A dos años de camino de la actual administración municipal que encabeza el panista Jaime Díaz Ochoa, el proyecto del Sistema de Autobús Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) sigue congelado. La paralización del proyecto ha tenido varias repercusiones, entre éstas la contención del nuevo Reglamento de Trasporte Público para el Municipio de Mexicali, aprobado por el Cabildo en octubre de 2013, reforma donde se contemplaba, entre otros avances, la creación de concesiones para sustituir a los permisos de nuevas placas. Dos años después, grupos transportistas insisten en la necesaria puesta en marcha de esas reformas que nunca fueron publicadas, pese a su aprobación. Argumentan que la ciudad ha crecido y no se han dado concesiones nuevas, y que un reducido grupo de familias tienen acaparadas las rutas y especula con los permisos. La entrega de nuevos juegos de placas -por lo menos durante esta administración- sigue congelada, y de acuerdo al regidor Job Montoya, presidente de la Comisión de Seguridad Publica, Tránsito y Transporte, para abrir esta posibilidad se tendría que seguir un largo camino que implica una petición formal, un estudio especializado y sus resultados, ser avalados por el Consejo y votados por el Cabildo. El edil postulado por el partido Movimiento Ciudadano explicó que actualmente analizan la posible recomposición de las rutas para modificar y crear nuevas, pero con los mismos permisos ya existentes. TAXISTAS QUIEREN PLACAS “No deja de ser dinero de todos los que vivimos aquí, y a dos años de que debió haberse puesto a operar el BRT, el conflicto de intereses ahí lo trae detenido”, expuso Rubén Quiñonez, presidente de la Alianza de Transportistas Unidos de Baja California. Recordó el inicio del proyecto en la administración municipal encabezada por Francisco Pérez Tejada y que en esa primera parte significó una inversión de 241 millones de pesos en la completa reconstrucción del Bulevar Adolfo López Mateos, desde el inicio en el Centro de Mexicali hasta la zona de Palaco. “Pero el préstamo inicial de Banobras estaba condicionado a terminar el proyecto, lo que significó una prórroga que venció al mes pasado, el 1 de octubre de 2015”, entonces Quiñonez menciona declaraciones del alcalde Díaz Ochoa en el sentido de que pediría otro aplazamiento por seis meses. “Da a entender que ya no le importó, va a patear el bote hasta salir él”, menciona en referencia a la conclusión de la actual administración municipal en noviembre de 2016. 
En esta plática con ZETA, se encuentran presentes otros miembros de la Alianza, como Richard Rodríguez, de Taxired; Jorge Beltrán, de las rutas en la misma alianza; Miguel Ángel Ruiz, administrador de Taxiplus y representante de las bases de radiotaxis; y Jesús Trujillo, de los sitios convencionales. El líder de la alianza muestra el Dictamen 09/13, un grueso documento relativo al Proyecto de Reglamento del Transporte Público, que les llevó cerca de un año de trabajo en Comisiones con la participación de Seguridad Publica, Policía Federal, Bomberos, Protección Civil y los propios transportistas. Fue aprobado por el Cabildo en octubre de 2013. “Fue un acuerdo que se fue vaciando de ideas hasta que todo mundo quedamos conformes, porque le dabas al ciudadano una opción rápida de cruzar la ciudad de lado a lado en 15 minutos, con este sistema de transporte estabas del Centro hasta el Ejido Puebla”, explica el líder trasportista. El mismo vocero refiere que el nuevo reglamento ordena la reorganización de las bases de radiotaxis e instruye que los permisos se conviertan en concesiones. Agregó que en la Ley sin estrenar, los cambios incluyen la obligación de que los choferes tengan seguridad social y otras prestaciones como INFONAVIT, FONACOT y demás. Aparte, las empresas de radiotaxis tendrían una certeza jurídica al ser una concesión con todos los derechos y obligaciones que otorga esa categoría. “La empresas de radiotaxis no tienen una vida jurídica, no tienen algo legal, porque si bien te dan el permiso, no te dan placas, las tienes que conseguir tú. Te dan un permiso para explotarlo pero no te dan las láminas, para que compres el carro y lo metas”, explicó Quiñonez, añadiendo que con las reformas al reglamento, el permiso cambiaba por una concesión para transporte masivo con capacidad de hasta 60 unidades. “Eso nos permitiría quitarnos los 82 mil pesos anuales que pagamos por la renta de placas, lo que implica que las empresas de radiotaxis que manejamos 40 unidades por empresa, estamos pagando 3 millones 250 mil pesos de pura renta al año”. El líder complementa que desde hace 21 años, en Mexicali existen 983 permisos de taxis y, pese a que la ciudad ha crecido se ha mantenido esa cifra. Situación ha beneficiado a los acaparadores, entre éstos menciona a la familia Aguilera, quienes cuentan con 80 o 90 juegos de placas, cada uno rentado diariamente en 250 pesos. DÍAZ RECHAZA REFORMA AL TRANSPORTE Los transportistas mostraron documentos, primero la solicitud enviada por el secretario del XX Ayuntamiento, Paulo César Hernández -en la administración de Pérez Tejada-, donde requiere al entonces secretario general de Gobierno del Estado, Guillermo Trejo Dozal, la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del acuerdo de Cabildo tomado el 11 de octubre, donde se aprobó el Reglamento de Transporte Publico del Municipio de Mexicali. Pero luego entregan la copia de otro documento fechado el 4 de diciembre de 2013, el entonces nuevo secretario del Ayuntamiento, José Félix Arango -ya con la administración actual encabezada por Jaime Díaz-, solicita al mismo secretario general de Gobierno la devolución de los documentos pendientes de publicar, “para que este XXI Ayuntamiento tenga la oportunidad de su debida revisión (…) para que una vez realizada la misma se le hagan llegar aquellos que se considera publicar…”. El grupo de taxistas cuestiona esta acción -la solicitud de devolución-, dado que se trataba de una decisión emanada del Cabildo cachanilla, lo que consideran una irregularidad y hasta un posible delito; y bajo esa premisa fechada de recibida el 30 enero de 2015, interpusieron en Sindicatura una denuncia de hechos contra Arango Pérez, quien una semana antes había anunciado su renuncia al cargo. DE LA NO PUBLICACIÓN DE LA LEY “Cuando indagué sobre ese tema, lo que se me explicó era que ese reglamento tenía varias partes que se contraponían con la Ley (de Trasporte del Estado) y ningún reglamento puede estar por encima de ninguna Ley. Se tuvo que detener y regresar porque no era permitible”, expuso el titular del Sistema Municipal de Trasporte en Mexicali, Alfredo Arenas. El titular del SIMUTRA agregó que ese tema está en la Secretaría del Ayuntamiento, donde el titular Francisco Iribe Paniagua comentó sobre esta modificación aprobada por el Cabildo: “Según me enteré tuvo algunas cuestiones del orden jurídico, algunas inconsistencias, cuestiones que se insertaron en el Reglamento que iban más allá que la Ley de Trasporte Público”. Se le pregunta si reformar o eliminar tal Ley no debió ser una decisión tomada en Cabildo, pero el funcionario no fue preciso: “Pues no sé qué decisión haya tomado ya después el siguiente Cabildo en ese tenor, la realidad es eso…”. 
Ante la insistencia, el funcionario municipal asume que la reforma “no está en vigencia” y asegura que al Cabildo “tiene también esa tarea, ahí en la Comisión de Transporte”, aludiendo que el tema está en Sindicatura -por la demanda de los transportistas- y, finalmente, asume que “es una cuestión que yo no pudiera determinar, yo no soy quien deba emitir la última palabra respecto a eso”. El abogado y académico Daniel Solorio opinó sobre el tema: “Digamos que el órgano administrativo, el secretario del Ayuntamiento o el presidente municipal, están desobedeciendo un acuerdo del Cabildo en pleno. Si el Cabildo vota una reforma, lo que tiene que hacer es mandarla publicar”, dado que si el acuerdo no se publica, no entra en vigor. “Hay una relación de desacato, hay un quebrantamiento por parte de un funcionario administrativo a un acuerdo del cuerpo colegiado”, sostuvo. En su Artículo 67, el Reglamento Interior del Ayuntamiento estipula: “Los acuerdos del Cabildo que deban ser publicados, lo serán a través del Periódico Oficial del Estado. Dichos acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, salvo que en éstos se señale fecha distinta”. Por eso los grupos de transportistas interpusieron una denuncia de hechos ante Sindicatura Municipal -con fecha 30 de enero- contra el secretario del Ayuntamiento, José Félix Arango -relevado del cargo el 5 de febrero de 2015-, para iniciar una investigación administrativa en relación a lo que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que a la fecha está congelada en Sindicatura. TRANSPORTE, TEMA INCONCLUSO “Hablar del BRT es hablar de una situación sin concluir”, reflexiona el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, Job Montoya. El edil enumera algunos de los puntos sin resolver, además de la publicación de la reforma: 1. Hay una parte de la vialidad construida -cerca de 4 kilómetros- que no cumple con los requerimientos oficiales y existe una participación federal, estatal y municipal. 2. Está pendiente una asignación de recursos donde se está buscando una ampliación de cuatro meses al término estipulado desde el año pasado y que venció el 21 de octubre pasado. De las inquietudes de los taxistas, el regidor por Movimiento Ciudadano argumenta que ha tenido pláticas con ellos: “Han entregado algunos estudios realizados por la UABC, donde se dice que supuestamente hay una deficiencia de unidades de taxistas y que no ha existido una actualización, pero ahorita no hay posibilidades de que se dé”. Justifica: “Para que eso- concesiones, placas adicionales- exista, necesita haber un requerimiento de los usuarios, y deben hacerlo llegar a la Secretaria del Ayuntamiento para que esta dependencia, a través de SIMUTRA, promueva la elaboración de un estudio para ver la factibilidad de nuevos permisionarios, y en ese sentido tendría que subirse a Cabildo”. De la reforma que aprobó el Cabildo y no se publicó, Montoya admite conocerla a través de los dichos de los transportistas, sin embargo, evidencia no haber investigado al respecto, porque a pregunta expresa, desconoce por qué el actual ayuntamiento pidió devolvieran el documento y cuál ha sido el seguimiento en ese caso. “Ni como Cabildo ni como integrante de esa Comisión recibimos oficialmente alguna información al respecto”, reitera. AMPLIARÁN RUTAS; NO HABRÁ NUEVOS PERMISOS Job Montoya amplía que hay otro tema que se ha estado trabajando y que tiene que ver con la actualización de las rutas y la manera de ampliarlas a zonas donde no hay servicio y son necesarias; aunque la idea es redistribuir las placas ya existentes, no otorgar nuevas. Insiste en que en estos momentos no es factible, dado que ni siquiera existe una petición formal, “y de haber una petición tendría que presentarse ante la instancia que corresponde para que se turne al Consejo de Transporte para luego turnarlo a SIMUTRA, pero la decisión final tendría que pasar por Cabildo, y hasta donde yo sé, no se darán nuevos permisos”, sintetiza el regidor naranja. “Se tiene que hacer un plan maestro, un estudio, que es lo que está trabajando el ingeniero Arenas”, dice en alusión al titular del Sistema de Transporte. Para concluir, el regidor rememora que cuando se instaló el Consejo de Transporte y entró este director, se plantearon varios compromisos, como la elaboración de un plan maestro, la continuación del BRT y la modernización de sistemas -padrones y sistemas de cómputo de SIMUTRA-. “Y en eso se está trabajando”.
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