El 21 de octubre de 2026, un tribunal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte sentenció a nueve años de prisión a Shu Jun Zhen, de 31 años y residente de Nueva York, por su participación en una organización china de lavado de dinero (CMLO, por sus siglas en inglés) que lavó más de 92 millones de dólares, entre ellos ganancias de la importación y distribución de drogas ilegales hacia Estados Unidos, principalmente a través de México. El fallo también le ordenó el decomiso de casi 23 millones de dólares.
Según documentos judiciales, Zhen operaba como mensajera de la organización. Recolectaba ganancias del narcotráfico entregadas por traficantes radicados en Estados Unidos y depositaba el dinero, con identidades reales y falsas, en cuentas bancarias de empresas fachada registradas por otros integrantes de la CMLO. Como mensajera, recogió y depositó personalmente alrededor de 23 millones de dólares en efectivo de procedencia ilícita.
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En julio de 2025, Zhen se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero, uno de lavado de dinero para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias ilícitas, y uno de realizar una transacción monetaria superior a 10 mil dólares con bienes derivados de actividades delictivas. Admitió que sabía que los fondos lavados incluían recursos del narcotráfico.
Se trata de la segunda persona de esta organización que recibe una condena de esa magnitud, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés).
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“Los lavadores de dinero ayudan a los narcotraficantes a evadir la ley moviendo y ocultando sus ganancias, por lo que es fundamental que los investiguemos y procesemos”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del DOJ. “Las redes chinas de lavado de dinero no son periféricas al narcotráfico: son esenciales para su supervivencia”.
Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, afirmó que la condena recayó en una persona que “lavó ganancias del narcotráfico y canalizó dinero de regreso a estas organizaciones criminales transnacionales”, por un monto superior a 90 millones de dólares en menos de dos años.
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La investigación estuvo a cargo de la oficina de Charlotte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la oficina de Charlotte de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés), con apoyo de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte. Durante el caso, las autoridades incautaron alrededor de 670 mil dólares en efectivo y 12 armas de fuego a una organización de narcotráfico que utilizaba los servicios de lavado de la CMLO.
Michael J. Connolly, agente especial a cargo interino de la división de Atlanta de la DEA, atribuyó el resultado a la coordinación entre corporaciones. Donald “Trey” Eakins, agente especial a cargo de la oficina de Charlotte del IRS-CI, sostuvo que las organizaciones de lavado permiten que las ganancias ilegales sean movidas, ocultadas y reinvertidas.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida mediante la orden ejecutiva 14159, dedicada a desarticular cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos. La acusación está a cargo de los abogados litigantes Jayce Born y Kenneth Kaplan, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF, por sus siglas en inglés) de la División Criminal, y de los fiscales federales auxiliares Nick Miller y Seth Johnson.
