El indicador de seguridad de RSF coloca a México más abajo que zonas de conflicto activo; diez periodistas asesinados bajo resguardo estatal evidencian fallas estructurales de protección.
La denuncia involucra además a otros servidores públicos de Sinaloa señalados en la investigación federal estadounidense, en un caso que ya generó reacciones del PAN, el PRI y la bancada de Morena.
La deuda de corto plazo de Sinaloa, en manos de Banorte, Santander y BBVA, quedó bajo escrutinio especial ante posibles restricciones al crédito comercial.
