Tres ciudadanos mexicanos fueron extraditados de Costa Rica a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos federales por presuntamente transportar cocaína y conspirar para distribuirla a bordo de una embarcación con bandera estadounidense, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).
Miguel Ángel Campos-Barragán, Giovanni Vidrio-López y Eustaquio Espinosa-Hernández comparecieron, el 19 de octubre de 2026, ante un tribunal federal en Milwaukee, Wisconsin, que ordenó mantenerlos detenidos mientras avanza el proceso judicial. Los tres fueron acusados formalmente en mayo de 2025.
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El caso se remonta al 15 de abril de 2025, cuando autoridades costarricenses interceptaron el yate My Lisa Too cerca de Quepos, en la costa del Pacífico de Costa Rica. Durante la inspección localizaron aproximadamente 840 kilogramos de cocaína ocultos en compartimentos de la embarcación y detuvieron a los tres tripulantes.
Según la acusación presentada en Estados Unidos, los tres presuntamente participaron en una conspiración para poseer al menos cinco kilogramos de cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación estadounidense. Un segundo cargo les atribuye la posesión de esa cantidad con fines de distribución el día de la intercepción.
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La extradición se concretó tras un procedimiento judicial en Costa Rica. El Ministerio Público de ese país informó que la entrega quedó firme en junio de 2026, después de que la defensa apeló la decisión, y que las autoridades costarricenses coordinaron el traslado con sus contrapartes estadounidenses.
En la investigación participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y autoridades de ambos países. El DOJ señaló que el caso forma parte de las operaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una iniciativa interinstitucional dirigida contra redes criminales y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Los tres mexicanos se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
