Adela Navarro Bello

Uno de Morena, el otro del PRI, pero dos ex gobernadores con hartas sospechas de corrupción, se dicen ahora “perseguidos políticos”.

Ciertamente la prisión preventiva oficiosa establecida en la Constitución Mexicana ha sido motivo de denuncias internacionales.

Corte Interamericana impone la figura de mando civil. Casos Murillo Karam y Robles Berlanga remiten a los tiempos de la justicia mediatizada de García Luna

El comunicado de don Porfirio Muñoz Ledo, a estas alturas de los pocos ideólogos mexicanos, y además de izquierda, es tan corto como certero. Es, como él lo tituló, un “Llamado a restaurar la República”.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, ha guardado silencio ante la pregunta de por qué no fue el Comité Ejecutivo Nacional del partido, él mismo, quien presentara el recurso para la destitución de Bonilla. No lo hizo en su momento, y no lo hace ahora

“Así los militares se encargarán de llevar a cabo funciones de seguridad pública que son de eminente naturaleza civil, como la inteligencia antidrogas, la prevención policial de delitos, el combate al crimen organizado y el narcotráfico, acciones que, en estos momentos, fuerzas militares realizan solo a manera de coadyuvar con las autoridades civiles (…)”.

Pero es evidente que la Transparencia no es un tema de importancia para los legisladores de Baja California o para cualquier gobierno local, de hecho, es un tema al que como pueden y cada vez que les es posible, le sacan la vuelta.

“Pero vaya, con el alboroto de la elección interna de Morena, las elecciones estatales en el Estado de México y en Coahuila en el 2023, y la propia y adelantada sucesión presidencial que en Morena tiene un reguero de corcholatas, tener de nueva cuenta a Enrique Peña Nieto como el némesis de Morena, puede, como en el 2018, resultar redituable en términos político electorales”.

Ningún gobierno queda exento. En Baja California, tanto el del Estado como los ayuntamientos, y en el ámbito federal, ni hablar.

“Justifica que las investigaciones son por la negativa a aprobar una Reforma Eléctrica promovida por la Presidencia de la República, pero la realidad está en los registros públicos de la propiedad, estatales y federales, en las transacciones realizadas desde 2015 y hasta 2019, o en su declaración patrimonial de 2021”.