Comprueban la comisión de irregularidades administrativas a cargo de servidores públicos de SEDATU en la entrega de al menos 5 millones de pesos en subsidios, correspondientes al Programa Vivienda Digna 2013, caso en el que se involucra a Enrique Acosta Fregoso, ex delegado de esa dependencia en Baja California. Pero mientras el caso es turnado como foco rojo a la gerencia de Asuntos Jurídicos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares -FONHAPO-, para la aplicación de las sanciones administrativas y/o jurídicas que haya lugar, en las oficinas de SEDATU Tijuana intentan recuperar los vales de material de vivienda que no se hicieron efectivos en 2013. En Tijuana, 250 personas de escasos recursos fueron integradas al programa Vivienda Digna de ese año, a cambio les entregaron un vale por 20 mil pesos, canjeable por material de construcción, el cual no se les ha hecho válido. Peor aún, en el sistema de apoyos sociales aparecen como beneficiados incumplidos, ya que al no obtener el subsidio, no concretaron el proyecto de vivienda, algo que el sistema de asistencia no registra. Lo que sí reconoce, es que la delegación local de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU- sí recibió el recurso federal, pero hasta después de dos años, el Órgano de Control Interno de FONHAPO logró determinar incumplimiento en la ministración de recursos correspondientes a ese programa. NO LOCALIZAN EVIDENCIA Enrique Acosta Fregoso firmó el convenio de ejecución PVD6464-13-0517 para que la delegación a su cargo ejerciera en 2013 un monto de 34 millones 860 mil pesos, cantidad que sería canalizada en mil 743 acciones de vivienda, en los municipios de Tecate, Tijuana y Mexicali. De acuerdo a la investigación realizada por el Órgano Interno de Control Fideicomiso de FONHAPO, los recursos federales le fueron canalizados a la delegación bajacaliforniana durante octubre y noviembre de ese año. No obstante, la dependencia no los entregó, sino que se dedicó a realizar actos públicos para entregar a los supuestos beneficiados los vales que canjearían al serle entregado el material para la construcción de una habitación. Al menos a las familias de Tijuana enlistadas en este programa de ayuda, se les prometió que en el primer bimestre de 2014 el beneficio se les haría efectivo. No les cumplieron. A principios de 2014, Acosta Fregoso fue reemplazado en el cargo por Fernanda Villafranca Aguirre, quien recibió múltiples quejas por parte los ciudadanos que exigían la entrega de la ayuda prometida. Al realizar una inspección física se corroboró que el material no había sido proporcionado a las familias, aun cuando en los expedientes se marcaba como entregado. También se localizaron facturas de pago a SOLMA de México, S.A. de C.V., empresa a la que se le concesionó la entrega de este material para 250 beneficiados de Tijuana, por un monto que cubría el total del subsidio determinado para este municipio: 5 millones de pesos. Aparte del documento, el Órgano Interno de Control de FONHAPO no localizó mayor evidencia administrativa que corroborara la aplicación de los recursos públicos de dicho programa. LA INVESTIGACIÓN Desde 2014, la propia delegación de SEDATU en Baja California ha dado seguimiento a la investigación para saber el paradero de los apoyos de vivienda que no fueron proporcionados a las familias de escasos recursos económicos que debían ser beneficiadas con ellos. 
Además de los 250 vales no hechos efectivos en Tijuana, en otros municipios de la entidad, como Mexicali y Ensenada, se detectó incumplimiento en el programa de Vivienda Digna 2013, situación de la que también se hizo del conocimiento de FONHAPO, la instancia federal encargada de canalizar los fondos federales de vivienda. En octubre de 2015, el Órgano Interno de Control de FONHAPO corroboró la entrega de 5 millones de pesos a la delegación de SEDATU Baja California, como instancia ejecutora en la entrega a los beneficiarios del recurso federal. También documentó el incumplimiento a la ejecución y comprobación de la aplicación de 5 millones de pesos entregados para ser canalizados en 250 apoyos en Tijuana, bajo el expediente DPO/GP/1502/2015. En el documento determinó: “Como parte de los procesos de seguimiento que realiza la Gerencia de Operación, detectó el incumplimiento a las reglas de operación del Programa Vivienda Digna 2013, en los convenios de ejecución ante mencionados, mismos que fueron remitidos como ‘focos rojos’ a la gerencia de Asuntos Jurídicos del FONHAPO”. El documento da cuenta que la Gerencia de Planeación gestionó y realizó la ministración de los recursos federales autorizados, a través de transferencias electrónicas, pero la instancia ejecutora no los proporcionó a los beneficiados, incumpliendo con “las reglas de operación del Programa de Vivienda Digna 2013”. De ello, continúa Esteban Alberto Villafañe, titular del área de quejas del Órgano Interno de Control de FONHAPO, “se ha dado vista de dichas irregularidades a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a efecto de que se realicen las acciones administrativas y/o jurídicas que procedan ante el incumplimiento de la normatividad aplicable”. LAS FALTAS Al no aplicar recursos públicos federales, correspondientes al fideicomiso de vivienda del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, como titular de la delegación de SEDATU Baja California que era, Enrique Acosta Fregoso faltó a diversos preceptos que podrían derivar desde la inhabilitación en cargos públicos, con la correspondiente sanción administrativa por el daño económico causado al erario, hasta la penalización por fraude. De acuerdo al Órgano Interno de Control de FONHAPO, la delegación de SEDATU a cargo de Acosta Fregoso incurrió en faltas a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. EL ARGUMENTO DE ACOSTA FREGOSO En su defensa, Enrique Acosta Fregoso expone -en el acta de entrega recepción- que Fernanda Villafranca Aguirre le firmó al relevarlo en el cargo, se asienta que, sin omisión alguna, proporcionó todos los elementos necesarios para la formulación de la memoria. De acuerdo al documento, proporcionado a ZETA por el ex delegado federal, a la nueva administración de SEDATU se le proporcionó un dispositivo electrónico del uso de determinado número de cheques del programa de Vivienda Rural y de Vivienda Digna, pero esto no indica el cumplimiento en la entrega de los apoyos. En el anexo cinco del documento se asienta que Acosta Fregoso mostró listados de las facturas pendientes de liquidar, así como los montos y nombres de los beneficiados. El acta también señala que su contenido se verificó dentro de los treinta días hábiles siguientes a su firma, lapso en el que su relevo dio inicio con la verificación física de la ayuda. Alberto Rocha, subdirector de Vivienda de SEDATU Baja California, expuso que al ser realizada dicha revisión, se encontró que el subsidio no había sido entregado a los beneficiados. 
No obstante, aunque el acta de entrega recepción le fue firmada a Enrique Acosta Fregoso, el mismo documento subraya: “La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente, con posterioridad”. Al respecto, el ex funcionario anotó que es una circunstancia que de ninguna manera le es imputable, “y de la cual en tiempo y forma llevamos a cabo los requerimientos a la misma para que cumpliera con su contrato, o bien, devolviera las cantidades ejercida en los términos contractuales”. Subrayó que FONHAPO realizó inspecciones para verificar el cumplimiento de los proveedores, que en su decir, pudo solventarse al hacer válidas las fianzas. INTENTAN BORRÓN Y CUENTA NUEVA Mientras la Gerencia de Asuntos Jurídicos de FONHAPO se toma su tiempo para determinar la sanción administrativa y/o jurídica por la no aplicación de los fondos de vivienda digna en el municipio de Tijuana, la oficina de SEDATU en Tijuana condiciona la entrega de apoyos a cambio de que los afectados devuelvan el vale que no se les hizo efectivo en 2013. Desde el mes de noviembre de 2015 la dependencia federal convoca en Baja California a la nueva entrega de apoyos correspondientes al ejercicio fiscal en curso; al acudir los demandantes, son sometidos a un análisis del sistema y, si éste determina que fueron enlistados en el programa Vivienda Digna 2013, los empleados que los atienden les requieren el vale de 20 mil pesos, a cambio de colocarlos en lista de espera como candidatos del subsidio vigente. “Me dicen que si devuelvo el vale me borran de la lista de incumplidos, cuando a mí no me han dado ningún apoyo”, expuso a ZETA María Herrera, una de las afectadas por el incumplimiento del programa de 2013. Sobre esta nueva anomalía, la delegación de SEDATU Baja California dijo no tener conocimiento y se comprometió a investigar. Durante las últimas semanas, este Semanario trató de localizar a Enrique Acosta Fregoso para que diera su versión sobre la resolución de FONHAPO sobre el caso del programa Vivienda Digna 2013. Con anterioridad, el ex funcionario había proporcionado los documentos de entrega recepción, pero no respondió para concertar una entrevista.
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