Marina del Pilar Ávila Olmeda asestó el “uno-dos” a la sociedad bajacaliforniana y, en un “regalo” de fin de año, solicitó al Congreso del Estado reformar la Ley de Ingresos del actual ejercicio fiscal para plantear un incremento al precio de la tarifa de agua e imponer una nueva sobretasa en el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), a escasos dos meses de culminar 2022 para hacerse efectiva a partir de noviembre.
Sin dar explicaciones ni abrir espacio al debate con especialistas y representantes de la sociedad civil organizada, la titular del Poder Ejecutivo de Baja California dio la espalda a las promesas y acciones realizadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no crear ni aumentar los impuestos en el próximo ejercicio fiscal.
Con el argumento de que la recaudación extra será dirigida a la rehabilitación y construcción de infraestructura hídrica y seguridad pública, se presentó una serie de incrementos al consumo de agua para todos los usuarios que consuman más de 15 metros cúbicos de agua al mes, teniendo su principal impacto en los de uso no doméstico -es decir, comercial, industrial y demás-.
“En los últimos 30 años sólo se intentó sobrellevar la problemática, nunca se invirtió en proyecto de largo alcance que nos permitieran afrontar el desarrollo y crecimiento de Baja California, el dejar de atender el tema nos deja con una infraestructura del Estado, con un profundo deterioro, tanto la urgencia de dotar a la población como el tamaño de la inversión para resolver lo que se dejó en el olvido”, refirió la gobernadora al justificar la urgencia de una inversión que, estiman, requiere más de mil millones de dólares para estar en condiciones óptimas.
Representantes del sector empresarial y especialistas en el tema del agua, dudan del verdadero origen del incremento, y si bien, reconocen que se cuenta con una tarifa conveniente, consideran que el incremento del Poder Ejecutivo es “agresivo” y provocaría el impago por parte de la sociedad, además de que algunos sectores empresariales, como el restaurantero y hotelero, resentirán un fuerte impacto en sus finanzas.
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Según los secretarios de Hacienda y Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Marco Antonio Moreno Mexía y Armando Fernández Samaniego, el 75 por ciento de la población de la entidad no resentirá el impuesto, pero según datos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) disponibles en su página de internet, el promedio de consumo en ese municipio es precisamente de 15 metros cúbicos de agua al mes, mientras que en Mexicali es superior.
Alfonso Cortez Lara, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), dio a conocer que cuando se llevaron a cabo los estudios financieros para la autorización del conocido Crédito Japonés a las comisiones de agua, el consumo de los usuarios era el siguiente:
CESPE, 18.3 metros cúbicos (m3); CESPM, 24.7 m3; CESPTE, 21.6 m3; CESPT, 16.6 m3.
Es decir, todos los municipios superan el espectro planteado por los propios funcionarios para justificarlo.
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El dictamen que consta de 66 páginas define básicamente el motivo del incremento en ambos rubros y justifica que el incremento del ISPT recaudará 307 millones de pesos en los últimos dos meses del año y se utilizarán, en primera instancia, para cubrir necesidades relacionadas con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad
y de Contacto Ciudadano del Estado, es decir, gastos derivados del contrato con la empresa Seguritech Privada mediante el proyecto C5i, los cuales fueron calificados como “corruptos” e “inflados” por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su reciente visita a Mexicali.
Respecto al tema, Alberto Sánchez Torres, titular de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Mexicali, aseveró que este golpe será demoledor para la iniciativa privada, la cual deberá pagar más por la mano de obra que requiere para su actividad diaria, lo cual vuelve prácticamente imposible generar un aumento salarial de cara a 2023.
Mientras que para Octavio Sandoval López, quien preside la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), resulta injusto que el Gobierno del Estado pretenda cargar esa responsabilidad a los ciudadanos, y al igual que Sánchez Torres, considera que el producto final tendrá repercusiones importantes que pagará el trabajador.
En el mismo sentido se refirió al tema del agua, donde el sector empresarial considera que los incrementos deberían ser para todos los sectores y no de una forma tan desmedida para la IP. Sánchez Torres agregó que estos aumentos serán independientes a los originados por la inflación, pues cada mes tiene un incremento directamente proporcional.
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INCREMENTO AGRESIVO: EL COLEF
Aunque Alfonso Cortez Lara, especialista de El Colef, no ve con malos ojos un incremento al cobro de agua, considera que lo planteado por el Poder Ejecutivo es muy agresivo para la ciudadanía en general.
En su opinión, el estudio plasmado por el actual gobierno es falso, puesto que los análisis realizados partiendo de los datos oficiales de las comisiones de agua, establecen que la mayoría de los usuarios se encuentran en el espectro de 15 a 25 metros cúbicos de agua al mes.
Partiendo de tal premisa, “para Mexicali, si la tarifa pasó de 7.23 a 10.52 por metro cúbico en el segmento de 15 a 25 metros de consumo, el incremento fue de 45 por ciento, de 7 a 10 son 45%de incremento; en Ensenada, en ese mismo segmento pasa de 41.60 a 67.44 por metro cúbico, el incremento es del 63%; Tijuana y Rosarito pasan de 45.14 pesos por metro cúbico, de 20 a 25 metros cúbicos a 59.70, es decir, 33%. Entonces, de todas maneras los tres que acabo de mencionar son comparativos y mucho más altos que el 10%, y habría que ver cuál es el razonamiento detrás de esto”, observó.
A su juicio, la atención al tema del agua del actual gobierno es exclusivamente con una visión económica o empresarial y no para garantizar las condiciones que se tienen de agua, puesto que el problema no es sólo la infraestructura, sino el consumo y las reducciones que se han generado por parte de Estados Unidos a México.
“Una es que trates de compensar o cubrir tus costos de operación del servicio, pero también la economía del agua e inversiones, una tarifa lo que busca en este caso, supuestamente, es reducir el consumo, para mí ésta sería la parte más importante, costos fijos y de operación siempre habrá, pero debemos ver cómo el incremento de una tarifa debe ir directamente a cambiar la forma en que se consume el agua”, refirió el especialista.
Y advirtió, este tipo de acciones incentivará a que la sociedad pague menos el servicio de agua.
El maestro Iván Martínez Zazueta, especialista en temas de energía y agua, coincidió en que las cifras expuestas por la administración estatal discrepan de la realidad y aseguró que los impactos se generarán hacia los que menos tienen.
Afirmó que el gobierno continúa con su idea de incentivar las plantas desalinizadoras en la Zona Costa como una medida para garantizar el agua, cuando resulta una de las opciones más caras para hacerlo, por lo que los ensenadenses -principalmente- tendrán otro incremento en el cobro cuando ésta sea su fuente principal.
De acuerdo con Martínez Zazueta, si bien el planteamiento de la gobernadora no es una “Ley de Agua” como la de Francisco Vega de Lamadrid, en la cual se planteaba un incremento generalizado del 20% y abría la puerta a concesionar el servicio de agua, la realidad es que los incrementos por sí solos no forman parte de una visión integral para el mejor uso del recurso hídrico.
En el mismo sentido, recriminó que el Gobierno del Estado asegura que el precio del agua no ha incrementado, pero la realidad es que el ajuste tarifario se da conforme a la propia inflación, por lo que realmente no ha dejado de incrementar el precio. Esto quiere decir que además de recibir el impacto habitual, se impondrá un nuevo incremento.
Cortez Lara indicó que BC y toda la región se encuentran en un periodo más allá de la sequía extrema, sino que se trasladó a un nuevo concepto llamado “mega sequía”, derivado de la falta de humedad, por lo que más allá del incremento de costos, se debe plantear todo un esquema para volver más eficiente el uso del agua.
Entre los proyectos que estimó necesarios, se encuentra la rehabilitación del acueducto e inyectar recursos a la Mesa Arenosa -de donde se obtiene el agua para Zona Costa-, puesto que de los más de 60 pozos que existen, sólo operan 50 y no lo hacen a su máxima capacidad, por lo que antes de explorar la desalinización, se deberían encontrar mecanismos más eficientes para la distribución y consumo de agua.
De hecho, dijo, gracias al Crédito Japonés se lograron construir redes de gran tamaño de tuberías en diversas zonas de BC, pero nunca se conectaron con las comunidades, por lo que -a su juicio- existe mucha infraestructura de gran calado que se encuentra desperdiciada por falta de inversiones pequeñas.
