Van seis semanas de fiscalización sobre el Centro de Rehabilitación Jireh El Señor Proveerá Asociación Civil, que el 28 de abril de 2026 recibió 7.2 millones de pesos de la administración del alcalde con licencia Ismael Burgueño, para subsidiar 300 becas de ocho mil pesos mensuales para 300 pacientes que deberían atender por la adicción a las drogas.
Desde mediados de julio se cumplió el plazo y, desde entonces, Sindicatura de Tijuana solicitó los expedientes y comprobantes del cumplimiento de la meta, pero Gerardo Alexis Molina Lugo, el responsable del Centro Jireh, no ha logrado demostrar a cabalidad el buen uso de los recursos públicos.
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“Su servidora el día 13 de julio, desde mucho antes que sucedieran estos hechos, ya le había solicitado a Centro Jireh, que le enviara la información respecto al padrón de beneficiarios, registro general del seguimiento y atención de las 300 personas proyectadas, informe de avance físico y social, detalle de los servicios de rehabilitación, acompañamiento psicosocial y atención médica que se ha brindado, así como un informe financiero con relación al estado del ejercicio del gasto del monto otorgado para los fines autorizados”, explicó la Síndica Teresita Balderas a pregunta de ZETA.
Balderas reiteró que la rendición de cuentas la exigió antes de cualquier polémica por la que atraviesa Jireh. “A mí me lo recibieron el 13 de julio, Marco Antonio Solano, el auxiliar administrativo de la clínica”, respondió.
“Ahorita de gente de calle y becados hay mínimo unos 600 o 700 personas. Yo por eso le digo los invito a que hagan el número exacto ustedes a las clínicas. Tienen las puertas abiertas”, respondió Alexis Molina, sobre una supuesta apertura para los medios de comunicación a visitar y conocer las cinco sucursales de Jireh.
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“Si uno de esos no cumpliese los tres meses, si solo cumplió un mes pues se regresa ese recurso”, explicó el secretario Pedro Montejo Peterson en conferencia de prensa a la que excluyó a ZETA, pese a ser el medio de comunicación que ha cuestionado sobre la auditoría a Jireh.
Peterson explicó que los administrativos de Jireh “mandaron con su ficha y con su CURP con cada uno de los 300 que beneficiaron y Sindicatura pidió mayor información”, por lo que la auditoría continúa para acreditar el buen uso del millonario recurso de Fondos Tijuana entregado en abril por el alcalde con licencia, Ismael Burgueño.
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“Como todo proyecto que se presenta a la SEDETI, nosotros, una vez que se ejerza y ellos tengan el tiempo para comprobación, nosotros en empezamos a hacer las solicitudes correspondientes. Todavía están dentro del tiempo para comprobar el recurso”, refutó la Síndica Balderas.
Pero Jireh confía en que el recurso pudiera ser revolverte, pues parte de la atención es la manutención de las cinco sucursales. “Las casas no son mías. Pago servicios de agua, pago servicios de luz, compro comida. O sea, se mantiene, pues…”, expresó Alexis. “8 mil 500 dólares de renta pagamos en cada casa para los que piensan”, afirmó Sandra Meléndez, responsable del Centro Jireh para mujeres.
Autoridades investigan y suspenden sucursal Jireh tras muerte de interno
Hay versiones encontradas sobre el homicidio de Richard Damián Pimentel registrado el 21 de agosto de 2026. Pese a que hay dos internos del Centro de Rehabilitación Jireh Ejido Matamoros vinculados a proceso por el presunto homicidio, el representante legal de los centros conocidos “Patrulla Espiritual”, Gerardo Alexis Molina Lugo aseguró que no hubo golpes y que los videos ya fueron entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE); versión que contrasta con los hechos científicos forenses en los que se advierte que la víctima recibió más de 38 lesiones y fue asfixiado con un colchón.
En la audiencia inicial se expuso la mecánica en la que Anthony N golpeó a Richard; Antonio lo sometió ante un colchón hasta asfixiarlo. Alexis Molina, alias “el Padrino” y Sandra Meléndez, alias “la Madrina” del Centro Jireh fueron insistentes en negar los hechos en entrevista exclusiva con ZETA.
“No, aquí no hubo golpes. Nunca hubo golpes…”, respondió Alexis. “No, es que ahí están las cámaras. El muchacho venía, venía mal”, replicó Sandra.
“Nunca hubo golpes, jamás hubo la persona golpeada. Nunca hubo golpes, yo tengo las cámaras, las cámaras ya se entregaron… Pues es que las personas vienen de la calle, vienen de consumo, vienen de andar en la calle. Tenía un día y medio que llegó el muchacho”, explicó Alexis.
Tras la muerte del interno y 14 días después, 4 de septiembre, se realizó un operativo de revisión en la clínica ubicada en Ejido Mariano Matamoros y en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, IPEBC y la COEPRIS.
Como resultado de la verificación sanitaria, alrededor de las 20:00 horas, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) documentó incumplimientos a la normatividad aplicable y determinó la suspensión temporal de sus actividades.
“Durante la verificación se identificaron deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas”, señaló en un comunicado el gobierno estatal.
Cabe destacar que en la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar que contaba con el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
Causa de muerte sofocación
Miguel Ángel Guerrero, fiscal regional en Tijuana de la Fiscalía General del Estado declaró a ZETA que luego de la necropsia practicada por especialistas en SEMEFO “determinan que la causa de la muerte del interno fue una sofocación”.
Ante la noticia del fallecimiento “es ahí cuando ya se activa un protocolo, ya un homicidio doloso y es donde se regresó al lugar de los hechos a efecto de recabar ese colchón. ¿Qué encontramos en ese colchón? Sangre y saliva de que la víctima estuvo boca abajo acostado cuando ya había fallecido”, explicó el fiscal Guerrero.
“Se hicieron los cotejos correspondientes, resulta positivo a la sangre del occiso y es cuando ya no habiendo más pruebas que realizar, no se asegura la clínica”, puntualizó.
Carecen de personal capacitado
Richard Damián llevaba tres meses internado en el Centro Jireh y era cuidado por sus mismos compañeros, lo que pone en evidencia la carencia de personal capacitado para contener crisis y vigilar las condiciones médicas y emocionales de los pacientes.
“Eran compañeros de él, pero tenemos que salir”, dijo Sandra para yo no continuar con el tema.
Mientras que Alexis confesó a ZETA que la atención médica que reciben sus internos es de dos horas por sucursal. En Mariano Matamoros tenía 84 internos el día del operativo para suspender el inmueble el 4 de septiembre de 2026, lo que representa darle atención de dos minutos por paciente en cada visita del médico. Incluso reconoció que la atención 24 horas los 7 días de la semana son para servicios “profesionales”, dijo.
“Todas las personas son atendidas por los médicos. Hay un tiempo de respuesta y un tiempo de revisión…. No, porque no es un hospital, es un centro de rehabilitación… Lo que pasa es que cuando… depende el programa que tú manejes. El profesional te pide que tengas 24/7 profesionales viviendo en la casa… varía, digo, porque no tengo los horarios de atención médica de cada de cada institución”, respondió Alexis.
Al final, el Centro Jireh, a cargo de Alexis Molina Lugo asume que sus internos y colaboradores Anthony y Antonio recuperarán su libertad; aunque asegura que ninguno de los cinco abogados que los defienden fueron proporcionados por la organización Jireh ni por Patrulla Espiritual de Jesús Ignacio Osuna, alias El Chikilín.
Prisión preventiva para dos “colaboradores”
Los dos presuntos homicidas de Richard Damián Pimentel, fueron puestos en prisión preventiva 3 de septiembre de 2026, tras determinarse su probable participación en su muerte ocurrida en las instalaciones de la clínica.
Luego del intento de cuatro abogados privados por probar la inocencia de los imputados por el delito de homicidio doloso con ventaja, tres de ellos en representación de Mario Antonio “N” y uno en representación de Anthony “N”, la juez de Control Edith Castro Ramírez determinó vincular a proceso y poner en prisión a ambos por dicho delito.
Durante la audiencia, la defensa expuso inconsistencias en los horarios señalados por diversos testigos, la posible creación de un delito para inculpar a los imputados y dudas sobre la veracidad de los testimonios, derivado de que los testigos del delito no pudieron ser localizados posteriormente dentro de las propias instalaciones.
En ese sentido, la jueza determinó ser suficientes para desvirtuar los señalamientos de la Fiscalía, por lo que consideró suficientes los elementos para establecer la probable participación de ambos imputados en el homicidio de Richard Damián.
De acuerdo con la narrativa presentada por la Fiscalía durante la audiencia, los hechos ocurrieron el viernes 21 de agosto, alrededor de las 16:30 horas, en donde Mario Antonio “N”, Anthony “N” y un tercero prófugo identificado con el apodo de “Kosala” habrían dado la orden de quienes se encontraban en el lugar de que salieran de este.
Posteriormente, Richard Damián, quien tenía apenas tres días internado por alcoholismo y se encontraba presuntamente alterado, habría sido llevado por la fuerza hacia la recámara uno para “ser apaciguado”, donde fue golpeado en 38 ocasiones, mientras gritaba: “Ayuda, me quieren matar”, de acuerdo con los testimonios expuestos durante la audiencia.
Según la Fiscalía, Anthony habría golpeado a Richard Damián en la quijada, mientras que Mario Antonio lo habría colocado boca abajo contra un colchón de una litera, ocasionándole la muerte.
Dicha narrativa fue corroborada mediante el informe de necropsia presentado por un médico legista de Servicios Periciales, quien señaló durante la audiencia que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.
Devuelta a la cronología, fue minutos después del enfrentamiento que el encargado de dicha clínica, de nombre Jesús Arce, habría dado aviso a Gerardo Alexis Molina Lugo, alias “El Padrino”, sobre el fallecimiento del interno, quien presuntamente le indicó que diera aviso a las autoridades.
Fue entonces que, posteriormente, mediante una llamada telefónica, se habría informado a la madre del interno sobre el fallecimiento de su hijo, tras lo cual arribaron las autoridades.
Fue la propia madre de Richard Damian Pimentel, quien por medio de sus redes sociales habría explicado que su hijo había sido internado por padecimiento de alcoholismo el 18 de agosto, tan solo tres días antes de su fallecimiento.
Luego de analizar los hechos, el juez de control señaló que, a pesar de la intencionalidad de los imputados por atender a Richard, consideró que hubo un uso desmedido de fuerza al golpearlo y someterlo, sin que estos trataran de impedir el sofocamiento que le ocasionó finalmente su muerte.
Ante estos hechos, la autoridad judicial determinó que las pruebas presentadas eran suficientes para vincular a proceso a Mario Antonio “N y Anthony como coautores, por su presunta participación en el homicidio
La continuación del proceso judicial de ambos imputados fue agendada para el 4 de enero del 2027, como plazo de investigación acordado por ambas partes.
Otra muerte en Jireh
El 5 de septiembre de 2026, Máximo Montero, de 50 años, falleció tras colapsar en el comedor de la Clínica de Rehabilitación Jireh, ubicada en Villa Residencial del Bosque, Tijuana. Tras desvanecerse, recibió primeros auxilios de compañeros y del enfermero Nicolás Soto Moreno de 47 años. Aunque el colaborador fue trasladado al Hospital General de Zona Este fue declarado sin vida.
Inicialmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Nicolás Soto para deslindar responsabilidades, pero fue liberado días después. Sin embargo, el fiscal regional Miguel Ángel Guerrero confirmó que las pruebas periciales y la necropsia acreditaron una muerte por causas naturales. El peritaje concluyó que el deceso se debió a una insuficiencia cardíaca derivada de su adicción a la cocaína y un cateterismo previo.
Con información de Rubén Vázquez
