El Congreso de Baja California aprobó la Cuenta Pública 2024 del IMOS pese a irregularidades contables y observaciones de la Auditoría Superior. En la sesión, también quedó pendiente la reforma al TEJA, cuestionada por Coparmex Mexicali ante falta de consulta pública.
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Con diez votos a favor y seis en contra, el pleno del Congreso de Baja California aprobó la Cuenta Pública 2024 del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), pese a diversas irregularidades relacionadas con contabilidad de gastos que fueron detectadas por la Auditoría Superior del Estado.
El diputado del PRI, Humberto Valle Ballesteros, señaló “opacidad” sobre los 294 millones de gasto y recurso derivado de derechos vehiculares pagados por el contribuyente. “No existe un control sobre el cobro de las grúas, de las multas”, declaró.
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El dictamen 268 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que se propone aprobar una Cuenta cuyas conciliaciones bancarias de diciembre “no han sido entregadas”.
“Hablar del Instituto de Movilidad es hablar de una increíble deuda para los bajacalifornianos, con un transporte público además deficiente y con un representante, un director que no se digna a reconocer la realidad, ni a dar la cara, ni asumir su responsabilidad”, dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba.
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En la Cuenta Pública del IMOS no ha terminado de definir cuestiones contables, que realmente sean certeras y que nos den la información de dónde se encuentran muchos millones de pesos.
“Traen unos bonos por gratificaciones de fin de año donde se observan errores y los montos van de cerca de los 5 millones de pesos”, expuso y pidió que la Cuenta fuera regresada para analizarla y cuestionar sobre ella al director del IMOS, Jorge Gutiérrez Topete.
La diputada del Partido Acción Nacional, Yolanda Gaona lamentó la administración que está llevándose a cabo en el IMOS, ya que sus egresos superaron por 18.2 millones de pesos sus ingresos al presentar un gasto devengado por 294 millones.
Ninguno de los legisladores de Morena y partidos afines que votaron a favor del dictamen defendió la gestión de Gutiérrez Topete al frente del IMOS.
Según el dictamen, el IMOS le pagó a un proveedor de placas de automóvil el 14 de mayo de 2025; prácticamente cinco meses después de haber registrado el gasto sin contar con la factura correspondiente e incumpliendo con el contrato suscrito el 10 de diciembre de 2024, en el que se establece en la cláusula cuarta que “el pago se efectuará previa entrega de la factura respectiva emitida una vez que todos los bienes requeridos, asimismo debe contener los requisitos fiscales, el cual no podrá exceder de 30 días naturales”.
El IMOS tampoco retuvo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme a las disposiciones fiscales en los pagos efectuados por el concepto de gratificación de fin de año y finiquitos, por montos de 6.9 millones y 453 mil 981 pesos, respectivamente.
La sesión de este jueves 5 de noviembre de 2026 fue suspendida para tomar un receso, que primero se estimó de media hora, pero que al final se prolongó hasta mañana. Entre los dictámenes que faltan por votarse se encuentra el que reforma la Constitución y la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA)
Por la mañana, la Coparmex de Mexicali que preside Ernesto García Manjarrez llamó al Congreso del estado a valorar el diferimiento y votación del Dictamen 119, con el fin de abrir espacios de consulta y análisis sobre los cambios planteados.
El sindicato patronal expresó su preocupación por la reforma al señalar que ésta “impacta aspectos relevantes en la integración y funcionamiento del TEJA”; el órgano encargado de resolver controversias entre particulares y autoridades públicas, revisar sanciones administrativas y conocer asuntos relacionados con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Recriminó que no se hayan hecho análisis suficientes y consultas sobre los cambios propuestos en el Dictamen 119 con colegios de abogados, universidades, especialistas en derecho administrativo, organismos empresariales y otros actores de la sociedad , aun cuando “este tipo de cambios merecen una discusión pública amplia, plural e informada”.
De igual forma -se pronunció- porque se hagan públicos los análisis técnicos, financieros y presupuestarios que sustentan la reforma, a fin de que la ciudadanía pueda conocer y evaluar plenamente sus alcances e impactos de largo plazo.
