La canalización del Río Tijuana es una zona de once kilómetros de longitud que atraviesa el área más próspera de la ciudad. Desde la Presa Abelardo L. Rodríguez hasta el límite con Estados Unidos.
En la década de los ochenta y años atrás, era conocida como tierra de nadie. En su limítrofe con la Unión Americana, y sin los muros anti-migrantes, se apostaban mafias de polleros, tendederos de comida, comercios ilícitos, alrededor del tráfico de personas. Ni la Policía podía entrar a esa zona. Era un “pueblito” sin Ley.
Publicidad
Con la edificación de los muros por parte de Estados Unidos y la seguridad en la canalización, el ambiente fue cambiando, pero la criminalidad encontró ahí un nicho para la venta de droga al menudeo como negocio accesorio al tráfico de personas. A la fecha, impera el tráfico de drogas.
Ante la falta de mantenimiento por parte del Gobierno de la República, que tutela el paso del agua y la infraestructura a través de la Comisión Nacional del Agua, del Ayuntamiento de Tijuana -entidad responsable de la seguridad en esa zona y en la ciudad entera-, del Gobierno del Estado en la ausencia de investigación de los delitos que ahí ocurren, la canalización se fue poblando de crimen e inseguridad.
Por muchos años, indigentes, narcomenudistas, deportados, vivieron en hoyos en la creciente tierra y entre el follaje de las plantas salvajes que fueron creciendo. Más de mil personas convivieron en esa zona que mantuvo altos índices de violencia e inseguridad. Si un delincuente estaba huyendo, era el área seleccionada para esconderse.
Publicidad
Justo en la entrada de Tijuana, cuando se cruza la frontera desde Estados Unidos, el aspecto de la zona coincide con la inseguridad. Suciedad, hechizos incendios, picaderos, acumulación de basura y violencia.
Cuando fue alcalde de la ciudad, el doctor Jorge Astiazarán Orcí aprovechó una crecida del flujo en la canalización a partir de una temporada de lluvias, para entrar con la Policía Municipal y sacar a quienes ahí residían y delinquían. Unos fueron enviados a albergues, otros a sus estados de origen y unos más mudaron su deambular a otras áreas de Tijuana. El acuerdo del Municipio fue con los otros órdenes de gobierno, incluso el Ejército Mexicano patrulló y se instaló en los bordes de la canalización para evitar que los maleantes regresaran.
Como gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez invirtió en la limpieza del canal. Aun cuando lo hizo con una de sus empresas favoritas (más tarde le construiría sus oficinas), contribuyó al despeje de la zona para una mejor vigilancia.
Pero los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en la República, Marina del Pilar Ávila Olmeda en el Estado y Montserrat Caballero Ramírez en el Ayuntamiento, han abandonado la canalización, que de forma natural en el fenómeno delictivo, ha sido tomada por cárteles de la droga.
Tres mafias dominan los once kilómetros del canal: Cártel Arellano Félix, Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Cada uno tiene sus representantes criminales en la canalización y las células que manejan para delinquir, extorsionar, amenazar, asesinar y vender drogas.
Hace unas semanas, a partir del trágico, terrible asesinato del niño Kevin Yael, la canalización volvió a ser noticia. Una vez más, muerto el menor, los gobiernos propusieron varias acciones para la limpia, vigilancia y seguridad de la canalización, pero ninguno ha cumplido con su labor. A la distancia, el Gobierno de México se mantiene omiso, la gobernadora se fue de viaje a Europa y la alcaldesa dice que, por ser zona federal la canalización, no le corresponde a ella y no “arriesgará” a sus policías a entrar a una zona dominada por tres cárteles.
Cuánto despropósito hay en su idea, y cuánta falta de compromiso por parte de los tres órdenes de gobierno por controlar once kilómetros que están dejando en manos de las mafias.
Con la ausencia de patrullajes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano o Secretaría de Seguridad del Estado, la omisión por parte de la alcaldesa, una vez más, la canalización vuelve a ser tierra sin gobierno, tierra del narco. Una bomba latente de criminalidad, inseguridad y violencia, a la que todos los órdenes de gobierno contribuyen a su explosión.
Demasiada irresponsabilidad para tan corto y estrecho territorio.
