Desde el principio de la Presidencia de Enrique Peña Nieto se instaló en el país el viejo sistema de centralismo tricolor que había reinado por 72 años, previo al 2000. Evidentemente, esos 12 años fuera de la Presidencia solo sirvieron para acrecentarle a los priistas el hambre de poder. En algunas áreas y estados, más rápido que en otros, el Gobierno Federal ha retomado el control de dos temas que le importan: la distribución de los recursos para invertirlos políticamente, y el manejo de la información para manipular y mejorar la imagen gubernamental. En el tema del dinero, le asignan recursos a todas las entidades, pero solo lo mandan a donde consideran que les conviene. Baja California no es uno de los estados que le preocupan, por eso, a punto de concluir el segundo año de administración peñista, siguen sin llegar los fondos comprometidos para las obras en 2014, y para pagarles lo que se les debe a los maestros, por poner dos ejemplos. Para los funcionarios en México, las leyes que dan autonomía a los estados y municipios resultan una vacilada, y las entidades afectadas -como Baja California- durante 18 meses de gobierno, tampoco han tenido un ejecutivo que se haya molestado en defender sus derechos. Todos los gobernadores, cuadraditos, asisten cuantas veces los invitan a la Ciudad de México, solo para aplaudir y validar los logros presidenciales. En cuanto al tema de la información, los voceros que dan la cara por el licenciado Enrique Peña -para que no se afecte su imagen- en los temas álgidos, Miguel Osorio Chong en seguridad y Luis Videgaray en economía, se han empeñado en publicitar inexistentes mejoras a través de estadísticas maquilladas, mientras los ciudadanos de a pie siguen padeciendo el hambre, la falta de trabajo y atestiguando homicidios, bloqueos carreteros y balaceras. La sorpresa positiva para los mexicanos fue que también desde los primeros días de gobierno, las cifras arrojadas por estudios realizados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), otro organismo autónomo del Gobierno Federal, responsable de recopilar información estadística, era distinta y más cercana a la realidad expuesta por los diversos sectores. Como responsable gubernamental de actualizar la información del número de pobladores, producto nacional, empleo, ocupación, educación y violencia, entre otros datos, el INEGI se ganó la credibilidad ciudadana. Se llegó a mencionar que Eduardo Sojo -funcionario federal durante los dos sexenios panistas pasados-, el licenciado en economía que dirige el Instituto desde 2008 y tiene garantizado el puesto hasta el 31 de diciembre de 2016, era el único político al que no le habían llegado al precio. Sin embargo, este mes las dudas empezaron a surgir cuando repentinamente, después de la aprobación de la Reforma Energética, los números del INEGI referentes a la economía también empezaron a mejorar. Pero no se trata de desconfiar de la institución solo porque después de 18 meses empieza a seguir el discurso que se dicta desde la secretaría de Gobernación. La duda va en dos sentidos: por un lado, la mejora económica generalizada según las últimas cifras del INEGI fue abrupta- no escalonada-, y por otro, sus números no van acorde con la perspectiva de crecimiento recién anunciada por Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que disminuyó de 3.3 por ciento a 2.2 por ciento, a máximo 2.8 por ciento en lo que resta de 2014. Ahora, la preocupación es que el INEGI deje de contar y registrar debidamente las muertes, para que el Estado pueda validar sus versiones festivas de un México con menos violencia. Para la ciudadanía lo único que queda es seguir pendiente y exigir bases de datos confiables, porque al final, lo único claro en este baile de números, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto le teme a una sociedad informada.
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