en el caso de la reforma fiscal que subió el IVA al 16 por ciento en las fronteras donde estaba –por cuestiones de competitividad con los países vecinos- al 11 por ciento, o que incrementaron el Impuesto Sobre la Renta, o desaparecieron a los pequeños contribuyentes, o alzaron los aranceles, la decisión primaria fue de los miembros del PRI en el Gobierno Federal y en las Cámaras Legislativas. A la fecha (la tarde del martes 19 de agosto) los Ministros de la Suprema Corte no habían dado anunciación oficial sobre la impugnación del 16 por ciento de IVA en la frontera que promovieron los legisladores panistas con algunos perredistas, pero se sabía producto del análisis y la exposición judicial, que ocho de los diez Ministros no estaban de acuerdo con regresar el IVA al 11 por ciento en la frontera, con lo cual es evidente cuál será el resultado. Por eso la reflexión del Ministro Saldívar reviste importancia. Es decir, en la Corte no irán contra el fondo de los gobiernos, eso lo corresponde a los electores. Analizar por quién votar, o votar por quién cree que tomará mejores decisiones. “Este tipo de temas se resuelven en las urnas, no en un Tribunal Constitucional”, dijo Saldivar… y tienen razón. “El IVA no se olvida” será un canto de la batalla político electoral del 2015, cuando se renovarán los 500 diputados federales. Piénsele bien antes de llegar a la urna. No vaya a ser que los diputados que vienen se equivoquen o no actúen en el beneficio de los electores, y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada pueda hacer. O cómo se puede interpretar –con tono irónico por favor-: sigan votando por el PRI. Así la cosa.

Bonos

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Cada uno de los 500 diputados federales que pretenden premiarse con un bono de un millón de pesos por los ocho meses que “trabajarán” en 2015, recibe mensualmente 180 mil pesos de sueldo, cobra 2.1 millones de pesos al año y alrededor de 6.4 millones de pesos en el trienio, y debería ser suficiente, pero no. Adicionalmente, reciben 50 mil pesos para asesores, 5 mil para despensa, 9 mil 500 de apoyo legislativo, para instalar oficina en su distrito. Entre sueldos e incentivos, suman 244 mil pesos al mes, 2.9 millones de pesos al año, y 8.8 millones en los tres años que dura su gestión. En total, a los 500 diputados se les entregan más de mil 450 millones de pesos año, 4 mil 350 millones de pesos en el trienio, pero no tienen llene y siguen sumando a sus bolsillos y restando al erario. También por mes, cada bancada recibe 5 millones de pesos para promover las ideas de su partido, éstos se entregan al coordinador, hay siete bancadas, son 420 millones de pesos al año y mil 260 millones de pesos en los tres años. Esto, como si no se les hubiesen entregado recursos antes, cuando fueron candidatos. A través del Instituto Electoral, para 2015 solo en Baja California se destinarán 114 millones de pesos para los partidos, presupuesto superior al de muchas secretarías. Además, como si tuvieran un sueldo con el que no pudieran solventar sus males físicos, el pueblo también  les paga un Seguro de Gastos Médicos Mayores, de 12 mil pesos mensuales con la compañía GNC, que son 72 millones de pesos al año, 216 millones por toda la administración. También recibieron al llegar un cheque de alrededor de 200 mil pesos para comprar un carro que pueden conservar, en ese entonces, los ciudadanos les entregaron otros 100 millones de pesos para adquirir un auto nuevo, eso sí, austero. Tampoco se puede olvidar el plan de ahorro, que va desde una cantidad mínima mensual, hasta la mitad de su sueldo -90 mil pesos por mes-, que una vez ingresado en la caja de ahorro, ese dinero es duplicado en automático por el Congreso. Entonces, como ejemplo, si un diputado ahorró 50 mil pesos por mes, al salir tendrá los 1.8 millones que guardó, más otros 1.8 millones de pesos, el Poder Legislativo le entregará. 3.6 millones de pesos en total. ¿A cuántos de Ustedes, ciudadanos, el Estado les duplica sus ahorros? Luego es necesario agregar que además reciben recursos adicionales cuando en comisiones o bancadas, realizan fuera de las instalaciones del Congreso, mesas de trabajo y reuniones para debatir, proponer o conciliar; un promedio de 80 mil pesos, comentó un diputado. En el caso de los legisladores panistas que se divirtieron en una mansión de Puerto Vallarta con chicas desnudistas en enero 2014, estaban en ese municipio porque la bancada de Acción Nacional había recibido un millón y medio de pesos para realizar su reunión plenaria en esa región. Todos estos miles de millones de pesos con que se auto benefician los diputados -porque ellos definieron cuánto merecían- resultan un enorme insulto en un país con más de 53 millones de pobres, en el cual el 53.8 por ciento de sus niños y adolescentes, viven en pobreza, donde 30 millones de mexicanos no cuentan con agua potable y el salario mínimo -que no quieren incrementar- es de 63.77 pesos a 67.29 pesos diarios, dependiendo del área geográfica. En el mejor de los casos, 2 mil 045 pesos al mes, mientras un diputado recibe, en el mismo período, 244 mil 500 pesos. Se pensaría que la injusticia y el abuso no pueden ser más evidentes, pero sí pueden. Y alcanzan los límites del cinismo y latrocinio. Primero, no podemos olvidar que algunos de estos representantes populares ya recibieron “bonos”, están los 16 millones de pesos entre los 38 legisladores del blanquiazul que se repartieron en junio de 2013, como admitió el coordinado de los senadores del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado; los 15 millones, en julio de 2014, del coordinador del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila -única fracción política en regresarlos-. Y no se sabe cuánto recibieron los otros partidos, como el PRI y el Verde Ecologista de México. Ambas aportaciones económicas extra, fueron autorizadas por la Secretaría General en San Lázaro, y desconocen “el propósito o el fin de su destino”, se les dice que es por eficiencia, como si no se les pagara suficiente para que trabajen con eficacia. Aunque al final, quienes han aceptado o rechazado los recursos reconocen que las entregas económicas están relacionadas con la aprobación de las reformas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto, y que el dinero sale de la Federación: “Si eso fue con cheques firmados, ¡cuánto no habrán repartido bajo el agua!”, criticó el diputado federal por Baja California, Jaime Bonilla.       Pero como los costosos diputados federales quieren abusar hasta el último día, incluyeron en el Presupuesto 2015 -que discutirán próximamente- un bono por conclusión del ejercicio de otro millón de pesos para cada uno de los 500 legisladores, aunque algunos refirieron que originalmente les habían dicho que serían 2 millones. Señores, la gente no tiene trabajo, no hay suficiente inversión en obra pública, la canasta básica está fuera del alcance de millones de familias mexicanas, hay niños muriendo de hambre, mientras Ustedes insisten en seguir sangrando las finanzas públicas. Cuando llegaron, se comprometieron a servir, porque si lo que buscan es servirse, entonces llegó el momento que la sociedad organizada se los demande, porque no pueden comportarse como delincuentes y pretender que se les siga tratando como gente decente.  

Joselito: un portento

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Nevaba profusamente, chimeneas encendidas mitigaban el intenso frío que, a pesar de los abrigos, calaba hasta los huesos. El aeropuerto estaba cerrado y, ante el desolador panorama, todo indicaba que la corrida se cancelaría; tenía cuatro horas sentada en el lobby del hotel y, al filo de la madrugada, sin esperarlo siquiera, tenía ante mí al gran Joselito Adame. De inmediato lo abordé, lo senté junto a mí, y surgió la entrevista. Él solamente vestía una camiseta amarilla y una bolsa de viaje en el hombro, durante la plática no cesaba de sonreír y le pregunté, ¿de qué se ríe? Contestó: “Es que burló mi equipo de seguridad”, y respondí: “Yo no burlé a nadie, estoy hospedada aquí y todo esperé menos encontrarlo, mucho menos tan tarde”. A lo que replicó: “Hasta este momento pudimos aterrizar”. 

El desgaste del PAN

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En la cuna de la democracia, Baja California (no es porque aquí viva… ¿Eh?) en 1989 el Partido Acción Nacional obtuvo la primera gubernatura de oposición al PRI de que se tenga memoria; poco a poco en otros Estados, Guanajuato, Chihuahua, fueron abriéndose espacios. Empezaron a ganar gubernaturas, diputaciones locales y hartas federales, senadurías y posiciones que en los años aciagos nunca imaginaron en las celdas de las prisiones en las que terminaron los días de elección. Paulatinamente en tiempo, y de manera acelerada en conciencia política, el PAN pasó de ser el partido de oposición golpeado, perseguido, a ser el Partido en el gobierno, perseguidor, golpeador. Aprovechado. Los panistas y los neopanistas aprendieron a vivir en el sistema que el PRI erigió en la administración pública; en lugar de cambiarlo se sirvieron también de él. Hubo avances, no se pueden negar, la defensa de los derechos humanos, un pequeño paso en la transparencia, los controles de seguridad, el respeto del voto; pero también hubo –aun en esos mismos temas- pasos hacia atrás. El PAN arribó a este siglo victorioso haciéndose de la Presidencia de la República, solo para perderla y regresarla al PRI doce años después. No aguantaron la tentación del poder, se corrompieron y abusaron de los menos privilegiados en todos sentidos. El Partido Acción Nacional con señalamientos de corrupción. Pasamos los mexicanos de ser testigos lejanos de los privilegios de la gran familia revolucionaria, a ser espectadores del ascenso de la familia albiazul. El desgaste ha ido en ascenso. El PAN desgastado por sobrepasar límites económicos de campaña, el PAN desgastado por aliarse con partido políticos antagonistas, el desgaste por poseer escuadras pobres, mal capacitadas, sin experiencia y abusonas en gabinetes municipales, estatales y presidenciales. El desgaste de las guerras internas, de las decisiones electorales que dividen. El PAN desgastado por los grupos internos que lo fueron característicos del PRD, y en el albiazul los superaron. Por las cuotas de poder. Desgastado el partido por las decisiones de quien de ahí emanaron a gobernar estados y la República. Por la testarudez de Fox y la necedad de Calderón. Por la guerra contra las drogas y por la corrupción en la PGR. Dividido el partido en 2012 por la ambición de unos cuantos por ganar para su grupo la candidatura presidencial y luego la dirigencia nacional de ese partido. El PAN de traicioneros y del fuego amigo. El PAN que aprendió rápido –y en unos casos mejoró- las mañas priistas para gobernar y ganar elecciones. Luego el albiazul entregado al Presidente Enrique Peña Nieto, primero en un pacto cómodo solo para el PRI y su presidente; Gustavo Madero sentado, negociando, acordando, con César Camacho el dirigente nacional del PRI y con Miguel Angel Osorio el Secretario de Gobernación. Lo no antes visto: el PAN votando a la voluntad del PRI para sacar adelante las reformas de Peña. Las negociaciones cupulares para inclinar la balanza oficial en las elecciones de los estados. El reparto del país, del dinero de los mexicanos. Hace unos días la fotografía de la ignominia azul. El Senado de la República la escenografía, al centro el protagonista de la tarde el Senador Emilio Gamboa Patrón –quien se ha mantenido en el círculo de poder político desde 1982- y sus comparsas rodeándolo, festejándole con brazos alzados y sonrisas de oreja a oreja, los panistas Ernesto Cordero, Mariana Gómez, y Jorge Luis Preciado… aún sin identificar pero el que da la espalda al festejo azul al centro tricolor, se asemeja el pelo engominado de Roberto Gil. La calderonisa en pleno, los panistas de lo más rancios, festejando al más cacique de los cargos en el Poder Legislativo Mexicano, Emilio Gamboa. La celebración: la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética. De pena ajena pero de mucha revelación en cuanto a la ética política, la ideología y la conciencia de los panistas. Luego el desgaste con los ex legisladores panistas que hicieron desmanes en Brasil, impropios de hombres de bien. Y ahora la fiesta donde el centro de atención es el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara Baja, Luis Alberto Villarreal. No ahondaremos aquí en los detalles, finalmente en política y por más que los panistas quieran aparentar lo contrario, “la moral es un árbol que da moras”, como dijo Gonzalo N. Santos, cacique priista originario de San Luis Potosí y encarnación de la estampa de lo que fue el PRI de los abusos, los crímenes y la impunidad política. La fiesta que les organizaron o se organizaron los panistas para relajarse después de sus “jornadas legislativas” en Puerto Vallarta en enero de este año, es un claro ejemplo de lo que sucede cuando se mezcla poder, dinero y novatez. Las mujeres han sido el anzuelo bajo el cual muchos han caído. Llama la atención que los panistas no haya siquiera sospechado de un cuatro político para exhibirlos cuando así fuera necesario. Es de suponer, y muchos podrán afirmarlo, que ese tipo de fiestas no son privativas de los panistas, ahí está el señor ese Cuauhtémoc Gutiérrez del PRI, especialista en el tema, y otros que no conocemos porque no ha sido oportuno exhibirlos. Los panistas encabezados por Villarreal deberán asumir su responsabilidad en el círculo íntimo al que pertenecen, pero con su revelada actitud, contribuyen en demasía al desgaste del PAN. Ni el Presidente Peña ni el PRI los necesitan ya, una vez aprobadas las reformas, y a escasos meses que abandonen el Poder Legislativo cuando la Cámara de Diputados sea renovada en menos de un año, deshacerse de ellos es tan fácil como darles el tiro de gracia político que confirme el deterioro en el que ese partido y sus militantes han terminado. Deshacerse de ellos ahora, al final de la jornada legislativa tan intensa que tuvieron solo para cumplirle al Presidente Peña con las reformas, y en los meses previos al arranque del año electoral 2015, es lo más oportuno para el partido en el poder. La división que se ha acrecentado al interior del PAN, entre Cordero que acusa a Madero de estar rodeado de escándalos, y los militantes que toman partido con uno y con otro, los que se dan golpes de pecho y los que se justifican, son el preámbulo de un año electoral donde se renovará la Cámara Legislativa, nueve gubernaturas y sus respectivas alcaldías y congresos locales. El desgaste del PAN se pulimenta en muy mal tiempo para ellos. Pero vaya que se han esforzado para acabar con la imagen institucional de ese partido ¿No?    

Fallido pero intento

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En la aprobación del arranque en Sinaloa del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Congreso de aquel estado aprobó una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, entre las cuales se contemplaban serias limitaciones para el desarrollo del trabajo periodístico. “Ley Bozal” fue el inmediato bautizo a las reformas votadas unánimemente por la actual 61 Legislatura dominada por PRI y PAN. Se trataba del artículo 51 bis de la mencionada Ley Orgánica el cual fue publicado en el Periódico Oficial apenas horas después de aprobado, el mismo miércoles 30 de julio. De acuerdo a ese artículo –que entraría en vigor hasta el 15 de octubre– estaría prohibido para los medios el ingreso al lugar de los hechos de un acto criminal, así como la toma de fotos, videos o audios a los involucrados e igualmente prohibido estaría el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia. La reforma aprobada incluía el que toda la información tendría que ser autorizada por el Procurador o la Unidad de Acceso y que los datos de los hechos solo llegarían a los medios a través de comunicados. Cabe mencionar que Sinaloa, Chihuahua y Baja California han sido estados donde la violencia se ha entronizado, focalizada sobre todo la relacionada con el crimen organizado –de Sinaloa han surgido los principales capos de la droga– y los pleitos entre unos y otros cárteles o células, interesan a los residentes, y atraído a la opinión pública nacional e internacional. Ante la decisión legislativa sinaloense, de inmediato se vinieron una serie de críticas locales, nacionales y hasta del extranjero, sobre todo de organizaciones de defensa de la labor periodística; 48 horas después los legisladores sinaloenses tuvieron que recular y anunciar la inminente derogación de las reformas aprobadas, aunque para esto tendrán que esperar al menos dos semanas –hasta el 21 de agosto– ya que el congreso sinaloense recién entró en periodo vacacional, ante lo cual se han registrado manifestaciones populares. Pensar que fue un ingenuo error y que los 40 legisladores y su séquito de apoyo –asesores, secretarios, especialistas– ni algún miembro del área jurídica del poder legislativo sinaloense se haya dado cuenta de todas las implicaciones que la decisión traía consigo, sería una falacia. Gobiernos del PRI, del PAN y hasta la mezcla azul-sol azteca han intentado desde siempre controlar a la prensa ya no solo con las prebendas, elogios, favores y sobres recargados. Igual tratando de “convencer” a medios, propietarios y jerarcas de la información que la sobre cobertura de la violencia generada por  el crimen organizado acrecentaba la “percepción de inseguridad”, lo que realmente significaba culpar a los medios de acrecentar la espiral de violencia. Resaltar los valores –como la Iniciativa México– o tapar la boca –como el Acuerdo para la Cobertura Informativa– han sido otras estrategias fallidas. Y es que la realidad ha rebasado cualquier intento de sofocar datos, cifras, hechos sangrientos, desapariciones, agresiones, secuestros. En Baja California también ha habido intentos –en otro marco, otro contexto y otros temas– como el generado en 1991 durante el incipiente y primer gobierno panista cuando desde el legislativo surgió un intento de Ley Mordaza que más duró en trascender que en ser evaporado, en un momento en que la gran mayoría de los medios –antes afines al PRI– se volvieron críticos acérrimos de todas las acciones emanadas desde la esfera gubernamental. Lo que antes aplaudían ahora lo criticaban. A nivel nacional en el sexenio calderonista –ese que dejó más de 120 mil muertos y otros miles de desaparecidos– se impulsaron, con el apoyo de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, una serie de reuniones con directivos, editores, reporteros, dueños de medios, columnistas, analistas, funcionarios, especialistas, una serie de reuniones nacionales donde el énfasis era el disminuir la cobertura de la violencia y esos esfuerzos devinieron en el controversial Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia del Crimen Organizado, donde destacaba la presencia de Televisa y TV Azteca, cobijados por la intención presidencial. En ZETA creemos que no se trata de bozales ni mordazas, al contrario, se trata de informar a la comunidad lo que está sucediendo, la cruda realidad que, nos guste o no nos guste, es eso: la realidad. Lo otro es esconder la cabeza en cualquier hueco para tratar de ignorar lo que sucede y mostrar una falsa imagen de un mundo amable, perfecto, donde la impunidad, la corrupción y las complicidades no existen. Sería una realidad distorsionada y sería no cumplir con nuestra principal función, informar, e incumplir además con nuestro principal aliado y razón de ser, el ciudadano.

La descoordinación

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Vaya, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, no se comunica con el director de Seguridad Pública de Rosarito, y ninguno tiene una comunicación fluida con el Comandante de la II Zona Militar. No se trata de un hecho aislado. En la Procuraduría General de Justicia de Baja California, de la Subprocuraduría General no piden apoyo al Grupo Antisecuestros, mucho menos a la Especializada en Delincuencia Organizada, y la procuradora no ha tenido la capacidad para coordinar ¡a su propia institución! De ahí que la coordinación con las corporaciones al exterior, sea tan difícil como llena de obstáculos, que tienen que ver más con los egos y la desconfianza que con la organización. En Mexicali y Tecate sucede lo mismo. Refiero las instituciones y no los nombres de quienes las encabezan porque deberían -precisamente- entender que están titulando un área y no manejando un negocio. Es decir, el combate a la inseguridad no se trata de nombres, es un asunto de instituciones, gobiernos, estrategias y de inteligencia, la cual vaya, está ausente. El mayor problema de la descoordinación que padece Baja California en materia de corporaciones de seguridad, prevención, fuerza armada e investigación, es que los primeros beneficiados de esta pequeña babel policíaca, son precisamente aquellos a los que se debe combatir. Los narcotraficantes, los criminales, los polleros y los secuestradores, los rateros y los asesinos, los defraudadores y los vendedores de droga al menudeo; también los ladrones de carros, los farsantes. Todos los criminales. Además, las bandas del crimen organizado ya les están agarrando el modo a las descoordinadas autoridades. Entonces, por ejemplo, criminales de Mexicali arman grupos en Tijuana, asesinos de Rosarito, matan allá y los tiran en Tijuana, desde Ensenada empieza la cadena de delitos con el trasiego de droga, y los carros robados en un municipio terminan en otro. Pasando por Tecate, localidad que se está convirtiendo en la de producción y aterrizaje de droga. Todos estos hechos, que en la mayoría de los casos suceden, están relacionados, pero como ninguna corporación se comunica con las demás, para apoyarse y desarrollar una investigación integral y dar un seguimiento súper puntual, puntilloso y detallado para amarrar los casos, consignarlos y finalmente encarcelar a los delincuentes, pues no pasa nada en términos de investigación y judiciales. Y todo ocurre en términos de inseguridad y violencia. Hay una persona que tiene la experiencia del pasado inmediato, cuando con otras autoridades estatales, otras autoridades municipales, otras autoridades militares, se dio una real coordinación, la cual -quizá recuerde- sacó a Baja California de los peores años de violencia e inseguridad que sucedieron entre 2008 y 2010. Se trata del secretario de Seguridad Pública del Estado, quien trascendió del pasado sexenio al actual. Claro que también se requiere de la disposición y el compromiso de un gobernador para enfrentar el tema, entenderlo, aceptarlo y combatirlo. Un gobernador ajeno a la realidad en materia de inseguridad, es un gobernador que mira hacia otro lado. Un gobernador comprometido con sus gobernados, hace todo lo que está a su alcance para encabezar el Consejo Estatal de Seguridad Pública, como es su obligación, derecho y privilegio. Corresponde al mandatario poner el ejemplo de coordinación para todos. Quizá no a grado tal como el anterior gobernador, que nombró al General de la II Zona el coordinador de todos, pero sí valdría la pena que ejerciera su facultad para mejorar las condiciones de vida de los bajacalifornianos. No se trata, pues, de nombres y apellidos, sino de instituciones, facultades, responsabilidades y obligaciones, y en este momento… poco se está haciendo. Casi nada.+