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jueves, junio 20, 2024
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Sin vergüenza o sinvergüenzas

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Los reporteros de Mexicali lo escucharon en conferencia de prensa y lo publicaron el 7 de enero, “con la mayor humildad, esa es la retribución que creemos y que estamos convencidos que nuestra función merece”, dijo Javier Garay Sánchez,  consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), al referirse al auto-aumento de sueldo que se otorgaron, pese a no existir recursos suficientes en su presupuesto. En ZETA (edición 2176) y diferentes medios de comunicación ya se había explicado que la intención de los consejeros -que finalmente concretaron- era crecer su salario de 68 mil a 95 mil pesos al mes, y al Presidente, de 68 mil a 110 mil pesos mensuales. Además, la partida de dietas y retribuciones de consejeros, que era de 7.6 millones de pesos, la aumentaron a  21.2 millones de pesos para 2016. La cita con los reporteros era para hablar del proceso electoral, pero los representantes de medios cachanillas decidieron preguntar sobre el abuso al erario y recordarles que ahora disponen de menos facultades porque ya no tienen la responsabilidad de capacitar funcionarios ni fiscalizar los recursos. Acompañado de los consejeros Graciela Amezola Canseco, Helga Iliana Casanova López, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Rodrigo Martínez Sandoval, Garay intentó defender el injustificado incremento salarial sin argumentos sólidos -imposible que existan, dadas las condiciones de la economía mexicana-, pero repitió aquello de que otros consejeros en otras entidades federativas ganan más. Ahora, debe haber algunos consejeros en todo el país que cobren menos, pero eso no los inspiró a reducirse el sueldo. Retórica vacía resulta que el señor Garay Sánchez refiera en su discurso  la palabra “humildad”, considerando que se trata de la virtud que tiene algunas personas de quitar importancia a sus logros y capacidades, al tiempo de admitir los defectos, sobre todo porque vemos que sin haber hecho nada aun sin haberlo merecido, los señores se aumentan el salario. Esta acción alcanza el punto de la grosería. Suben su pago en un 46 por ciento y los recursos que reciben en general en más de un 60 por ciento, mientras el grueso de la gente que paga sus opulentos sueldos, a través de impuestos, recibió un miserable incremento del 4.2% al salario mínimo. En este punto la actitud de los consejeros electorales sabe más a soberbia, egolatría y abuso que a humildad.   Mal empieza la jornada electoral de Baja California cuando de entrada las personas designadas para funcionar como árbitros del proceso deciden llegar abusando. Basta una suma superficial para darse cuenta del sinsentido económico-administrativo con el que se están manejando: los consejeros. Pidieron 417 millones para el año 2016 y les asignaron 187 millones de pesos. Inician con un presupuesto deficitario, entonces, optan por reasignar recursos, pero poco les importa la falta de recursos e igual aumentarse el sueldo. Humildes serían si decidieran ser empáticos y solidarios, si optaran por admitir su error al no reconciliar sus aspiraciones económicas con la realidad del país, por no ajustar lo que pretenden gastar con el presupuesto existente. Si recularan al recordar que “equivocarse es de humanos, rectificar es de sabios”, entonces estaríamos hablando de humildad. Pero repetir con descaro una necedad  -que se merecen un aumento de 46%- conferencia tras conferencia, no explica el aumento, ni convierte en verdad el merecimiento. Tocaría ahora a los grupos organizados, a los ciudadanos en general y particular, reclamarle su total falta de comedimiento y respeto a estos recién estrenados consejeros electorales que parecen querer convertirse a la brevedad posible en personajes VIP. Recordarles que fueron designados para administrar los recursos, no para gastarlos a manos llenas como nuevos ricos.

Solo restan 3 años

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El Presidente Enrique Peña, y con él todos los mexicanos, llegamos a la mitad del sexenio sin sentir, aprovechar o vivir el México de prosperidad del que tanto hablan el Ejecutivo y sus secretarios en sus intervenciones públicas. Las reformas estructurales anunciadas como la panacea que conduciría al desarrollo y a la riqueza de los mexicanos, siguen sin notarse. Dos ejemplos simples, la Reforma Energética sigue sin generar ahorros en los bolsillos de los ciudadanos ni en cobros de electricidad ni en costos de gasolina. Y la Reforma Hacendaria, ha servido solo para crecer los ingresos tributarios del gobierno y al mismo tiempo contraer la economía general, más dinero para la autoridad y menos en las casas y mesas de los contribuyentes. El panorama del próximo año tampoco mejora, con el precio del petróleo a la baja, el dólar a la alza, los especialistas vaticinan que el Producto Interno Bruto apenas superará el 2 por ciento, y ni por milagro alcanzará los entre 2.6 o 3.6 que predice la Secretaría de Hacienda;  cuando los peñistas llegaron al poder el PIB era de 3.9. Al respecto pueden leer un reportaje completo en esta edición. Mientras se presume estabilidad macroeconómica, al interior del país los ciudadanos comunes sufren el estancamiento que finalmente se hizo evidente fuera del territorio nacional, al punto que el licenciado Peña Nieto pasó de ser el salvador de México, según la portada del semanario Time en febrero de 2014, a el “Salvador que no fue”, de acuerdo a la revista Newsweek en noviembre de 2015, en cuyo reportaje se enfatizan las deficiencias y falta de resultados en el combate a la pobreza. Dos millones de mexicanos se sumaron a los cinturones de pobreza, la falta de transparencia los escándalos de corrupción y la “arraigada impunidad” que no se combate y obstaculiza el desarrollo en todos los frentes. Y en seguridad, bueno, ahí la fuga de Joaquín Guzmán, los ejecutados de Tlatlaya, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la falsa verdad histórica, la atomización de los cárteles de la droga con presencia prácticamente en todos los Estados y el contador que sigue sumando muertos, en cifras incluso por encima del sexenio anterior. Las evidencias de la parálisis no se pueden esconder, sin embargo, el gabinete peñista se empeña en no reconocer las múltiples facetas de la problemática mexicana y, mientras no se empiece por admitir que diversos “algos” no están bien,  no tendrán la capacidad de reorientar las acciones. De hecho están aprovechando la jornada vacacional de fin de año para inundar las redes con campaña digital #Recuento2015, en la que se echan porras con números de acciones; haga de cuenta que están repitiendo  publicidad del Informe de Gobierno. Para no regatearles resultados, vale decir que en la parte donde la Federación habla de la reducción de un 27 por ciento en el delitos de secuestros y la generación de empleos que se sostiene apenas en un 4.5 por ciento, según los especialistas no están mintiendo, acaso exagerando. En este punto resulta pertinente comentar que nadie dice que están cruzados de brazos, el reclamo de los ciudadanos profesionales y grupos organizados es contra un gobierno autoritario, que no acepta errores ni sugerencias y se burla de la participación ciudadana, que no hace todo lo necesario, que no se aprieta el cinturón, que fomenta la impunidad y pese a la promulgación de una Ley de Transparencia, sigue fomentando desde la cúpula, la corrupción como origen de todos los males del país. Baste recordar la burla de la investigación respecto a las propiedades “vendidas” por la empresa HIGA al secretario de Hacienda y a la primera dama de la nación. En marzo de 2012, en Guadalajara Jalisco y como candidato -cuando iniciaba su campaña por la presidencia- Peña Nieto dijo y lo reportaron los medios nacionales: que de llegar al gobierno sus metas generales serían cinco, “que México recupere la paz que le ha quitado la delincuencia, combatir la pobreza, mejorar la educación, generar crecimiento económico y que el país tenga liderazgo internacional”. También habló de combatir la corrupción y firmó compromisos ante notario. Los mexicanos lo favorecieron con el voto, desde entonces han transcurrido tres años y hay más pobres, más violencia, la educación no termina de tomar rumbo y el crecimiento económico y el liderazgo internacional van a la baja. Entonces, a mitad del camino valdría la pena que el Presidente y su equipo hicieran un alto para reconsiderar estrategias, porque ahora solo les quedan tres años para cumplirle a sus votantes y siguen muy lejos de sus objetivos. Valdría la pena también que abrieran sus oídos y escucharan las propuestas de la ciudadanía porque no son sus enemigos, finalmente, todos los mexicanos necesitan que al gabinete le vaya bien, para que a todos nos vaya bien. De la misma manera, llegó el momento de los grupos organizados para presionar y ser escuchados, antes de que la problemática interna ahogue a los mexicanos.      

Ética política

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“Habían transcurrido dos horas y la fatiga se hacía sentir en el salón” cuando, en “una última pregunta”, un estudiante le preguntó a Maza: – ¿Qué necesita usted para ser mejor periodista? “Ser mejor persona”, contestó Maza. -¿Y cómo se es mejor persona? “Se es mejor persona en la profunda libertad de conciencia y en la certera opción de vida que se asume. En nuestro caso, el periodismo, existen dos extremos bien dibujados: la ética y el poder. No tengo duda: la opción ha de ser por la ética”.- Extracto de la respuesta que dio Enrique Maza García, fundador de la revista Proceso y publicado en la última edición en un homenaje al periodista sacerdote que falleció el miércoles 23 de diciembre de 2015. En Paz Descanse el Maestro Maza. A los políticos les hace falta un curso intensivo de ética. No les inculcaron los principios básicos de la ética y la moral, de las responsabilidades y obligaciones y del buen hacer en el día a día. O si así los educaron, pareciera que para ser político o funcionario, basta con deshacerse de esos principios de buena voluntad, responsabilidad y el bien común. En México, en Baja California, donde residimos quienes hacemos este periódico para los lectores que aquí viven -mayormente-, observamos todos los días a funcionarios y políticos de todos los niveles, cometer actos de corrupción, abusos, fraudes, robos, peculado, que nos refieren la ausencia de una ética en el Estado mexicano. Desde adquirir aun de buena fe, una mansión al principal contratista del Gobierno de la República, hasta llevarse las tabletas electrónicas que se compraron con dinero oficial y están en el inventario, pasando por comprar a amigos asesorías y luminarias que no funcionan, incluso cuando en un dejo de soberbia, los funcionarios se llevan a casa o para sus asuntos personales, los vehículos y los bienes que la nación le presta para cumplir con su función. No hay ética política en el ejercicio del gobierno en México. Un gobernador como el de Baja California, que destina cuatro millones de pesos para la adquisición de partes y un avión para no viajar en clase turista en aerolíneas comerciales, y que niega el apoyo a la cultura, a la educación y al desarrollo social de muchos, carece de compromiso ético para accionar en beneficio del bien común. En la misma clase cae un diputado que caprichoso, se empeña en no aprobar un plan que traerá luz a la ciudad, porque está ponderando sus necesidades personales por encima de las generales de la sociedad. No tiene ética quien prefiere dejar a oscuras las calles, que en esa condición son imán para el delito. Quien cobra sin recibo por un trámite, tampoco. Igual que el secretario del Ayuntamiento que solapa los cobros extraoficiales de sus inspectores a los bares que abren durante toda la noche y el resto de la madrugada, tan solo porque voltea a otro lado como por cuanto es parte de la corrupción y algo le ha de llegar. En México, obtener una posición en el gobierno, en cualquier administración, es estar frente a un tesoro, donde creen que todo lo encontrado les pertenece. Representa no volver a trabajar más, a gozar de altos sueldos, de pagos onerosos, de asesorías y vehículos, de gastos pagos en todos los artilugios, de no volver a desembolsar para hacerse cargo de uno. Legisladores federales o estatales que se asignan cientos de miles de pesos o millones mensuales para ocuparlos en dádivas, en bonos, en campañas, que desperdician el dinero de los mexicanos en seguros de gastos médicos, en vehículos de lujo, en comidas sibaritas, mientras los ciudadanos vemos sangrar las arcas hasta vaciarse y afectarnos porque no hay obra, porque hacen falta carreteras y porque no hay dinero suficiente para desde el gobierno, incentivar la economía, el empleo, el combate a la pobreza más allá de programas para fotos. Esta semana concluye 2015, en esta edición de ZETA encontrará Usted una revista especial, gratuita, de nosotros para nuestros lectores, donde hemos honrado a quienes han destacado en el último año, en su vida, con sus principios y su congruencia. Ninguno es político o funcionario. No fue una decisión excluir a esa clase que lacera la confianza y la vida de los mexicanos, es una realidad que sus nombres no aparecen porque no han tenido los méritos para ello. Nos enorgullece presentar aquí, a hombres y mujeres que desde la vida civil, privada, descentralizada, son muestra de ética social, política, filosófica. Algo de lo que la clase política de este país, carece. Ojalá fuera como pedir un deseo, como esperar que el nuevo año traiga nuevas actitudes. Pero no es así, la realidad es que la clase política mexicana continúa dándose una vida de monarquía, porque los mexicanos lo permitimos. En 2016 hay elecciones en Baja California y la decisión, pues, es suya. Que pase un feliz fin de año.

Los casinos en México, “un enorme parque de diversiones para redes criminales”: Buscaglia

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Los casinos, las carreras de caballos, las loterías y otros juegos legales representan un mecanismo muy frecuente para blanquear capitales de procedencia ilícita en México, donde existe un pacto de impunidad en el tema, aseguró el investigador académico Edgardo Buscaglia. A través de su más reciente obra, “Lavado de Dinero y Corrupción Política”, publicado en octubre de 2015 por el sello editorial Debate, el asesor en materia de lucha contra la delincuencia organizada destaca cómo los recursos provenientes de actividades criminales a gran escala son divididos en pequeñas cantidades de efectivo y, a través de miles de cómplices, son canalizados a casas de juegos legales. “La compra de fichas de casino y su intercambio por un cheque emitido por el mismo local y para su posterior depósito, la compra de billetes ‘ganadores’ de loterías o la apuesta en carreras de caballos para intercambiar el premio por un cheque ‘limpio’ emitido por la entidad que provee el juego legal, representan mecanismos muy usuales para esconder el origen de dinero sucio”, describe el especialista. Entrevistado por ZETA, Buscaglia dijo desconocer cuántos casinos son abiertos en determinado periodo en el territorio nacional, “pero sé que están muy mal regulados. A la familia Hank habría que preguntarle cuántos casinos se abren. Yo no sé, ellos están en ese negocio ¿no?”. El grave problema no solo es que este tipo de negocios esté mal regulado, sino que “las auditorías brillan por su ausencia, y cuando las hay, una vez cada tanto, son un show de simulación”.   Estado débil El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México señala que las auditorías tributarias son casi inexistentes: “Estamos ante una simulación de Estado mexicano, que cuando surge un escándalo, ya sea porque estalla una bomba en el casino -como sucedió hace unos años- ahí recién, es cuando se le pone un tipo de foco a ese casino. “Reaccionamos espasmódicamente ante un hecho delictivo, ante un hecho atroz, en donde quizás un grupo criminal adversario al del dueño del casino le meten una bomba y ahí sí nos metemos, pero no estamos preventivamente generando auditorías como se ha hecho desde las épocas en donde las mafias italianas, y las mafias americanas tenían una base patrimonial en Las Vegas, mucho más grande que ahora”, destacó el entrevistado. Edgardo Buscaglia establece que hoy la procedencia de los recursos se ha diversificado y los capitales tienen todo tipo de origen. Recordó cómo en los Estados Unidos de América se empezaron a realizar auditorías tributarias hace ya algunos años. “Veías a los agentes de la Internal Revenue Service (IRS) mucho más involucrados en hacer las auditorías en donde no se requiere un delito preventivamente. A ti no te tienen que acusar de un delito para hacerte una auditoría, te la pueden hacer hoy. El Estado no necesita justificarse. Simplemente van y te la hacen”, expresó enfático el intelectual de origen argentino. Para Buscaglia existe un pacto de impunidad en el tema de casinos, en la regulación de compañías de seguros y en el tema de fideicomisos, entre otros, donde “hay vacíos regulatorios que yo señalo ahí, -en su libro-, espantosos, que hacen que el día que nosotros tengamos un sistema judicial en serio, que reacciona, como el de Brasil, donde hay actos de corrupción y comienzan a investigar. Te vas a dar cuenta que gran cantidad de los dineros de Sinaloa están metidos ahí y en el sector de la construcción, donde el cash fluye mucho más. Se le paga a la gente en cash. A los obreros y demás”. En nuestro país “hay un enorme parque de diversiones para redes criminales, que no necesariamente tienen que asesinar. Las redes criminales japonesas no asesinan en México, simplemente vienen, colocan su dinero de origen sucio, muchas veces legalizan sus negocios como lo hacen en Japón”. Los lavadores del país asiático están acostumbrados a trabajar ante estados fuertes, entonces, no quieren llamar la atención, ni desafiar al Estado, pues conviven con él cometiendo delitos de menor impacto social en Japón, aseguró el analista. “Acá no, acá se cometen delitos de altísimo impacto social porque es negocio capturar al Estado, utilizar a los policías municipales de Tijuana como grupo paramilitar contra los grupos adversarios que puedan llegar a desafiar al Cártel de Sinaloa”. Entonces en México, ¿las autoridades se hacen de la vista gorda o qué es lo que sucede?, se le pregunta al también autor del libro “Vacíos de Poder’” “Estamos ante un Estado débil, con poco controles, por más controles de confianza simulados que nos quiera convencer la PGR que aplica, que yo no dudo de la honestidad de la gente que los aplica, no estoy diciendo eso, pero lo cierto es que sin controles de confianza no vamos a avanzar hacia ningún lado”, respondió.   Controles y “errores”   En su libro sobre lavado de dinero, Edgardo Buscaglia realiza 20 propuestas de políticas públicas para disminuir los delitos con motivación económica, incluida la corrupción en todas sus facetas, y cómo aplicar castigos mucho más certeros a los delincuentes especializados. En México se ponen “todos los huevos en una canasta” y no se aplican controles legislativos, judiciales, ni sociales de sociedad civil. “Todos los controles que menciono en el libro no existen en el país y, mientras eso no ocurra, vamos a seguir transitando en el limbo que ha hecho que la democracia mexicana nazca muerta, porque en el fondo la corrupción política mata a la democracia y aún más: mata al Estado de Derecho, por lo tanto, México no es una democracia con Estado de Derecho, desde ningún punto de vista”, expuso el investigador. La democracia en este país nació muerta desde la época del Presidente Ernesto Zedillo, considera Buscaglia, pues el ex mandatario “repartía discrecionalmente dinero a los partidos para que financiasen sus campañas electorales. Dinero limpio, claro está, pero después esos partidos se acostumbraron a la pachanga de buscar dinero por donde sea. Ocho o nueve de cada diez pesos que financian las campañas políticas de candidatos, no de partidos, es de origen lícito. O sea, estamos hablando de un medio ambiente ideal para que grupos criminales se afinquen en México y no solamente mexicanos. Insisto, éste es un problema transnacional, y se necesitan dos para bailar tango”. La culpa no es sólo de las autoridades nacionales, pues la delincuencia global se expande y “Estados Unidos tiene un grave problema de no sancionar adecuadamente a los bancos que cometen errores, entre comillas, como HSBC y no lo sanciona adecuadamente. Multitas negociadas en la oscuridad en el Departamento de Justicia. También tenemos un problema en Estados Unidos. Hay incentivos por todos lados para que estos grupos se sigan expandiendo”, finalizó el hombre que no solo identifica el cáncer social, sino que desarrolla propuestas para ponerlas al servicio de los Estados para combatirle.     ¿Quién es Edgardo Buscaglia? Es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México. Director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Es profesor invitado de la Universidad de San Andrés en Argentina. Trabaja como asesor en materia de lucha contra la delincuencia organizada desde 1990. También se desempeña como asesor en reformas judiciales para diversos organismos internacionales y bilaterales en 111 países. Buscaglia ha publicado una docena de libros y más de cien artículos científicos sobre estas materias en importantes revistas especializadas de Estados Unidos y Europa. Periódicos como El Mundo, Financial Times, New York Times, Süddeutsche Zeitung y Wall Street Journal, entre otros, publican sus artículos de opinión y columnas. El analista es entrevistado asiduamente por medios periodísticos internacionales, tales como CNN, BBC, Deutsche Welle, Al Jazeera, Associated Press y Reuters. Es autor de los libros ‘Vacíos de Poder en México’ (2013) y ‘Lavado de Dinero y Corrupción Política (2015), Editorial Debate, del grupo Penguin Random House.  

Los otros impunes

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En este país no solo los criminales más notorios y los de mediana estatura tienen acceso a la impunidad que provee el Estado. Tampoco esa particular condición que hunde a México como uno de los países más inseguros y con menor certeza jurídica, es privativa de los capos, mafiosos o narcotraficantes. Hay una clase que también goza de impunidad. Que por más evidentes, documentados y exhibidos estén sus actos o probables actos de corrupción y excesos, no son tocados por la justicia. Se trata, por supuesto, de los políticos. Hace unos días se empezó a desmadejar el caso que ha llevado a la cárcel al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier. Un Tribunal Colegiado del Décimo Circuito ordenó que le fuesen regresados nueve bienes por valor de 28 millones de pesos, de los doce que le fueron decomisados cuando la Procuraduría General de la República lo acusó de defraudación fiscal y operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita; precisamente este último delito es el que desestimó el Poder Judicial y le permitió, que aún no en libertad, recuperara las propiedades aseguradas. Siendo parte de una estadística muy a la baja, de políticos que llegan a pisar la cárcel, el de Granier es un caso que con la resolución del Tribunal Colegiado podría iniciar el camino a la impunidad, luego que tras concluir su gobierno en 2012, fue señalado por un probable desfalco de más de 23 mil millones de pesos, pero solo detenido para ser investigado por los dos delitos ya descritos. Hay otros ex gobernadores, como Guillermo Padrés, de Sonora, que son amenazados políticamente para ser aprehendidos luego de concluida su administración. La actual mandataria Claudia Pavlovich anunció que la Procuraduría de Justicia de Sonora lo está investigando por operaciones con recursos de procedencia ilícita; incluso hace algunos días, uno de los trabajadores de la familia Padrés fue capturado mientras trasladaba 3.5 millones de pesos en efectivo, y dijo que, en efecto, pertenecían al ex gobernador y los suyos. Además, durante la peor crisis del medio ambiente que hayan tenido en Sonora, cuando el derrame de tóxicos al Río Sonora y al Río Bacanuchi, se descubrió que el panista había construido un represo en el rancho propiedad de su familia. Guillermo Padrés sigue impune. No ha sido investigado apropiadamente y no ha sido llamado a dar cuentas ante la justicia. Es como el caso en Tijuana de Carlos Bustamante, a quien en la Sindicatura Procuradora que dirige Arturo Ledesma Romo, le encontraron irregularidades en su administración hasta determinar un desfalco por 168 millones de pesos. Recientemente una auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, exclusivamente sobre el último año del trienio de la administración de Bustamante, determinó las irregularidades que causaron un daño patrimonial a la ciudad de Tijuana. Millones de pesos entregados a empresas que no ofrecieron beneficios, cheques sin justiciar, pagos millonarios a amigos, empresas incumplidas, el no ejercicio de garantías, el fraude de las luminarias y un larguísimo recuento que, de hecho, fue publicado en la edición del 11 de diciembre de ZETA. Sin embargo, Carlos Bustamante sigue impune. No lo investiga la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, ni él pretende dar explicaciones. A lo más, hemos sido testigos de cómo funcionarios menores de la administración de Bustamante han sido llamados a presentar pruebas en descargo, a rendir declaraciones y algunos han sido inhabilitados. Pero de llegar a la cabeza que orquestó el XX Ayuntamiento de Tijuana, nada. En el colmo de la impunidad, abrió un casino que en un dejo de institucionalidad, le fue clausurado por la actual administración, al no contar con los permisos requeridos. En la misma situación están Javier Robles Aguirre, quien fuera alcalde de Rosarito en el ayuntamiento anterior, y cuyas irregularidades fueron publicadas por este Semanario, en una nota de Saúl Ramírez en la sección Ezenario de la edición del 18 de diciembre, y en el presente ejemplar se da cuenta en una pieza periodística de los desórdenes financieros que realizó Enrique Pelayo Torres. Falta conocer las fallas administrativas en perjuicio del erario por parte del ex alcalde de Tecate, Javier Urbalejo Cinco, y el de Mexicali, Francisco Pérez Tejada. Los cinco ex alcaldes inmediatos de Baja California, los cinco de extracción priista, son los políticos que tienen impunidad. Los señalan ciudadanos, los investigan Sindicaturas, audita el ÓRFIS, los reprueba el Congreso, pero no los investiga la Procuraduría y permanecen sin castigo, sin rendir cuentas de las irregularidades a los miles de mexicanos que perjudicaron. Son ellos los otros impunes que se agregan a una cuantiosa lista de ex gobernantes mexicanos a los cuales la Ley no les significa nada.    

Comprueban fraude en SEDATU BC

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Comprueban la comisión de irregularidades administrativas a cargo de servidores públicos de SEDATU en la entrega de al menos 5 millones de pesos en subsidios, correspondientes al Programa Vivienda Digna 2013, caso en el que se involucra a Enrique Acosta Fregoso, ex delegado de esa dependencia en Baja California. Pero mientras el caso es turnado como foco rojo a la gerencia de Asuntos Jurídicos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares -FONHAPO-, para la aplicación de las sanciones administrativas y/o jurídicas que haya lugar, en las oficinas de SEDATU Tijuana intentan recuperar los vales de material de vivienda que no se hicieron efectivos en 2013. En Tijuana, 250 personas de escasos recursos fueron integradas al programa Vivienda Digna de ese año, a cambio les entregaron un vale por 20 mil pesos, canjeable por material de construcción, el cual no se les ha hecho válido. Peor aún, en el sistema de apoyos sociales aparecen como beneficiados incumplidos, ya que al no obtener el subsidio, no concretaron el proyecto de vivienda, algo que el sistema de asistencia no registra. Lo que sí reconoce, es que la delegación local de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU- sí recibió el recurso federal, pero hasta después de dos años, el Órgano de Control Interno de FONHAPO logró determinar incumplimiento en la ministración de recursos correspondientes a ese programa.   NO LOCALIZAN EVIDENCIA Enrique Acosta Fregoso firmó el convenio de ejecución PVD6464-13-0517 para que la delegación a su cargo ejerciera en 2013 un monto de 34 millones 860 mil pesos, cantidad que sería canalizada en mil 743 acciones de vivienda, en los municipios de Tecate, Tijuana y Mexicali. De acuerdo a la investigación realizada por el Órgano Interno de Control Fideicomiso de FONHAPO, los recursos federales le fueron canalizados a la delegación bajacaliforniana durante octubre y noviembre de ese año. No obstante, la dependencia no los entregó, sino que se dedicó a realizar actos públicos para entregar a los supuestos beneficiados los vales que canjearían al serle entregado el material para la construcción de una habitación. Al menos a las familias de Tijuana enlistadas en este programa de ayuda, se les prometió que en el primer bimestre de 2014 el beneficio se les haría efectivo. No les cumplieron. A principios de 2014, Acosta Fregoso fue reemplazado en el cargo por Fernanda Villafranca Aguirre, quien recibió múltiples quejas por parte los ciudadanos que exigían la entrega de la ayuda prometida. Al realizar una inspección física se corroboró que el material no había sido proporcionado a las familias, aun cuando en los expedientes se marcaba como entregado. También se localizaron facturas de pago a SOLMA de México, S.A. de C.V., empresa a la que se le concesionó la entrega de este material para 250 beneficiados de Tijuana, por un monto que cubría el total del subsidio determinado para este municipio: 5 millones de pesos. Aparte del documento, el Órgano Interno de Control de FONHAPO no localizó mayor evidencia administrativa que corroborara la aplicación de los recursos públicos de dicho programa.   LA INVESTIGACIÓN Desde 2014, la propia delegación de SEDATU en Baja California ha dado seguimiento a la investigación para saber el paradero de los apoyos de vivienda que no fueron proporcionados a las familias de escasos recursos económicos que debían ser beneficiadas con ellos. Además de los 250 vales no hechos efectivos en Tijuana, en otros municipios de la entidad, como Mexicali y Ensenada, se detectó incumplimiento en el programa de Vivienda Digna 2013, situación de la que también se hizo del conocimiento de FONHAPO, la instancia federal encargada de canalizar los fondos federales de vivienda. En octubre de 2015, el Órgano Interno de Control de FONHAPO corroboró la entrega de 5 millones de pesos a la delegación de SEDATU Baja California, como instancia ejecutora en la entrega a los beneficiarios del recurso federal. También documentó el incumplimiento  a la ejecución y comprobación de la aplicación de 5 millones de pesos entregados para ser canalizados en 250 apoyos en Tijuana, bajo el expediente DPO/GP/1502/2015. En el documento determinó: “Como parte de los procesos de seguimiento que realiza la Gerencia de Operación, detectó el incumplimiento a las reglas de operación del Programa Vivienda Digna 2013, en los convenios de ejecución ante mencionados, mismos que fueron remitidos como ‘focos rojos’ a la gerencia de Asuntos Jurídicos del FONHAPO”. El documento da cuenta que la Gerencia de Planeación gestionó y realizó la ministración de los recursos federales autorizados, a través de transferencias electrónicas, pero la instancia ejecutora no los proporcionó a los beneficiados, incumpliendo con “las reglas de operación del Programa de Vivienda Digna 2013”. De ello, continúa Esteban Alberto Villafañe, titular del área de quejas del Órgano Interno de Control de FONHAPO, “se ha dado vista de dichas irregularidades a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a efecto de que se realicen las acciones administrativas y/o jurídicas que procedan ante el incumplimiento de la normatividad aplicable”.   LAS FALTAS Al no aplicar recursos públicos federales, correspondientes al fideicomiso de vivienda del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, como titular de la delegación de SEDATU Baja California que era, Enrique Acosta Fregoso faltó a diversos preceptos que podrían derivar desde la inhabilitación en cargos públicos, con la correspondiente sanción administrativa por el daño económico causado al erario, hasta la penalización por fraude. De acuerdo al Órgano Interno de Control de FONHAPO, la delegación de SEDATU a cargo de Acosta Fregoso incurrió en faltas a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.   EL ARGUMENTO DE ACOSTA FREGOSO En su defensa, Enrique Acosta Fregoso expone -en el acta de entrega recepción- que Fernanda Villafranca Aguirre le firmó al relevarlo en el cargo, se asienta que, sin omisión alguna, proporcionó todos los elementos necesarios para la formulación de la memoria. De acuerdo al documento, proporcionado a ZETA por el ex delegado federal, a la nueva administración de SEDATU se le proporcionó un dispositivo electrónico del uso de determinado número de cheques del programa de Vivienda Rural y de Vivienda Digna, pero esto no indica el cumplimiento en la entrega de los apoyos. En el anexo cinco del documento se asienta que Acosta Fregoso mostró listados de las facturas pendientes de liquidar, así como los montos y nombres de los beneficiados. El acta también señala que su contenido se verificó dentro de los treinta días hábiles siguientes a su firma, lapso en el que su relevo dio inicio con la verificación física de la ayuda. Alberto Rocha, subdirector de Vivienda de SEDATU Baja California, expuso que al ser realizada dicha revisión, se encontró que el subsidio no había sido entregado a los beneficiados. No obstante, aunque el acta de entrega recepción le fue firmada a Enrique Acosta Fregoso, el mismo documento subraya: “La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente, con posterioridad”. Al respecto, el ex funcionario anotó que es una circunstancia que de ninguna manera le es imputable, “y de la cual en tiempo y forma llevamos a cabo los requerimientos a la misma para que cumpliera con su contrato, o bien, devolviera las cantidades ejercida en los términos contractuales”. Subrayó que FONHAPO realizó inspecciones para verificar el cumplimiento de los proveedores, que en su decir, pudo solventarse al hacer válidas las fianzas.   INTENTAN BORRÓN Y CUENTA NUEVA   Mientras la Gerencia de Asuntos Jurídicos de FONHAPO se toma su tiempo para determinar la sanción administrativa y/o jurídica por la no aplicación de los fondos de vivienda digna en el municipio de Tijuana, la oficina de SEDATU en Tijuana condiciona la entrega de apoyos a cambio de que los afectados devuelvan el vale que no se les hizo efectivo en 2013. Desde el mes de noviembre de 2015 la dependencia federal convoca en Baja California a la nueva entrega de apoyos correspondientes al ejercicio fiscal en curso; al acudir los demandantes, son sometidos a un análisis del sistema y, si éste determina que fueron enlistados en el programa Vivienda Digna 2013, los empleados que los atienden les requieren el vale de 20 mil pesos, a cambio de colocarlos en lista de espera como candidatos del subsidio vigente. “Me dicen que si devuelvo el vale me borran de la lista de incumplidos, cuando a mí  no me han dado ningún apoyo”, expuso a ZETA María Herrera, una de las afectadas por el incumplimiento del programa de 2013. Sobre esta nueva anomalía, la delegación de SEDATU Baja California dijo no tener conocimiento y se comprometió a investigar. Durante las últimas semanas, este Semanario trató de localizar a Enrique Acosta Fregoso para que diera su versión sobre la resolución de FONHAPO sobre el caso del programa Vivienda Digna 2013. Con anterioridad, el ex funcionario había proporcionado los documentos de entrega recepción, pero no respondió para concertar una entrevista.

La reestructura del CJNG

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(EDICIÓN IMPRESA) Aunque las últimas capturas y acciones gubernamentales parecieran debilitar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), datos de su reciente presencia en diversas entidades como Baja California, Querétaro y Tabasco, dan muestra de su expansión territorial y de su rápida recomposición ante la caída de sus jefes de plaza. Los sucesores de quienes fueron aprehendidos ya estaban ahí, solo suben un peldaño en la estructura del grupo delictivo que comanda Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien sustenta su poderío en su familia directa y sus parientes políticos “Los Cuinis”, al ser ellos mismos los que suplen a muertos o detenidos. La captura de Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana” el 4 de diciembre fue un golpe doloroso para su hermano “El Mencho”, como antes lo fue la detención de su hijo Rubén Oseguera González “El Menchito” y de su cuñado Abigael González Valencia “El Cuini”, pero el cártel no está mermado, coinciden fuentes policiales. En un informe revelado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), a principios de noviembre de 2015, se destaca que el CJNG está “convirtiéndose rápidamente en una de las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas de México y compite con el Cártel de Sinaloa en Asia, Europa y Oceanía”. Los nuevos herederos de las jefaturas regional y de plazas ya son mencionados. Ignacio Quintero Riestra “El Nacho Quintero” y Elvis González Valencia son los nombres de quienes recorrieron el escalafón para estar más cerca del primer mando. Gregorio Pelayo Chávez “El Camarón” y otro sujeto identificado como “El Grande”, también ascendieron.   ÚLTIMAS CAÍDAS Después del brutal atentado contra los militares que iniciaban la “Operación Jalisco” el primero de mayo en la región Costa Sur del Estado occidental, y de anunciarse una ofensiva contra de Nemesio Oseguera y sus mercenarios, son diez los “pesos pesados” que las Fuerzas Federales nos han “vendido” como el desmantelamiento del CJNG. El 27 de mayo fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, bastión territorial en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se gesta la mayor parte de las acciones de la organización criminal, Víctor Manuel García Orozco “El Mono”, señalado como uno de los dirigentes en la frontera de Jalisco con Michoacán. El hijo del capo del cártel, Rubén Oseguera González “El Junior” o “El Menchito”, fue localizado en Zapopan el 22 de junio, a pesar de haberse realizado una cirugía plástica en la nariz. Fue consignado, liberado, arraigado y vuelto a aprehender junto con uno de sus cuñados. La Comisión Nacional de Seguridad le señaló como el número 2 del clan delictivo. En Zapotlán del Rey fue asegurado por agentes federales, el 31 de agosto, Javier Guerrero Covarrubias “El Javiercillo”, líder del grupo “Los Guerrero”, que en Michoacán rige los destinos del CJNG en esa entidad. Algunos de sus familiares fueron abatidos entre 42 presuntos delincuentes en un rancho de Tanhuato el 22 de mayo. En medio de una balacera con militares, el 22 de septiembre, fue capturado en San Antonio Matute, municipio de Ameca, Yhovany Castro Urbano “El Duende” junto con tres presuntos sicarios. La autoridad los señaló como participantes de la emboscada que costó la vida a 15 policías de la Fuerza Única Jalisco el 6 de abril en San Sebastián del Oeste, Jalisco. Las acciones contra el CJNG arreciaron a partir de octubre, cuando el día 10 fue detenido el jefe de plaza de Atotonilco El Alto, César Arturo Hernández Álvarez, y el 13 cayó en Cancún, Quintana Roo, el jefe de plaza del municipio de Guadalajara, Daniel Quintero Riestra “Danny Quintero”, uno de los autores del homicidio del secretario de Turismo, Jesús Álvarez Gallegos, el 9 de marzo de 2013. En noviembre fue detenido, el día 7, Martín Navarro Escutia “El Cebollón”, presunto mandamás en la plaza de Querétaro; el 18, en Tlajomulco de Zúñiga, fue capturado por tercera vez en los últimos cuatro años, Iván Cazarín Molina “El Comandante Tornado” o “El Tanque”; y un día después, en Ecuandureo, Michoacán, fue apresado Heraclio Guerrero Martínez, sucesor de su sobrino “El Javiercillo” en tierras purépechas. El más sonado de los arrestos ocurrió el 4 de diciembre, nuevamente en Tlajomulco de Zúñiga, donde Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana” había asumido las riendas del control regional de la organización.   NUEVOS TERRITORIOS Los reajustes para suplir a los caídos en desgracia no han impedido la propagación de células del propio CJNG a otras comarcas, como se ha advertido desde el mes de abril en Tijuana, donde aparecieron las primeras mantas colgadas de puentes vehiculares, presuntamente firmadas por el grupo jalisciense bajo la denominación de Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) para anunciar su llegada. A mediados de junio, ZETA confirmó, a través declaraciones vertidas por pistoleros, la presunta alianza entre el Cártel Arellano Félix (CAF) y el CJNG en Tijuana. En julio se dijo que al menos dos células que operaron con el Cártel de Sinaloa estaban recibiendo apoyo y droga de la organización del “Mencho” Oseguera. La noche del 21 de octubre, muy cerca de la garita de Otay, fue localizado un narcotúnel que conecta a Tijuana con San Ysidro. Hubo 16 detenidos, quienes aseguraron que la obra del pasadizo era autoría del CJNG. Dos días después, la procuradora de Justicia, Perla Ibarra Leyva, afirmó que no se había comprobado la existencia de ese cártel. Sin embargo, detenidos tanto del CAF como de Sinaloa, han reconocido mover droga para los jaliscienses. Luego de tener bordeado al Estado de Querétaro, la estructura del grupo criminal entró a esa entidad por Guanajuato. El 11 de diciembre último, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, lo reconoció. Días antes se había descubierto un narcolaboratorio en la localidad de El Pintillo -en la capital queretana- donde se fabricaban drogas derivadas de la metanfetamina. Un mes antes fue detenido Martín Navarro Escutia “El Cebollón”, presunto jefe de la plaza. Con anterioridad se conoció la incursión del CJNG a entidades  como Veracruz y Tabasco para combatir con Los Zetas; a Michoacán, origen de la organización de Los Valencia y en guerra con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios; a Guerrero, donde han disputado fracciones territoriales con Guerreros Unidos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Además de los señalados, el grupo delictivo cuenta con importante presencia en Jalisco, Colima, Nayarit, Estado de México, Guanajuato y Morelos, en choque con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.   LOS SUCESORES El CJNG ha manejado su emporio criminal como una gran empresa, de manera global y en cada una de las plazas en las que ha divido las circunscripciones que están bajo su control. Así, de las entrañas del cártel surgen, además del líder general, los mandos operativos y financieros, con sus equipos legales y compradores de autoridades. Enseguida se designa a los jefes regionales y de plazas. Cuentan con sicarios, halcones, reclutadores, responsables de narcomenudeo y distribuidores de droga (tienditas). Tras las últimas detenciones, entre ellas las más relevantes, las de “El Comandante Tornado” y “Danny Quintero”, que operaban en Tlajomulco y Guadalajara, se había dejado la operatividad del mando a Antonio Oseguera, el hermano del “Mencho”, que también fue apresado. Esta acción motivó el ascenso de  Luis Ignacio Quintero Riestra “El Nacho Quintero”, hermano de Daniel. Con “Nacho Quintero” como jefe regional, se queda de jefe de plaza de Guadalajara el ex agente de la Policía Investigadora de Jalisco, Gregorio Pelayo Chávez “El Camarón”. Para jefes de plaza de Tlajomulco y la región Valles fueron enviados los hermanos de apellido Pizano Jiménez, apodados “El Grande” y “El Loco”, así como Joel Alvarado Ponce, encargado de la comercialización del hidrocarburo robado. Según declaraciones de diferentes detenidos, el actual cerebro financiero del CJNG es Elvis González Valencia, de la familia de “Los Cuinis”, quien junto con sus hermanos Gerardo “El Lalo”, José María “El Chema”, Ulises Giovanni, Édgar y Rosalinda, esposa del “Mencho”, toma las decisiones sobre el financiamiento de la organización. El otro hermano, José Luis González Valencia “El Chepa”, está más metido en acciones operativas al lado de su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes, junto a los hermanos de este último, identificados como Abraham, Marín, Miguel y Juan. Entre los lugartenientes y hombres de seguridad del “Mencho” se menciona a su primo Omar Eleazar de idénticos apellidos a los de Nemesio, a Alejandro Bautista Páramo, Gustavo Pizano Alfaro “El Ánima”, Rosario Alcaraz Brambila “El Chayo”  y Roberto Quiroz Montejano “El Parotas”. Los hombres de confianza de los líderes de la plaza de Guadalajara están señalados con los apodos de “El Pancho”, “El Gafe”, “El 04” y José Antonio Rodríguez Roque “El Owen”. Entre los sicarios del CJNG se hace referencia a Ángel “El Pollo”, “El Puma”, Miguel “El Grande”, “El Teniente” y/o “La Zorra”, César Huitlatoani “El Meño” y “El Oaxaco”. De los halcones son mencionados Hugo Miguel González Ramírez, “El Mantecas”, “El Güero”, “El Maruchan”, Jesús Gilberto Almazán Ramos, Carla Angélica Vargas Pérez y Rafael Heriberto “El Guamúchil”. Los responsables del narcomenudeo para la organización son “La Nena” y “El Indio”. Los reclutadores: Óscar Manuel Rodríguez y “El Kiuser”. Distribuidores de droga: “Alfredo”, “El Compita”, “La Mona” y/o “La Pelona”, “Alex”, “Ciego”, “Jhony”, “Pancho”, “Chango”, “Dain”, “Calderón”, “Chico Face”, “Lobo”, “Churritos”, “Adicto”, “Dany”, “Memo”, “Moruso”, “Tadeo” y “El Machín”. Finalmente se menciona que en la plaza de Colima continúa como jefe Juan José Torruco Ramos “El Torru”, con sus principales colaboradores Édgar “El Pochi” y Óscar Fernando Arreguín Girón “El Girón”. La parte intocada, aunque ya está boletinada por el Tesoro de los Estados Unidos de América, es la empresarial, donde presuntamente se lava el dinero ilícito proveniente de las actividades del CJNG y que está a cargo de la esposa de “El Cuini”, Jennifer Beaney Camacho Cázares y la esposa del “Lalo”, Wendy Dalaithy Amaral. A la fecha solo el negocio del Hotelito Desconocido, en el municipio de Tomatlán, ha sido asegurado por la Procuraduría General de la República. Las otras personas mencionadas de operar las más de 15 razones sociales de la banda, son las hermanas Diana María y Silvia Romina Sánchez Carlón, María Elena Márquez Gallegos y Fernando Torres González.

Abusos en el transporte público

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El dicho de que el mal ejemplo cunde es perfectamente aplicable en estos días con respecto a permisionarios, concesionarios y choferes del transporte público en Baja California. Los de Ensenada paralizan el servicio por 36 horas, los de Tijuana organizan su caravana generando un conflicto vial, nada más para mostrar músculo a las autoridades, y los de Mexicali también reclaman su aumento de tarifas. Se trata de un conflicto entre transportistas –algunos voraces–, choferes explotados y la autoridad  que en lugar de analizar el problema y tomar las decisiones necesarias desde el punto de vista técnico, lo hacen conforme a las necesidades personales o de su partido. “Hay que decir las cosas como van, todos los partidos políticos se han aprovechado de los víveres, charros del transporte, para que en época electoral hagan movilizaciones. Aunque hay gente que me dice que no abra la boca, finalmente yo soy muy claro, muchos funcionarios, ex funcionarios, tienen en su haber una larga lista de placas”, fueron la declaraciones del alcalde Jorge Astiazarán cuando estuvo como invitado a la sesión mensual de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), publicado en El Sol el 13 de noviembre 2015. Sin embargo, como ha sido siempre, en esta ocasión, los principales afectados con la eterna pretensión de estas manifestaciones que es el incremento de la tarifa, siempre son los ciudadanos de menor poder adquisitivo, usuarios cautivos obligados a recorrer en camiones, calafias y taxis grandes distancias entre su zona de residencia y lugar de trabajo, porque no hay rutas adecuadas. En marzo de 2015 la encuestadora IMERK informó que de acuerdo a los resultados de su más reciente estudio en Baja California, dependiendo del municipio, de 3 a 4 ciudadanos de cada 10 residentes de la entidad utilizaban transporte público. Y los usuarios de este servicio gastan a la semana 306.10  pesos que suman mil 224.43 pesos al mes. En Tijuana lo usan más y en Rosarito gastan más. Según cálculos de la misma empresa, esto significaría que quienes dan el servicio tendrían ganancias mensuales del orden de los mil 448 millones 685 mil 578.93 pesos. Esto, pese a tener unidades en mal estado y conductores mal capacitados. Ya en noviembre de 2015 fue Alejandro Díaz Bautista, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) quien ante la prensa local dio otros números, que en Tijuana los obreros –que representan el 70 por ciento de los usuarios– gastan el 31 por ciento de su salario para poder transportarse. También en noviembre el alcalde de Tijuana Jorge Astiazarán reconoció ante la prensa que las últimas 5 alcaldías –lo que significa 15 años– habían prometido la modernización de transporte que sigue sin darse. De un compromiso hecho desde 1989 con la llegada de los gobiernos panistas al estado, promesa que ninguno ha concretado. Desde entonces los aumentos a las tarifas han ocurrido una tras otra, siempre aprobados bajo acuerdos de buena voluntad entre “gente honorable”, en la que los permisionarios y concesionarios se comprometen a modernizar el servicio y las autoridades a apoyarlos en el trámite de créditos, reestructuración de rutas, mejorar la distribución de permisos, acabar con las prácticas monopólicas de concesionarios, suprimir las unidades irregulares, darle permisos a los choferes, pero nada. Pero pasa el tiempo y resulta que nadie cumple y que ninguno es tan honorable ni comprometido. O que en el mejor de los casos unos cuantos intentan cumplir. Mientras los usuarios bajacalifornianos siguen usando un transporte obsoleto, ineficiente y catalogado como el más caro del país porque el precio no desquita el trayecto, Con unidades en mal estado físico y mecánico, permisionarios acaparadores, algunos choferes explotados y otros conductores que “juegan carreritas” y juegan con la vida de los pasajeros en su afán de ganarle el pasaje al compañero, o peor aún consumen drogas y participan en delitos. Por lo pronto en Ensenada el cabildo rechazó el aumento, en Tijuana los transportistas siguen en rebeldía, rechazando la regularización hasta que la autoridad saque de circulación las unidades piratas, y en Mexicali el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa logró posponer el tema del aumento a la tarifa del transporte hasta 2016 para que no le afecte electoralmente. Ahora, falta conocer las medidas que tomen los transportistas para ejercer presión, pero la que sea seguramente los únicos y verdaderamente afectados serán los usuarios. Cierto, el incremento de los insumos ha provocado que el poder adquisitivo de los dueños de unidades se vea afectado, pero también el servicio que ofrecen está muy lejos de desquitar el costo de peaje. Si somos estrictos, de acuerdo a la Ley la inmensa mayoría de los actuales permisionarios y concesionarios de transporte podrían ser cancelados porque no cumplen con dar un buen servicio Entonces llegó el momento de consumar los compromisos hechos desde hace más de 20 años, lo mismo panistas que priistas y perredistas, políticos tras políticos, el transporte público del estado es pura inmundicia y debe limpiarse. Para esto se requieren propuestas de solución integrales que combatan la corrupción al interior de las organizaciones de transportistas y de las direcciones de tránsito, pero sobre todo que le pongan freno al manejo político del tema, porque de acuerdo a la Ley los funcionarios en los gobiernos municipales son los responsables de otorgar el servicio, lo cual los convierte en los principales culpables del descontrol y del pésimo transporte que la ciudadanía padece.  

Díaz evade problema de transporte

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A dos años de camino de la actual administración municipal que encabeza el panista Jaime Díaz Ochoa, el proyecto del Sistema de Autobús Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) sigue congelado. La paralización del proyecto ha tenido varias repercusiones, entre éstas la contención del nuevo Reglamento de Trasporte Público para el Municipio de Mexicali, aprobado por el Cabildo en octubre de 2013, reforma donde se contemplaba, entre otros avances, la creación de concesiones para sustituir a los permisos de nuevas placas. Dos años después, grupos transportistas insisten en la necesaria puesta en marcha de esas reformas que nunca fueron publicadas, pese a su aprobación. Argumentan que la ciudad ha crecido y no se han dado concesiones nuevas, y que un reducido grupo de familias tienen acaparadas las rutas y especula con los permisos. La entrega de nuevos juegos de placas -por lo menos durante esta administración- sigue congelada, y de acuerdo al regidor Job Montoya, presidente de la Comisión de Seguridad Publica, Tránsito y Transporte, para abrir esta posibilidad se tendría que seguir un largo camino que implica una petición formal, un estudio especializado y sus resultados, ser avalados por el Consejo y votados por el Cabildo. El edil postulado por el partido Movimiento Ciudadano explicó que actualmente analizan la posible recomposición de las rutas para modificar y crear nuevas, pero con los mismos permisos ya existentes.   TAXISTAS QUIEREN PLACAS “No deja de ser dinero de todos los que vivimos aquí, y a dos años de que debió haberse puesto a operar el BRT, el conflicto de intereses ahí lo trae detenido”, expuso Rubén Quiñonez, presidente de la Alianza de Transportistas Unidos de Baja California. Recordó el inicio del proyecto en la administración municipal encabezada por Francisco Pérez Tejada y que en esa primera parte significó una inversión de 241 millones de pesos en la completa reconstrucción del Bulevar Adolfo López Mateos, desde el inicio en el Centro de Mexicali hasta la zona de Palaco. “Pero el préstamo inicial de Banobras estaba condicionado a terminar el proyecto, lo que significó una prórroga que venció al mes  pasado, el 1 de octubre de 2015”, entonces Quiñonez menciona declaraciones del alcalde Díaz Ochoa en el sentido de que pediría otro aplazamiento por seis meses. “Da a entender que ya no le importó, va a patear el bote hasta salir él”, menciona en referencia a la conclusión de la actual administración municipal en noviembre de 2016. En esta plática con ZETA, se encuentran presentes otros miembros de la Alianza, como Richard Rodríguez, de Taxired; Jorge Beltrán, de  las rutas en la misma alianza; Miguel Ángel Ruiz, administrador de Taxiplus y representante de las bases de radiotaxis; y Jesús Trujillo, de los sitios convencionales. El líder de la alianza muestra el Dictamen 09/13, un grueso documento  relativo al Proyecto de Reglamento del Transporte Público, que les llevó cerca de un año de trabajo en Comisiones con la participación de Seguridad Publica, Policía Federal, Bomberos, Protección Civil y los propios transportistas. Fue  aprobado por el Cabildo en octubre de 2013. “Fue un acuerdo que se fue vaciando de ideas hasta que todo mundo quedamos conformes, porque le dabas al ciudadano una opción rápida de cruzar la ciudad de lado a lado en 15 minutos, con este sistema de transporte estabas del Centro hasta el Ejido Puebla”, explica el líder trasportista. El mismo vocero refiere que el nuevo reglamento ordena la reorganización de las bases de radiotaxis e instruye que los permisos se conviertan en concesiones. Agregó que en la Ley sin estrenar, los cambios incluyen la obligación de que los choferes tengan seguridad social y otras prestaciones como INFONAVIT, FONACOT y demás. Aparte, las empresas de radiotaxis tendrían una certeza jurídica al ser una concesión con todos los derechos y obligaciones que otorga esa categoría. “La empresas de radiotaxis no tienen una vida jurídica, no tienen algo legal, porque si bien te dan el permiso, no te dan placas, las tienes que conseguir tú. Te dan un permiso para explotarlo pero no te dan las láminas, para que compres el carro y lo metas”, explicó Quiñonez, añadiendo que con las reformas al reglamento, el permiso cambiaba por una concesión para transporte masivo con capacidad de hasta 60 unidades. “Eso nos permitiría quitarnos los 82 mil pesos anuales que pagamos por la renta de placas, lo que implica que las empresas de radiotaxis que manejamos 40 unidades por empresa, estamos pagando 3 millones 250 mil pesos de pura renta al año”. El líder complementa que desde hace 21 años, en Mexicali existen 983 permisos de taxis y, pese a que la ciudad ha crecido se ha mantenido esa cifra. Situación ha beneficiado a los acaparadores, entre éstos menciona a la familia Aguilera, quienes cuentan con 80 o 90 juegos de placas, cada uno rentado diariamente en 250 pesos.   DÍAZ RECHAZA REFORMA AL TRANSPORTE Los transportistas mostraron documentos, primero la solicitud enviada por el secretario del XX Ayuntamiento, Paulo César Hernández -en la administración de Pérez Tejada-, donde requiere al entonces secretario general de Gobierno del Estado, Guillermo Trejo Dozal, la publicación en el Periódico Oficial del Estado,  del acuerdo de Cabildo tomado el 11 de octubre, donde se aprobó el Reglamento de Transporte Publico del Municipio de Mexicali. Pero luego entregan la copia de otro documento fechado el 4 de diciembre de 2013, el entonces nuevo secretario del Ayuntamiento, José Félix Arango -ya con la administración actual encabezada por Jaime Díaz-, solicita al mismo secretario general de Gobierno la devolución de los documentos pendientes de publicar, “para que este XXI Ayuntamiento tenga la oportunidad de su debida revisión (…) para que una vez realizada la misma se le hagan llegar aquellos que se considera publicar…”. El grupo de taxistas cuestiona esta acción -la solicitud de devolución-, dado que se trataba de una decisión emanada del Cabildo cachanilla, lo que consideran una irregularidad y hasta un posible delito; y bajo esa premisa fechada de recibida el 30 enero de 2015, interpusieron en Sindicatura una denuncia de hechos contra Arango Pérez, quien una semana antes había anunciado su renuncia al cargo.   DE LA NO PUBLICACIÓN DE LA LEY  “Cuando indagué sobre ese tema, lo que se me explicó era que ese reglamento tenía varias partes que se contraponían con la Ley (de Trasporte del Estado) y ningún reglamento puede estar por encima de ninguna Ley. Se tuvo que detener y regresar porque no era permitible”, expuso el titular del Sistema Municipal de Trasporte en Mexicali, Alfredo Arenas. El titular del SIMUTRA agregó que ese tema está en la Secretaría del Ayuntamiento, donde el titular Francisco Iribe Paniagua comentó sobre esta modificación aprobada por el Cabildo: “Según me enteré tuvo algunas cuestiones del orden jurídico, algunas inconsistencias, cuestiones que se insertaron en el Reglamento que iban más allá que la Ley de Trasporte Público”. Se le pregunta si reformar o eliminar tal Ley no debió ser una decisión tomada en Cabildo, pero el funcionario no fue preciso: “Pues no sé qué decisión haya tomado ya después el siguiente Cabildo en ese tenor, la realidad es eso…”. Ante la insistencia, el funcionario municipal asume que la reforma “no está en vigencia” y asegura que al Cabildo “tiene también esa tarea, ahí en la Comisión de Transporte”, aludiendo que el tema está en Sindicatura -por la demanda de los transportistas- y, finalmente, asume que “es una cuestión que yo no pudiera determinar, yo no soy quien deba emitir la última palabra respecto a eso”. El abogado y académico Daniel Solorio opinó sobre el tema: “Digamos que el órgano administrativo, el secretario del Ayuntamiento o el presidente municipal, están desobedeciendo un acuerdo del Cabildo en pleno. Si el Cabildo vota una reforma, lo que tiene que hacer es mandarla publicar”, dado que si el acuerdo no se publica, no entra en vigor. “Hay una relación de desacato, hay un quebrantamiento por parte de un funcionario administrativo a un acuerdo del cuerpo colegiado”, sostuvo. En su Artículo 67, el Reglamento Interior del Ayuntamiento estipula: “Los acuerdos del Cabildo que deban ser publicados, lo serán a través del Periódico Oficial del Estado. Dichos acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, salvo que en éstos se señale fecha distinta”. Por eso los grupos de transportistas interpusieron una denuncia de hechos ante Sindicatura Municipal -con fecha 30 de enero- contra el secretario del Ayuntamiento, José Félix Arango -relevado del cargo el 5 de febrero de 2015-, para iniciar una investigación administrativa en relación a lo que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que a la fecha está congelada en Sindicatura.   TRANSPORTE, TEMA INCONCLUSO “Hablar del BRT es hablar de una situación sin concluir”, reflexiona el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, Job Montoya. El edil enumera algunos de los puntos sin resolver, además de la publicación de la reforma: 1. Hay una parte de la vialidad construida -cerca de 4 kilómetros- que no cumple con los requerimientos oficiales y existe una participación federal, estatal y municipal. 2. Está pendiente una asignación de recursos donde se está buscando una ampliación de cuatro meses al término estipulado desde el año pasado y que venció el 21 de octubre pasado. De las inquietudes de los taxistas, el regidor por Movimiento Ciudadano argumenta que ha tenido pláticas con ellos: “Han entregado algunos estudios realizados por la UABC, donde se dice que supuestamente hay una deficiencia de unidades de taxistas y que no ha existido una actualización, pero ahorita no hay posibilidades de que se dé”. Justifica: “Para que eso- concesiones, placas adicionales-  exista, necesita haber un requerimiento de los usuarios, y deben hacerlo llegar a la Secretaria del Ayuntamiento para que esta dependencia, a través de SIMUTRA, promueva la elaboración de un estudio para ver la factibilidad de nuevos permisionarios, y en ese sentido tendría que subirse a Cabildo”. De la reforma que aprobó el Cabildo y no se publicó, Montoya admite conocerla a través de los dichos de los transportistas, sin embargo, evidencia no haber investigado al respecto, porque a pregunta expresa, desconoce por qué el actual ayuntamiento pidió devolvieran el documento y cuál ha sido el seguimiento en ese caso. “Ni como Cabildo ni como integrante de esa Comisión recibimos oficialmente alguna información al respecto”, reitera.   AMPLIARÁN RUTAS; NO HABRÁ NUEVOS PERMISOS Job Montoya amplía que hay otro tema que se ha estado trabajando y que tiene que ver con la actualización de las rutas y la manera de ampliarlas a zonas donde no hay servicio y son necesarias; aunque la idea es redistribuir las placas ya existentes, no otorgar nuevas. Insiste en que en estos momentos no es factible, dado que ni siquiera existe una petición formal, “y de haber una petición tendría que presentarse ante la instancia que corresponde para que se turne al Consejo de Transporte para luego turnarlo a SIMUTRA, pero la decisión final tendría que pasar por Cabildo, y hasta donde yo sé, no se darán nuevos permisos”, sintetiza el regidor naranja.  “Se tiene que hacer un plan maestro, un estudio, que es lo que está trabajando el ingeniero Arenas”, dice en alusión al titular del Sistema de Transporte. Para concluir, el regidor rememora que cuando se instaló el Consejo de Transporte y entró este director, se plantearon varios compromisos, como la elaboración de un plan maestro, la continuación del BRT y la modernización de sistemas -padrones y sistemas de cómputo de SIMUTRA-. “Y en eso se está trabajando”.

Rechazan aumento al transporte en Ensenada

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Con 15 votos a favor y una abstención por parte de los regidores, el Cabildo de Ensenada rechazó el incremento a la tarifa del transporte público. El regidor Jaime Guadalupe Zepeda, integrante de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte Público, se refirió al dictamen 014/2015, donde niegan el aumento de 10 a 12 pesos la tarifa, pues el sector transportista no han cumplido con los compromisos adquiridos en administraciones pasadas.