Con patrullas rotuladas, presumiendo sus radios, uniforme y arma de fuego, así se presentan descaradamente los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) Subdelegación Mexicali, para extorsionar comerciantes de diversos giros.
Propietarios de negocios sobre ruedas, llanteras, comercios de venta de ropa y demás giros, han sido acosados desde el pasado mes de julio en Mexicali, por individuos que se identifican como agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes exigen dinero por dejarlos trabajar. La amenaza no se dirige a una irregularidad o un delito por el que soliciten un soborno, sino por el simple hecho de quitarles su dinero, lo que evidentemente encuadra perfectamente en un cobro de piso.
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El pasado domingo 4 de octubre, este Semanario documentó el caso de Joel, un comerciante y ciudadano estadounidense que reside parcialmente en Mexicali, el cual fue amenazado de muerte por agentes federales que lo intervinieron cuando se encontraba en su negocio. Tras denunciar el hecho en la edición digital, otros comerciantes que pidieron el anonimato se acercaron a contar sus historias, mismas que tienen similitudes y en las cuales identificaron a sus victimarios, mediante el uso de cámaras de vigilancia y grabación de llamadas telefónicas.
Al menos cuatro casos fueron documentados por este Semanario, pero se presume que son más, en los cuales se utiliza un esquema antiguo de “madrinas” que señalan a posibles negocios a quienes pueden extorsionar.
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Las amenazas van desde sembrarles algo ilegal como droga o armas; “reventarles” sus negocios en busca de irregularidades y hasta asesinarlos, si no responden a las demandas de entre 10 a 20 mil dólares, con cuotas mensuales cobradas directamente en los negocios a nombre del jefe.
A pesar de que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reservó la información de todo el personal de la FGR, se pudo documentar que el comienzo del cobro de piso comenzó con la llegada del nuevo Comandante de la FGR, David Martínez Ortiz, y de su suboficial identificado como Sergio Carrera/Cuadros, de los cuales uno fue identificado por varias víctimas como el hombre que llegó a los comercios a amedrentar y cobrar las “cuotas” por trabajar.
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LA HISTORIA DE JOEL
El reloj rondaba las siete de la mañana aquel domingo 4 de octubre. Como cada fin de semana, Joel y su familia se encontraban en su bazar, ubicado en la colonia Independencia de Mexicali, instalando mesas y cajas donde resguardan sus productos para la venta del día, una actividad muy común en esa longeva comunidad donde abundan negocios de comida, así como sobre ruedas, llanteras, boutiques y demás.
Mientras se preparaban para la venta, dos vehículos tipo pick up, de la marca Dodge Ram, uno gris y otro blanco con logos de la Policía Federal Ministerial y la FGR, transitaron a manera de convoy por la vialidad hasta pasar frente al negocio. La víctima no se percató, pero las dos unidades dieron vuelta para volver a pasar por dicho comercio.
Esta vez, las unidades tipo patrulla se colocaron frente al comercio, para lo que el copiloto preguntó, sin salir del vehículo: “¿Quién es el dueño?”, a lo que Joel asintió y se acercó extrañado.
El mismo copiloto, a quien describió como un hombre de 50 años, de tez morena y cabello canoso, le pidió toda la documentación de los productos de su venta. Joel, confiado, regresó a su negocio y tomó cada uno de los documentos de importación y recibos de compra en Estados Unidos de cada producto en su bazar. Pagos de impuestos, documentos del SAT y hasta el sitio específico de compra, todo se encontraba en orden, a lo que le refirió “no es suficiente”.
El presunto agente le pidió moverse unos metros lejos de su comercio para conversar. Fue entonces que le pasaron una llamada telefónica en la que hablaba “su jefe” y donde le informó que, a partir de ese momento, para poder ejercer su oficio tendría que pagar una cuota y que de lo contrario lo sembrarían, le cerrarían el negocio y hasta podrían llegar a matarlo.
La llamada telefónica cruzaba entre Joel y los tripulantes de la unidad.
“Me dijo que tenía dos horas para darle 10 mil dólares como un comienzo, que si yo denunciaba ante las autoridades, que ellos tenían oídos en todos lados, y yo soy ciudadano y aunque yo me fuera me iban a seguir y que me iban a matar”, recordó consternado debido a que durante todo el tiempo que ha trabajado jamás había recibido una amenaza de esta magnitud.
Asustado, Joel les dio su número de teléfono para mantener el contacto, con la advertencia de que le llamarían en dos horas para recoger el dinero.
“Me dio miedo por mi familia, por mi esposa y mi hija; me estuvieron pasando el teléfono una y otra vez, me pidieron que les diera mi número de teléfono. Una media hora después se contactaron por teléfono, obtuve todas las llamadas, y que por tener mis locales iba a pagar una cuota y por cada cruce también, y pues les dije que era irreal, que mi negocio no daba para tanto”, refirió Joel, notablemente afectado.
Durante esas horas, Joel cerró su negocio y se vio obligado a salir por una puerta trasera, bajo la supervisión de sus vecinos. Pasado el plazo, los criminales comenzaron a llamar a través de un número telefónico local (686) 946-37-69, que, según el rastreo realizado por este Semanario, está ligado a una persona de nombre José Nicolás González Quintero, residente del fraccionamiento Quintas del Rey, además de relacionarlo con dos negocios (hoy cerrados) dedicados al ramo del bordado de playeras y gorras, de nombres BECATA y Distribuidora de El Rey, ubicadas al Sur de la ciudad.
Tres llamadas fueron grabadas por la víctima donde advertencias de consecuencias sí no entregaban el dinero:
Víctima (V): “Bueno”.
Extorsionador (E): “Viejo, me manda a decir el jefe que tú habías quedado muy formal en entregar eso”.
V: “Yo les dije, si lo quieres comunicar, les dije que iba a tratar de conseguir; pensé en empeñar mi carro, venderlo, yo no tengo esas cantidades, yo no estoy haciendo nada ilícito”.
E: “Te vuelvo a repetir, de aquí en fuera ya lo que tú decidas, me manda a decir el jefe que tú te comprometiste a dar eso. Si lo vas a dar, dime que sí, cuánto ocupas; y sí no, dímelo”.
V: “Créemelo, trato de buscar el dinero”.
E: “Y si no, te lo voy a transmitir, si no lo vas a dar y lo vas a hacer así, que te vayas a la verga y dejes tu negocio. Tú sabes lo que haces, nomás tenme una respuesta; y si no, así literal como te lo dije, ya conmigo no vas a hablar, nomás para que sepas, ¿ok?, si tú quedaste en algo”.
V: “Tienes que esperarte”.
E: “Yo nomás te paso la información, si no, te vas a la verga y cierras tu negocio”.
Durante toda la tarde estuvieron intentando localizar a Joel, pero luego de varias amenazas decidió dejar de contestar tanto llamadas como mensajes de WhatsApp que le fueron enviados.
Joel reportó el hecho al 911, llamada que quedó asentada con el número 3255265 de Mexicali, para después presentar una denuncia ante la FGE, quienes —aseguró— le han pedido más datos sobre su negocio que sobre los responsables.
MÁS VÍCTIMAS
ZETA logró documentar al menos otros tres casos de comerciantes de diversos giros, que han sido afectados por el mismo grupo de agentes federales. El número de teléfono es el mismo con el que llaman, y tanto las cuotas como advertencias van en el mismo sentido.
Desde sembrar algún objeto ilegal para procesarlos hasta quitarles la vida, son las medidas utilizadas para amedrentar.
En uno de los casos, los criminales uniformados exigieron a comercios entre 10 y 15 mil dólares como una cuota de entrada, además de solicitarle un pago mensual de dos mil dólares a cambio de no intervenirlos o afectarlos.
No importa el giro del negocio, pues llanteras, tiendas de ropa y otros giros, son los frecuentados por los agentes federales que amedrentan a los propietarios. No les preocupan cámaras de vigilancia, las acciones intimidatorias las realizan a plena luz del día y sin medida preventiva alguna.
Dos de los comerciantes identificaron claramente a uno de los implicados mediante la presentación de la imagen de uno de los agentes federales que lo identifican como Sergio Carrera o Cuadros, un hombre de alrededor de 50 años, canoso y de tez morena, como lo describió Joel.
Este individuo fue captado y reconocido por las víctimas como un suboficial de la Policía Federal Ministerial, hombre cercano a David Martínez Ortíz, actual comandante de la FGR, y que está relacionado con dos madrinas de apellidos Robledo.
Comerciantes han referido que los criminales les han quitado hasta 20 mil dólares, entre la cuota de entrada y las mensualidades.
“No se vale trabajar para otro”, dijo enojado uno de los comerciantes consultados por ZETA, quien aseveró que varios de los empresarios de su giro ya han conversado entre ellos sobre el acoso de estos agentes.
Todos refieren que cuentan con cámaras de vigilancia y evidencia de los momentos en que llegaron a sus negocios para exigir la fuerte suma de dinero. También coinciden en que los acentos, al menos los del primer contacto, son de personas originarias de otras entidades. Sin embargo, las llamadas son realizadas desde un teléfono local, por lo que se presume que luego del primer contacto por parte de los agentes, los cómplices locales continúan con el acoso hasta conseguir los montos a pagar.
Cabe señalar que estas acusaciones se hacen una semana después que la Fiscalía General del Estado (FGE) anunciara mediante un comunicado de prensa que el 98 por ciento de los casos de extorsión concluyen con resultados efectivos, y que se ha logrado desarticular a casi 50 bandas dedicadas a este delito desde el inicio de la Campaña Contra la Extorsión promovida por el Gobierno de México.
