Las empresas bajacalifornianas atravesaron por dos difíciles momentos a partir de 2019. Uno, el abusivo bienio de Jaime Bonilla Valdez; dos, los estragos por las cuarentenas derivadas de la pandemia por la propagación de la COVID-19. No fue fácil salir adelante, considerando que hubo nulos apoyos por parte del Gobierno de la República, que sería el tercer factor en contra en tal periodo.
Bonilla emprendió una cruzada contra los empresarios, no sólo fueron ataques verbales, presiones y hostigamiento desde la esfera del poder local, lo cual en muchos casos resultó en la inhibición a la inversión, y en otros, la obstaculización del crecimiento; también hubo extorsiones directas a la construcción, particular y oficialmente, en el uso y consumo del agua.
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Con Fisamex, empresa por cierto aún no investigada por el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, como tampoco se ha indagado sobre el fin de los recursos millonarios obtenidos, Bonilla cobró descaradamente sumas millonarias por supuestos desfases de conexión o de uso del agua. Algunos empresarios recurrieron al amparo del impositivo y arbitrario cobro y han ganado, logrando recuperar el dinero entregado bajo presión a la administración bonillista, por cierto, observada por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en el uso de más de mil 200 millones de pesos.
Y cuando parecía que la pandemia quedaba atrás y finalizaba el gobierno de Bonilla, ¡zas!, que llega la inflación. Baja California registra una de las tasas más altas en ese sentido, anotándose un 10 por ciento de inflación al mes de septiembre. A eso súmele la recesión de Estados Unidos, registrada a partir del segundo trimestre de 2022 y que se espera se prolongue hasta el primer trimestre de 2023.
Siendo la californiana una de las fronteras más activas, la recesión estadounidense y la inflación propia afectan a las empresas en BC, al enfrentar un desacelere en el dinamismo económico binacional. No es, pues, un buen escenario para el crecimiento y la inversión, y aun con ese contexto adverso, la administración de Marina del Pilar incrementó impuestos y aumentó tarifas.
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Efectivamente, los más afectados con las imposiciones de Ávila Olmeda serán las pequeñas y medianas empresas que verán reflejados los incrementos tanto en el consumo del agua como en el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo, lo que restringirá su ya limitada capacidad financiera.
Los contribuyentes cautivos en Baja California deberán proveer más al gobierno a partir de este mes de noviembre, el incremento a la distribución del agua se verá reflejado de manera inmediata y el aumento a la sobretasa del ISPT en el mes siguiente. La gobernadora no sólo faltó a la promesa presidencial de los gobiernos de Morena de no incrementar impuestos, sino que falla a los gobernados al cobrarles más por el agua que difícilmente está en capacidad de hacerles llegar.
Como en la década de los ochenta, Baja California, particularmente la Zona Costa, atraviesa por un terrible desabasto de agua. Colonias en Tijuana, Rosarito e incluso Ensenada, llegan a permanecer días y acaso semanas sin agua, complicando la situación de salud y contaminación.
A pesar de los cobros excesivos y abusivos de Bonilla con Fisamex, de la “reingeniería” del gobierno de Ávila, la realidad es que la infraestructura para la distribución del agua no ha registrado grandes avances, ni ampliaciones o modificaciones. Ambos gobiernos (y el anterior de Francisco Vega de Lamadrid) se han dedicado a parchar los problemas de un sistema de distribución viejo, rebasado por la mancha urbana y el tiempo.
Marina del Pilar peleó incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la potestad de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, sólo para cargar con entidades que trabajan en números rojos y viendo como única solución el incremento del agua, sin ofrecer ni ella ni sus colaboradores en materia económica, hacendaria y de finanzas, alternativas para el desarrollo del Estado sin cargar al cargado, al contribuyente cautivo.
Lo mismo sucede con las empresas que a partir de ya, deberán pagar más impuesto, pues no se les garantiza más seguridad ni certeza jurídica, ni bienestar ni tranquilidad para el desarrollo de sus actividades. Lo recaudado por el incremento del impuesto, han dicho, irá para pagar una onerosa deuda que la gobernadora contrajo con una empresa de mala reputación, como es el caso de Seguritech, con la cual firmó un convenio por arriba de los mil millones de pesos, en la adquisición de equipo supuestamente para la seguridad y la vigilancia, pero que nadie conoce ni el origen, ni la capacidad o los beneficios, y por supuesto, mucho menos los costos del mismo.
De esta forma, por el camino de fácil acceso que representa el incremento de impuestos y de tarifas, el gobierno de Marina carga a los que ya de por sí están cargados de responsabilidades fiscales y sociales, sin ofrecer incentivos a cambio, nada, sólo cobrar más para sacar a una administración adelante, darle la posibilidad de cubrir o solicitar nuevos endeudamientos o reestructuraciones financieras.
Como que al Gobierno del Estado le hace falta más creatividad, compromiso y conciencia con toda empresa y negocio en pequeño que, a pesar del encarecimiento que agrava la actual administración y de la seguridad que no brinda en ningún sentido, perdura.
