En la aprobación del arranque en Sinaloa del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Congreso de aquel estado aprobó una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, entre las cuales se contemplaban serias limitaciones para el desarrollo del trabajo periodístico. “Ley Bozal” fue el inmediato bautizo a las reformas votadas unánimemente por la actual 61 Legislatura dominada por PRI y PAN. Se trataba del artículo 51 bis de la mencionada Ley Orgánica el cual fue publicado en el Periódico Oficial apenas horas después de aprobado, el mismo miércoles 30 de julio. De acuerdo a ese artículo –que entraría en vigor hasta el 15 de octubre– estaría prohibido para los medios el ingreso al lugar de los hechos de un acto criminal, así como la toma de fotos, videos o audios a los involucrados e igualmente prohibido estaría el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia. La reforma aprobada incluía el que toda la información tendría que ser autorizada por el Procurador o la Unidad de Acceso y que los datos de los hechos solo llegarían a los medios a través de comunicados. Cabe mencionar que Sinaloa, Chihuahua y Baja California han sido estados donde la violencia se ha entronizado, focalizada sobre todo la relacionada con el crimen organizado –de Sinaloa han surgido los principales capos de la droga– y los pleitos entre unos y otros cárteles o células, interesan a los residentes, y atraído a la opinión pública nacional e internacional. Ante la decisión legislativa sinaloense, de inmediato se vinieron una serie de críticas locales, nacionales y hasta del extranjero, sobre todo de organizaciones de defensa de la labor periodística; 48 horas después los legisladores sinaloenses tuvieron que recular y anunciar la inminente derogación de las reformas aprobadas, aunque para esto tendrán que esperar al menos dos semanas –hasta el 21 de agosto– ya que el congreso sinaloense recién entró en periodo vacacional, ante lo cual se han registrado manifestaciones populares. Pensar que fue un ingenuo error y que los 40 legisladores y su séquito de apoyo –asesores, secretarios, especialistas– ni algún miembro del área jurídica del poder legislativo sinaloense se haya dado cuenta de todas las implicaciones que la decisión traía consigo, sería una falacia. Gobiernos del PRI, del PAN y hasta la mezcla azul-sol azteca han intentado desde siempre controlar a la prensa ya no solo con las prebendas, elogios, favores y sobres recargados. Igual tratando de “convencer” a medios, propietarios y jerarcas de la información que la sobre cobertura de la violencia generada por el crimen organizado acrecentaba la “percepción de inseguridad”, lo que realmente significaba culpar a los medios de acrecentar la espiral de violencia. Resaltar los valores –como la Iniciativa México– o tapar la boca –como el Acuerdo para la Cobertura Informativa– han sido otras estrategias fallidas. Y es que la realidad ha rebasado cualquier intento de sofocar datos, cifras, hechos sangrientos, desapariciones, agresiones, secuestros. En Baja California también ha habido intentos –en otro marco, otro contexto y otros temas– como el generado en 1991 durante el incipiente y primer gobierno panista cuando desde el legislativo surgió un intento de Ley Mordaza que más duró en trascender que en ser evaporado, en un momento en que la gran mayoría de los medios –antes afines al PRI– se volvieron críticos acérrimos de todas las acciones emanadas desde la esfera gubernamental. Lo que antes aplaudían ahora lo criticaban. A nivel nacional en el sexenio calderonista –ese que dejó más de 120 mil muertos y otros miles de desaparecidos– se impulsaron, con el apoyo de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, una serie de reuniones con directivos, editores, reporteros, dueños de medios, columnistas, analistas, funcionarios, especialistas, una serie de reuniones nacionales donde el énfasis era el disminuir la cobertura de la violencia y esos esfuerzos devinieron en el controversial Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia del Crimen Organizado, donde destacaba la presencia de Televisa y TV Azteca, cobijados por la intención presidencial. En ZETA creemos que no se trata de bozales ni mordazas, al contrario, se trata de informar a la comunidad lo que está sucediendo, la cruda realidad que, nos guste o no nos guste, es eso: la realidad. Lo otro es esconder la cabeza en cualquier hueco para tratar de ignorar lo que sucede y mostrar una falsa imagen de un mundo amable, perfecto, donde la impunidad, la corrupción y las complicidades no existen. Sería una realidad distorsionada y sería no cumplir con nuestra principal función, informar, e incumplir además con nuestro principal aliado y razón de ser, el ciudadano.
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