La defensa jurídica del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentó una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, motivada por la falta de atención médica e insumos farmacéuticos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano.
La solicitud promovida el 7 de octubre de 2026 señala como autoridad responsable al director de dicho recinto penitenciario en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, reclamos que quedaron radicados en el expediente 1200/2026.
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En la demanda, el abogado del imputado solicitó la intervención judicial frente a la presunta omisión de las autoridades carcelarias de suministrarle medicamentos, brindar el tratamiento integral correspondiente a sus padecimientos y ordenar su traslado a una institución hospitalaria pública que disponga de la infraestructura y especialistas requeridos para su valoración.
De igual forma, el escrito reclama la negativa de entregar copia del expediente clínico y la documentación médica acumulada durante su reclusión.
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Para respaldar la petición, la defensa expuso que el exmandatario presenta dolor intenso en la columna vertebral, inflamación y molestias al orinar, estados febriles, escalofríos, dolor lumbar y abdominal, así como dificultades físicas para desplazarse de pie.
Asimismo, el reporte asentado en la solicitud refiere problemas respiratorios, despertares nocturnos con sensación de ahogo, mareos y debilidad general, cuadro de salud agravado por su edad avanzada y el diagnóstico previo de enfermedades crónico degenerativas como diabetes mellitus e hipertensión arterial.
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Tras analizar los hechos expuestos, la autoridad jurisdiccional concedió la suspensión de oficio y de plano al considerar que la falta de asistencia médica especializada compromete la vida, la dignidad e integridad personal del recluso, situación que podría derivar en actos equivalentes a tormento o malos tratos.
Ante tal determinación, el juzgado previno a las autoridades penitenciarias para que en un plazo de veinticuatro horas informen sobre el cumplimiento dado a la medida cautelar y remitan las constancias que acrediten la atención brindada.
Aguirre Rivero se encuentra privado de la libertad en el penal del Altiplano desde el 6 de agosto de este mismo año, cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra como parte de las investigaciones sobre la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acontecida entre el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
El 12 de agosto reciente, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del exmandatario por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas, en la hipótesis de que un servidor público estatal ocultó y destruyó evidencias.
De acuerdo con las indagatorias federales, el sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala registró el momento en que un grupo de normalistas que transitaba a bordo de un autobús fue obligado a descender para ser abordado en otra unidad custodiada por hombres armados.
El material grabado fue descargado en un disco compacto y entregado personalmente a Aguirre Rivero, quien presuntamente ordenó la destrucción de dicha prueba y de otros elementos vinculados al caso.
Por este mismo expediente relativo a la pérdida de videograbaciones, en mayo de dos mil veinticinco fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.
Aguirre Rivero se desempeñó como gobernador de Guerrero del 1 de abril de 2011 al 23 de octubre de 2014, fecha en que dimitió tras el descontento social generado por los hechos ocurridos en Iguala.
