Un ciudadano denunció al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y a su esposa, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), por los delitos de cohecho, contratación indebida y abuso de funciones por la contratación de al menos 13 funcionarios públicos con relación consanguínea o civil.
La acusación se dio el pasado 9 de julio del 2025 y radica en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental bajo el expediente CG/EPRA/178/2025.
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“Presentar formal denuncia de hechos que pueden constituir un delito cometido por los servidores públicos, Víctor Manuel Castro Cosío y Patricia Imelda López Navarro, después de haber violado los artículos 52, 57 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Baja California Sur, tras haber nombrado o designado a parientes consanguíneos o parientes civiles en cargos públicos, a pesar de estar impedidos legalmente”, se lee en el documento.
A más de un año de que se presentó la denuncia formal, la autoridad administrativa encargada de dar seguimiento a las quejas en contra de los servidores públicos y su actuar, ha transitado lentamente y sin detectar el conflicto de interés de la “familia de Gobierno”.
El denunciante expresó que no quería llegar a estas instancias, pero tal parece que no quieren darle seguimiento a su denuncia, la cual —dijo— está sustentada y motivada.
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“Ya hace más de un año de la denuncia que presenté, ¿y cuál fue mi sorpresa?, que la Unidad Anticorrupción me hace una solicitud, me piden que investigue y demuestre el compadrazgo entre Omar Castro y el gobernador, cuando debería ser una tarea de ellos como autoridad encargada de investigar, además de que públicamente el gobernador ha dicho y hablado de Omar como su compadre: incluso el día del accidente que tuvieron en junio del 2024, cuando se estrelló su avioneta, él mismo lo menciona como ‘a nombre de mi compadre, mi compañero y amigo de toda la vida Omar’, y son declaraciones de él”, aseguró el denunciante.
Fue hasta el 13 de agosto de 2026 que recibió respuesta sobre la denuncia, y no fue la esperada, pues a más de un año de haber acudido a denunciar la presunta irregularidad, la autoridad responsable le requirió mayores datos, así como la investigación que confirme o sostenga su denuncia de compadrazgo del ejecutivo estatal y uno de los funcionarios ligados.
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En este caso, el requerimiento señala una relación civil —parentesco espiritual y social muy fuerte— a la cual exigen detalles que adviertan del parentesco.
“Se le solicita, para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del presente, aporte, a este Órgano Estatal de Control, a través de la Dirección Anticorrupción, mayores indicios o datos que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, según lo manifestado en el numeral 13 de su escrito de denuncia, consistente en la relación de compadrazgo entre Jesús Omar Castro Cota y Víctor Manuel Castro Cosío; debiendo adjuntar las evidencias documentales que así lo acrediten”, y lo firma Ana Carolina Rosas García, titular de la Dirección Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Ante esto, el ciudadano respondió a los requerimientos dentro del plazo establecido, haciendo valer su derecho y dejando claro que es responsabilidad de los servidores públicos —que reciben un salario con recurso ciudadano— para llevar a cabo diligencias, investigaciones y obtención de pruebas legales, facultades que no tiene un ciudadano.
Además, objetó tajantemente sobre evadir su responsabilidad, que es agotar todas las instancias para llegar a una cabal investigación.
“Se objeta la mutación del requerimiento de información en una carga probatoria documental que la ley no atribuye al denunciante. Se precisa que el compadrazgo se aporta como indicio de un interés personal y de una posible afectación a la imparcialidad, sin que corresponda al denunciante calificarlo jurídicamente; su relevancia depende de la intervención concreta en el nombramiento, del deber de excusa, del mérito, de la existencia de un impedimento y de la ruta de decisión. Se solicita la continuación oficiosa e individualizada de todas las líneas de investigación, sin que la eventual insuficiencia del numeral 13 pueda contaminar ni extinguir los restantes hechos denunciados”, sostuvo el denunciante.
Asimismo, la titular de la Dirección Anticorrupción hace mención que, de no atender el requerimiento, “se resolverá con los elementos que cuente esta Autoridad Investigadora”, y cita el artículo 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California Sur.
Ante ello, el quejoso respondió que dicho artículo “no es una norma de apercibimiento al denunciante”, y que la frase del oficio “se resolverá con los elementos que cuente esta Autoridad Investigadora” no puede ser utilizada para abreviar la investigación, “pues la cantidad y calidad de estos elementos dependen, ante todo, de la actividad que la propia autoridad está obligada a desplegar. El artículo 135 ubica expresamente la carga de la prueba en la autoridad investigadora”, lanzó el denunciante.
Jurídicamente dijo el ciudadano “la secuencia normativa no admite evasión: primero se practican y concluyen las diligencias; después se analizan los hechos y la información recabada; sólo entonces puede valorarse si existen elementos suficientes”.
CONTRALORÍA INVESTIGA CAIGA QUIEN CAIGA
Ante la denuncia presentada contra el propio titular del ejecutivo estatal, Rosa Cristina Buendía Soto, quien encabeza la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, expresó que están recabando todos los indicios y medios de prueba.
Comentó que la Secretaría a su cargo actualmente realiza diligencias, solicitando información o reuniendo elementos adicionales para tomar una decisión más acertada, justa y fundamentada para dar respuesta a la denuncia presentada.
“Es una denuncia que se presenta aquí en oficialía de partes el día 9 de julio y se radica dos días después; o sea, el 11 de julio radicamos esa denuncia y hasta ahorita estamos en seguimiento, en la etapa de investigación, allegándonos de todos los elementos a efecto de mejor proveer. Aquí todas las denuncias que se presenten, todas, ninguna se va a quedar sin darle la atención que corresponda y el debido seguimiento hasta culminar con una resolución al respecto, aquí se aplica la Ley”, apuntó Buendía Soto.
Sobre los presuntos responsables de una contratación indebida y otros delitos, la secretaria se reservó los nombres a fin de guardar secrecía en la investigación.
“Tenemos que guardar esa secrecía, el sigilo de este tema; no podemos informar al respecto hasta en tanto se emita una resolución, y les comento que efectivamente estamos en esa etapa todavía de investigación y vamos a esperar. Se están allegando todavía algunos elementos, y en tanto no tengamos esa información podemos dar alguna información al respecto”, manifestó Rosa Cristina.
ZETA tuvo acceso parcial a la denuncia presentada, donde se enlista a la mayoría de los funcionarios públicos que actualmente están incluidos en el expediente en contra del gobernador de Baja California Sur y su esposa, la titular del SEDIF.
Entre los perfiles mencionados destacan alguno familiares directos, indirectos, políticos y sociales:
* Lauro Villa Plasencia, esposo de pariente consanguíneo de Víctor Manuel Castro Cosío, fue designado como director de Seguridad, Higiene e Inspección de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Baja California Sur.
*Fernando Fabián González Luévano, esposo de familiar consanguíneo del gobernador, fue nombrado como consejero jurídico del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
* Fernando Ojeda Aguilar, sobrino del ejecutivo, fue nombrado como subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
* Luis Antonio Ojeda Aguilar, también sobrino de Castro, fue designado como director de Administración del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur; su esposa, Kenia Geraldine Pozo, coordinadora de Zona y Secretaría Técnica del Colegio de Bachilleres.
*Ariadna Ibeth Castro Castro, sobrina del gobernador Víctor Castro Cosío (por parte de la hermana), fue nombrada auxiliar jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal.
* Adrián Larrañaga, yerno de Castro, fue designado director de Planeación de la Secretaría de Salud; y su compadre Jesús Omar Castro Cota, jefe de la Oficina del Ejecutivo.
TODOS SERÁN INVESTIGADOS A FONDO: CONTRALORA
Si existen dudas sobre la responsabilidad de Buendía Soto, la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, es la responsable de aperturar la famosa denuncia contra el ahijado del mismísimo gobernador Víctor Castro.
Según la carpeta de investigación LPZ-2329/2026, en contra del extitular de Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, Juan Ignacio Rivas González, le fueron asegurados vehículos de lujo que no estaban registrados por un valor superior a los 15 millones de pesos.
Durante las pesquisas, se hallaron más de 100 millones de pesos en depósitos no declarados por el ahijado de Víctor Castro; incluso la fuente del Gobierno Estatal expuso a este Semanario ZETA que “hay líneas de investigación que apuntan a lado de dinero”, pero que no pueden abordar el tema por el sigilo procesal.
Por otro lado, a pregunta expresa sobre la cantidad de funcionarios relacionados con el expediente de cohecho y contratación indebida, la contralora respondió sobre la cantidad de personas involucradas y el tiempo que duraría la investigación.
— ¿Pese a que es una misma denuncia, serían como 13 funcionarios relacionados con el expediente?
“Sí, se presenta efectivamente la denuncia y hay (varias) personas; a veces por eso es un poquito más tardada la investigación porque se requiere, porque a veces pudieran salir —en este caso— más de 10 personas involucradas y necesitamos integrar debidamente ese expediente”.
— ¿Comentaba que quizás, de manera preliminar, en dos meses ustedes pudieran tener ya una determinación o encontrar algún elemento, porque tienen que hacer un trabajo cruzado con distintas instituciones para poder dar fe de los hechos que se denuncian?
“Así es, estamos en eso; nos allegamos —como se los comentaba—, nos apoyamos de diferentes entes, atendiendo a los temas que estamos investigando, para apoyarnos solicitándoles información al respecto. Tenemos ahorita considerado alrededor de un par de meses que pudiera ya estar resuelta esta investigación”.
Buendía Soto fue clara al puntualizar que durante su gestión terminaron con el rezago en carpetas de investigación, y que la intención es culminar en 2027 con la mayoría de las quejas recibidas atendidas o por lo menos en estatus de investigación.
“Cuando nosotros llegamos aquí, encontramos cerca de tres mil asuntos sin atender; esos asuntos ya les dimos el trámite correspondiente. Ahorita no tenemos un rezago; estamos atendiendo cada una de las denuncias que presentaron en el momento en que nosotros tomamos posesión aquí en la ahora Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, le damos el cabal seguimiento a cada una de las denuncias que nos presentan”, concluyó la responsable de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
