El Poder Judicial de la Federación asestó un revés al empresario Roberto Blanco Cantú, alias el Señor de los Buques, al negarle la protección de la justicia contra la orden de aprehensión emitida en su contra por su presunta jefatura en una red de contrabando de combustibles.
La sentencia del 30 de septiembre de 2026, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, confirmó la validez del mandato de captura emitido por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano.
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El juicio de amparo fue iniciado originalmente en agosto de 2025 ante un juzgado de Monterrey, pero la competencia fue enviada a la entidad mexiquense por ser el lugar donde se libró el mandamiento judicial que busca llevar al imputado ante los tribunales.
Las investigaciones ministeriales de la Fiscalía General de la República ubican a Blanco Cantú como el autor intelectual de un esquema de huachicol fiscal que afectó el erario público.
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La organización ingresaba al país diésel y gasolina traídos en buque-tanques desde puertos de Estados Unidos hacia terminales de Tamaulipas y Baja California.
Para eludir el cobro de aranceles y gravámenes especiales, los embarques eran registrados con pedimentos apócrifos que declaraban la carga como aditivos para aceites lubricantes o resinas, productos exentos de los tributos aplicables a los carburantes.
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Dictámenes químicos practicados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a las muestras tomadas confirmaron que las sustancias incautadas correspondían en realidad a diésel automotriz y gasolina.
La red operativa quedó expuesta tras intervenciones federales efectuadas en marzo de 2025.
En el puerto de Tampico las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon con 10 millones de litros de diésel no declarados.
Simultáneamente, en un predio de El Sauzal de Rodríguez, en Ensenada, se decomisaron 8 millones de litros de combustible y una flotilla de autotanques pertenecientes a las empresas Mefra Fletes y Autolíneas Roca, firmas de las que el imputado figura como operador y representante legal.
Cateos posteriores en inmuebles de acopio permitieron el aseguramiento de 235 tanques metálicos y semirremolques con millones de litros de hidrocarburos sin documentación de procedencia legal, además de confirmarse denuncias sobre la llegada de armamento oculto en las embarcaciones.
La dinámica delictiva dependía de una red de corrupción oficial integrada por empleados aduaneros y mandos de la Secretaría de Marina.
Testimonios ministeriales señalan que la organización pagaba cuotas fijas de un millón 750 mil pesos por cada buque al que se le permitía descargar sin revisiones reales.
El traslado terrestre hacia gasolineras contaba con el resguardo de grupos del crimen organizado como el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que las ganancias eran blanqueadas mediante una estructura de 555 empresas factureras investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
En la resolución del juicio de amparo, el juez de distrito concluyó que la orden de aprehensión se encuentra fundada debido al riesgo inminente de evasión de la justicia, sustentado en la capacidad económica del investigado, el uso de corporaciones fachada y el abandono de sus domicilios operativos en Monterrey tras la detención de su socio Héctor Manuel Portales Ávila.
Roberto Blanco Cantú se mantiene en calidad de prófugo, presumiblemente oculto en territorio estadounidense por contar con la doble nacionalidad, mientras las autoridades federales continúan con el rastreo de sus bienes y la desarticulación de su estructura corporativa.
